Un equipo técnico del FBI llegó a Cuba para llevar a cabo una investigación independiente tras el mortal tiroteo ocurrido el 25 de febrero entre soldados cubanos y diez personas a bordo de una lancha rápida matriculada en Florida en aguas cubanas.
Según la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el equipo del FBI llegó esta semana después de que 10 exiliados cubanos provocaran un enfrentamiento armado con la patrulla fronteriza cubana. El tiroteo dejó cuatro muertos y seis heridos, todos ellos ocupantes de la lancha rápida.
Cuba declaró el 5 de marzo que una quinta persona que resultó herida en el incidente falleció en el hospital.
Las autoridades cubanas afirmaron que las personas que viajaban en la lancha rápida abrieron fuego contra los soldados cubanos cuando estos se acercaban. Cuba acusó a los ocupantes de la lancha rápida de planear un atentado terrorista, y la Fiscalía cubana presentó cargos por terrorismo contra los hombres detenidos en el incidente del 25 de febrero. Dichos cargos conllevan una pena máxima de 30 años y la posibilidad de la pena de muerte.
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La última ejecución llevada a cabo en Cuba tuvo lugar en 2003. Tres hombres fueron ejecutados por cargos de terrorismo tras secuestrar un transbordador e intentar llevarlo a Estados Unidos.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que en la lancha rápida se encontraron rifles de asalto, pistolas, rifles de francotirador, equipos de visión nocturna, bayonetas, ropa de camuflaje y dispositivos de comunicación. Según Cuba, también se halló una gran cantidad de insignias de organizaciones terroristas contrarrevolucionarias.
El 27 de febrero, las autoridades cubanas publicaron una fotografía de las armas recuperadas de la lancha rápida, pero ninguna fuente independiente verificó el origen de las armas que aparecían en la imagen.
La Guardia Costera de Estados Unidos publicó el 21 de marzo en su página de Facebook una advertencia sobre la entrada en aguas cubanas.
“Entrar en aguas territoriales cubanas y regresar a Estados Unidos sin el permiso correspondiente es ilegal y se le detendrá”, declaró la Guardia Costera. “Las embarcaciones o personas que intenten entrar ilegalmente en EE. UU. por mar serán interceptadas y repatriadas a su país de origen o al país del que partieron, de conformidad con la legislación, las políticas y las obligaciones de los tratados internacionales de EE. UU.”
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El 25 de febrero, la Embajada de EE. UU. en Cuba publicó en su cuenta de X los comentarios del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre el incidente.
Rubio afirmó en ese momento que, tan pronto como Cuba informó a Estados Unidos del incidente, la Administración Trump inició una investigación en la que participaron el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera. Rubio señaló que la Embajada de Estados Unidos había solicitado acceso a las personas que se encontraban en la lancha rápida para determinar si eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Rubio afirmó que la mayoría de los datos que se estaban difundiendo habían sido facilitados por los cubanos, y añadió que Estados Unidos los verificaría de forma independiente.
Con información de Reuters.
