El presidente del Gobierno socialista español, Pedro Sánchez, presentó el 11 de marzo un nuevo sistema diseñado para analizar cómo se propaga el "discurso de odio" en las redes sociales. Según Sánchez, la herramienta rastreará la presencia, la amplificación y el impacto de estos contenidos en internet.
La nueva herramienta, llamada HODIO, acrónimo en español de Huella de Odio y Polarización, permitirá al gobierno rastrear de forma sistemática la presencia, amplificación e impacto de lo que considere discurso de odio en la red, según explicó el propio Sánchez.
La herramienta, impulsada por el Ministerio de Inclusión a través de su Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), publicará semestralmente rankings sobre la prevalencia del "discurso del odio" en las plataformas digitales.
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El gobierno, liderado por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), indicó el 11 de marzo que HODIO permitirá a los usuarios calcular y publicar "periódicamente un indicador de odio y polarización en cada red social: su prevalencia, su nivel de amplificación y su impacto".
Afirmó que utiliza un "sistema combinado de análisis que estudia el contenido público en redes sociales, identificando el odio y la polarización".
Sánchez destacó la importancia de comenzar a hablar de la "huella del odio" de la misma forma que la sociedad habla de la huella de carbono.
"Queremos empezar a hablar del impacto del odio. Cuando algo se mide, deja de ser invisible", dijo.
Los resultados de la herramienta se harán públicos, para que los ciudadanos puedan ver "quién está bloqueando este contenido, quién está mirando hacia otro lado y quién se está lucrando con él", según el presidente Sánchez.
Por su parte, Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox, criticó duramente la iniciativa, y la calificó de vigilancia gubernamental de las redes sociales.
"Está atrincherado en la censura y quiere controlar lo que dice la gente", escribió Abascal en una publicación en X el 11 de marzo.
El experto en derecho digital Borja Adsuara Varela también expresó sus dudas en una publicación del 12 de marzo en X. Señaló que no está claro quién decidiría qué constituye odio y preguntó si ese poder recaería en el gobierno.
También recordó que el artículo 20 de la Constitución Española establece que el único límite a la libertad de expresión es la ley y advirtió que la propuesta "confunde deliberadamente mensajes odiosos o ‘discurso de odio’, que no son delitos, con el ‘delito de odio’".
Sánchez presentó la herramienta en el "I Foro Contra el Odio", celebrado en Madrid el 11 de marzo, que reunió a representantes institucionales, expertos, plataformas y personas que se consideran afectadas por el discurso de odio para debatir sobre su impacto.
La directora de OBERAXE, Karoline Fernández de la Hoz, señaló: "El odio se construye y el objeto del odio se fabrica y eso se ve claramente con los datos de OBERAXE".
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La comentarista política de izquierdas Sarah Santaolalla dijo: "Soy una mujer joven. Nunca he ocultado que soy antifascista. Eso es lo que realmente les molesta".
José Luis Zimmermann, director de políticas públicas de Meta para España y Portugal, explicó que las plataformas eliminan contenidos de discurso de odio utilizando herramientas de inteligencia artificial, tecnología y moderadores humanos, algo que describió como "parte fundamental de la moderación de contenidos y clave para resolver y eliminar el discurso de odio".
El 27 de enero, España presentó una propuesta que permitiría a unas 500,000 personas sin estatus legal obtener permisos de residencia bajo un nuevo decreto administrativo, sin necesidad de aprobación parlamentaria.
Con los permisos de residencia españoles, los inmigrantes regularizados tendrían derecho a viajar dentro del espacio Schengen de la Unión Europea hasta 90 días en cualquier período de 180 días.
La ministra de Migración, Elma Saiz, explicó en rueda de prensa que podrán optar a los nuevos permisos los inmigrantes irregulares que lleven al menos cinco meses residiendo en España a finales de 2025 y que no tengan antecedentes penales.
"Una medida largamente trabajada, discutida y necesaria para dar respuesta a una realidad que se vive en nuestras calles, y que impacta en la convivencia y en la economía", afirmó en una publicación en X.
El plan también se aplicaría a los inmigrantes ilegales que solicitaron asilo antes de fin de año pero cuyas reclamaciones aún están pendientes.
Con información de Reuters.
