Cinco maneras en que Trump transformó la política de salud en su primer año de mandato

Cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo hace un año, la esperanza de vida de los estadounidenses era menor que en 2019.

Aproximadamente 38 millones de personas, o una de cada diez, padecen diabetes. Casi el 20 por ciento de los niños estadounidenses son obesos.

La cobertura médica se había vuelto cada vez más inasequible. Las primas de seguros habían aumentado al doble de la tasa de inflación durante una década, y seis veces más rápido que los ingresos reales.

Trump había señalado que la atención médica sería un objetivo principal de su segundo mandato mucho antes de las elecciones de 2024.

"Queremos que todos los niños en Estados Unidos crezcan y vivan una vida larga y saludable", declaró Trump al presentar a Robert F. Kennedy Jr., veterano defensor de la salud, a su campaña.

Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano se convirtió en el lema de la campaña junto a "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande".

"[Trump ha cumplido esa promesa] con un conjunto completo de políticas para reducir sistemáticamente los costos de la atención médica y también los servicios de salud que los estadounidenses necesitarían en primer lugar", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, a The Epoch Times por correo electrónico.

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, es cirujano cardíaco y exprofesor de la Universidad de Columbia, quien se hizo más conocido como presentador de programas de entrevistas.

El Dr. Marty Makary, designado para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), es oncólogo cirujano y exprofesor de la Universidad Johns Hopkins. Autor de libros que critican las prácticas de facturación de la atención médica y cuestionan el consenso médico sobre algunos temas.

La administración ha sido criticada por algunos y elogiada por otros por cuestionar prácticas arraigadas, como el calendario de vacunación infantil y la asignación de fondos para la investigación médica.

"Una de las medidas más importantes que estamos implementando es la capacidad de convocar, de reunir a personas que normalmente no hablarían entre sí, para determinar los pasos a seguir", declaró Oz a The Epoch Times en una entrevista exclusiva el 16 de enero.

Eso significa priorizar la conversación sobre la regulación, según Oz.

"¿Estoy intentando auditarlos y descubrir que están haciendo algo mal?", preguntó. "¿O estoy intentando decir: 'Oigan, su industria está fuera de control. Ya no están ayudando al pueblo estadounidense. Tenemos que solucionarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?"

Ese enfoque condujo a la implementación de la política de precios de medicamentos recetados de la nación más favorecida, dijo Oz.

El gobierno equilibró la amenaza de aranceles sobre medicamentos e ingredientes importados con incentivos financieros para cambiar la práctica tradicional de las grandes farmacéuticas de cobrar a los consumidores estadounidenses hasta un 400 por ciento más que a quienes viven en el extranjero.

La política de precios de medicamentos recetados de la nación más favorecida exigía a las farmacéuticas que aceptaran cuatro condiciones: ofrecer los precios más bajos disponibles a los pacientes de Medicaid, ofrecer nuevos medicamentos en Estados Unidos al precio más bajo disponible, vender algunos medicamentos directamente a los estadounidenses al precio más bajo disponible e invertir los ingresos del extranjero en Estados Unidos.

Inicialmente, las farmacéuticas se opusieron a la política.

"Importar precios extranjeros de países socialistas sería perjudicial para los pacientes y trabajadores estadounidenses", declaró Stephen Ubl, presidente de la asociación comercial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, en un comunicado.

Sin embargo, bajo la amenaza de los aranceles estadounidenses y con el apoyo de los negociadores comerciales estadounidenses, las principales compañías farmacéuticas comenzaron a llegar a acuerdos sobre el precio de sus medicamentos con la administración y a renegociarlos con otros países.

Quince farmacéuticas han aceptado los términos de la política de la Nación Más Favorecida desde el 30 de septiembre de 2025.

Entre los medicamentos incluidos en estos acuerdos se encuentran Repatha, un medicamento para reducir el colesterol de Amgen, cuyo precio se redujo de 573 a 239 dólares; Reyataz, un medicamento contra el VIH de Bristol Myers Squibb, cuyo precio se redujo de 1449 a 217 dólares; y Epclusa, un medicamento contra la hepatitis C de Gilead Sciences, cuyo precio se redujo de 24 920 a 2425 dólares.

Una crítica a esta política es que depende de la cooperación voluntaria de los fabricantes, la cual no es vinculante a futuro. Trump solicitó al Congreso que codifique esta política de precios en ley, con excepciones para los fabricantes que ya firmaron acuerdos con la administración.

Un farmacéutico ayuda a un hombre con sus medicamentos recetados en una farmacia de Nueva York el 18 de junio de 2014. (The Epoch Times).

Dieciocho estados respondieron eliminando algunos alimentos con alto contenido de azúcar y bajo valor nutricional de la elegibilidad del programa. Indiana, Iowa, Nebraska, Utah, Virginia Occidental, Idaho, Oklahoma, Luisiana, Colorado, Texas, Virginia, Florida, Arkansas, Tennessee, Hawái, Carolina del Sur, Dakota del Norte y Misuri han implementado restricciones de compra o las implementarán este año.

