La revisión propuesta por la Comisión Europea de su Ley de Ciberseguridad, presentada el 20 de enero en Estrasburgo, marca un punto de inflexión en su enfoque hacia los proveedores de tecnología chinos.

El proyecto de reglamento crea, por primera vez, un marco jurídico que faculta a la Comisión para designar "terceros países que plantean preocupaciones en materia de ciberseguridad" y clasificar a sus proveedores como entes "de alto riesgo".

Aunque el texto nunca menciona a China, Huawei o ZTE, su aplicación daría lugar a la exclusión gradual de los equipos chinos de las redes móviles, fijas y satelitales del bloque. La nueva arquitectura permite a Bruselas pasar por alto las reservas de las capitales que hasta ahora se han resistido a excluir a los proveedores chinos de sus redes.

"Es una buena medida, y ya era hora", le dijo a The Epoch Times en una entrevista. "Muchos expertos llevan tiempo argumentando, con razón, que existía un peligro al recurrir a Huawei, cuyas intenciones no son necesariamente benévolas", señaló.

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"Esta medida equivale a decirles: Se acabó el recreo, no nos engañan, váyanse a casa o cambien de actitud".

Lincot interpreta el nuevo enfoque como parte de una tendencia más amplia.

"Esta medida proteccionista forma parte del despertar de una verdadera identidad europea", dijo. "La guerra en Ucrania fue el catalizador".

El sinólogo destacó que un número creciente de Estados miembros también se está "mostrando receloso" ante el "proyecto chino", señalando que las nuevas Rutas de la Seda "no son solo un proyecto de infraestructura; también son un proyecto digital".

Europa está inmersa en una guerra económica con China, dijo Lincot.

"Nos encontramos claramente en una lógica de guerra económica con un trasfondo de fuertes rivalidades ideológicas", señaló.

En temas delicados, el principio de precaución ocupa ahora un lugar muy destacado, "y eso es una advertencia dirigida a las autoridades chinas", añadió.

La presión para excluir a los proveedores chinos se produce en un momento en que Huawei se enfrenta a las crecientes repercusiones de una investigación por corrupción en Bruselas, donde se sospecha que la empresa sobornó a miembros del Parlamento Europeo.

En caso de que Bruselas designara a China como país que plantea preocupaciones de ciberseguridad o incluyera a entidades chinas en la lista de proveedores de alto riesgo, según Beijing, China podría abrir investigaciones sobre empresas europeas y adoptar medidas recíprocas.

La comunicación de Beijing exigía la supresión de toda la sección sobre países que plantean preocupaciones de ciberseguridad, argumentando que no existían pruebas técnicas de que las empresas chinas plantearan riesgos de seguridad y que cualquier decisión basada en criterios no técnicos estaría motivada políticamente.

"La cuestión no es si excluimos tal o cual tecnología china, sino qué normas de seguridad se imponen para entrar en nuestro mercado", le dijo a The Epoch Times en una entrevista. "Esta legislación no va dirigida contra China. Se ha adoptado en beneficio de los europeos. Las empresas chinas que cumplan con las normas europeas tendrán acceso al mercado".

En su opinión, Bruselas no está haciendo más que lo que Beijing ha practicado durante décadas.

"Cuando la multinacional francesa de la distribución Carrefour quiso establecerse allí, tuvo que asociarse con una empresa local. Esa era la norma, y las empresas la respetaban para entrar en el mercado. Cuando no se cumplen las condiciones de acceso, no se entra", dijo.

Según Garnault, el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad, invocado por el Ministerio de Comercio chino, se aplica únicamente a las relaciones entre los Estados miembros de la UE.

"No tenemos derecho a discriminar a un italiano en Francia, pero no veo dónde ni cuándo la legislación europea ha establecido que no podamos discriminar a países extranjeros. Para eso sirven precisamente los aranceles y la regulación del comercio exterior", dijo.

El estratega francés se remitió al último informe anual de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI), que identifica a China como una de las principales amenazas tecnológicas patrocinadas por un Estado para las redes francesas, junto con Rusia.

Este enfoque, argumentó Garnault, permite a Bruselas construir su argumento sobre una base que es más difícil de impugnar legalmente.

"La medida no se toma contra la empresa; se toma contra un riesgo que tiene un origen geográfico. Es el riesgo el que tiene un origen geográfico, no la solución tecnológica", dijo.

Diseñar una normativa que mitigue un riesgo procedente de un país, señaló, corta de raíz el argumento de la discriminación.

"La respuesta de China fue a la vez predecible y directa", señaló. "Predecible, porque cualquier legislación que restrinja la expansión comercial tiende a desencadenar represalias. Directa, porque se basa en una exigencia de pruebas que es intrínsecamente difícil de establecer: Es poco probable que se pueda demostrar jamás que Huawei o ZTE estén explícitamente involucradas en promover los objetivos de seguridad nacional de China".

Garnault subrayó, sin embargo, que las preocupaciones europeas se basan, con razón, en la propia legislación china.

"Una ley china obliga a las empresas chinas a cooperar con el Estado, como ocurre, por cierto, en muchos otros países", dijo.

"El problema puede no ser tanto la propia empresa china como la legislación que la obliga a cooperar con los servicios de inteligencia, incluso cuando la empresa está establecida en Europa. Lo mismo ocurre con la legislación de inteligencia de EE. UU. Europa aplica su propia normativa para su mercado interno, en función de la diversidad de riesgos y amenazas. Depende de las empresas decidir si nuestro mercado justifica la inversión necesaria para cumplir con nuestras normas".

La fábrica de la multinacional tecnológica china Huawei, en Brumath, al este de Francia, el 9 de diciembre de 2025. (Sébastien Bozon/AFP vía Getty Images)

Desestimó las objeciones legales planteadas por el Ministerio de Comercio de Beijing.

Según la consultora danesa Strand Consult, los equipos de proveedores de alto riesgo, en su gran mayoría de Huawei, representaban aproximadamente el 30 % del hardware 5G instalado en Europa a principios de 2026.

En Alemania, alrededor del 59 % de las antenas 5G siguen procediendo de proveedores chinos. Pero en julio de 2024, Berlín anunció la prohibición de los componentes y tecnologías de Huawei y ZTE en todas sus redes 5G. Los productos de ambas empresas deben ser retirados progresivamente del "núcleo" de la red "a más tardar a finales de 2026", según Nancy Faeser, entonces ministra del Interior de Alemania.

Italia no ha llegado a prohibir directamente a los fabricantes chinos, sino que revisa los contratos caso por caso. En 2020, se impidió al operador de telecomunicaciones Fastweb firmar un acuerdo de 5G con Huawei.

En Francia, la ley de 2019 sobre la protección de los intereses de defensa nacional obligó a los operadores SFR y Bouygues Telecom a desmantelar miles de antenas chinas, y la cuota de mercado de Huawei cayó al 13 % en 2024. Sus ingresos en Francia se han reducido aproximadamente a la mitad desde 2019, pasando de 1400 millones de euros a 695 millones.

España ha tomado el camino opuesto. El presidente socialista Pedro Sánchez pidió en repetidas ocasiones una mayor alineación con Beijing, y su gobierno firmó un contrato de 12 millones de euros con Huawei en 2025 para almacenar datos judiciales sensibles derivados de escuchas telefónicas.

La decisión no ha pasado desapercibida en Washington. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, han instado a Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, a revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con Madrid, acusando a España de poner en peligro la seguridad de los aliados.