"Creo que es una decisión sensata desde el punto de vista nutricional, comercial y de sentido común", declaró Christy Hope, trabajadora social de Indiana, a The Epoch Times. "Los beneficios están destinados a cubrir los artículos nutricionales".

Otros cuestionaron la utilidad de las prohibiciones.

"Si empezamos a hacer una lista de [alimentos] que son buenos para las personas y cuáles no, será una lista enorme", declaró Nikhil V. Dhurandhar, catedrático de ciencias nutricionales de la Universidad Tecnológica de Texas, a The Epoch Times. "No es práctico".

Kennedy y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunciaron una revisión importante de las directrices dietéticas federales el 7 de enero.

Las nuevas directrices restan importancia a los granos y carbohidratos en favor de las proteínas y las grasas saturadas. Este cambio revirtió una política federal de larga data, criticada por expertos en nutrición durante décadas.

"Estas nuevas directrices se basan en las mejores y más fiables investigaciones sobre salud y nutrición, en particular en lo que respecta al papel de nuestra dieta en la prevalencia de enfermedades crónicas en el país", afirmó Kennedy.

Las directrices se utilizan para elaborar menús en escuelas públicas, el ejército, centros de Asuntos de Veteranos y programas federales como Head Start.

Algunos han criticado las nuevas directrices por politizar los alimentos.

Verduras expuestas en una tienda de comestibles en Delray Beach, Florida, el 15 de agosto de 2025. (Joe Raedle/Getty Images).

El calendario anterior recomendaba la inmunización contra 18 enfermedades, distribuidas en hasta 13 vacunas. Desde el nacimiento hasta los 18 años, un niño sano podía recibir hasta 49 dosis.

Las nuevas directrices, que reflejan las utilizadas en la Unión Europea, recomiendan la vacunación contra 11 enfermedades. La administración de otras vacunas queda a criterio de los padres, según las recomendaciones médicas.

Las vacunas han sido un tema de interés para Kennedy, quien fundó y dirigió Children's Health Defense (originalmente llamado Proyecto Mundial Mercurio) durante más de una década antes de unirse a la administración. Su enfoque se centra en promover estudios rigurosos para evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas.

La Academia Estadounidense de Pediatría presentó una demanda impugnando las decisiones sobre vacunas tomadas bajo el liderazgo de Kennedy y calificó las nuevas directrices de "peligrosas e innecesarias".

Kennedy defendió el cambio.

"Quienes lo deseen podrán recibir todas las vacunas que estaban en el calendario anterior", declaró Kennedy a la prensa el 7 de enero, señalando que el Programa de Vacunas para Niños y los seguros médicos seguirían cubriéndolas.

Kennedy afirmó que las nuevas directrices son similares a las utilizadas en países europeos.

"Todos esos países tienen resultados en materia de salud mucho mejores que [los Estados Unidos]", dijo.

Un trabajador del sector salud administra una vacuna contra la gripe en Coral Gables, Florida, el 15 de septiembre de 2025. (Joe Raedle/Getty Images).

La primera administración Trump impuso el requisito de que los hospitales revelaran sus precios al público. Los hospitales y las aseguradoras no han cumplido plenamente.

Trump presentó su "Gran Plan de Salud" el 15 de enero, que renueva la iniciativa de transparencia. Este exigiría a las aseguradoras de salud y a los proveedores de atención médica que publiquen sus precios y otra información, como la tasa de denegación de reclamaciones y el tiempo de espera para las decisiones de autorización previa.

"Creo que todos creemos que no tenemos la transparencia adecuada en lo que a precios se refiere", declaró Oz a la prensa el 15 de enero. "Sin ella, no se puede tener un verdadero mercado".

El 92 por ciento de los estadounidenses está a favor de exigir a los hospitales y aseguradoras que revelen los precios antes de prestar el servicio, según una encuesta realizada en 2025 por Patient Rights Advocate. Esto incluye a más del 90 por ciento de los probables votantes de ambos partidos, así como a los independientes.

Trump también ha propuesto una serie de medidas para reducir las primas de los seguros médicos, como el envío de fondos directamente a los estadounidenses de bajos ingresos para que puedan adquirir el seguro médico; la financiación de la reducción de deducibles y copagos para los usuarios de la Ley de Atención Médica Asequible; y la toma de medidas enérgicas contra las prácticas de los administradores de beneficios farmacéuticos, los intermediarios en la cadena de suministro de medicamentos recetados.

Estas empresas, que gestionan los precios de los medicamentos recetados y las reclamaciones de las aseguradoras de salud, suelen utilizar una práctica conocida como fijación de precios diferencial, que les permite negociar descuentos no revelados con las farmacéuticas que no se trasladan a los consumidores.

El Gran Plan de Salud solicita al Congreso que convierta en ley varias de las iniciativas de reducción de costos de Trump.

Un portavoz declaró a la prensa el 15 de enero que la Casa Blanca espera colaborar con los legisladores para elaborar la legislación pertinente.