El vicepresidente JD Vance declaró durante una rueda de prensa celebrada el 13 de mayo que estaba intensificando los esfuerzos para combatir el fraude en Medicaid mediante la investigación de las unidades estatales encargadas de la supervisión.

Estados como California y Hawái parecían ir a la zaga de otros en la lucha contra el fraude, dijo Vance, a quien el presidente eligió en marzo para dirigir un grupo de trabajo contra el fraude.

"Ahora bien, tenemos estados republicanos y demócratas que persiguen el fraude de forma agresiva, pero también, lamentablemente, tenemos algunos estados, en su mayoría demócratas, que no se toman muy en serio el fraude en Medicaid", afirmó.

En respuesta, Vance dijo que la administración retendría 1300 millones de dólares en pagos relacionados con Medicaid a California y que también consideraría retener fondos de otros estados.

La administración notificó a cada uno de los 50 estados mediante cartas recientes firmadas por el inspector general de Salud y Servicios Humanos, Thomas "March" Bell. Se centró en las Unidades de Control del Fraude en Medicaid (MFCU) a nivel estatal, que reciben financiación federal.

También se enviaron cartas al Distrito de Columbia, a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

"Ha quedado claro... que muchas MFCU se han contentado con embolsarse el dinero de los contribuyentes sin luchar contra el fraude", afirmó Bell en la carta. "Y durante demasiado tiempo ha habido una falta de liderazgo en el HHS que ha permitido que miles de millones de dólares de nuestros conciudadanos fluyeran hacia las capitales estatales para financiar las MFCU con el fin de, supuestamente, combatir el fraude en Medicaid sin ninguna supervisión real".

Afirmó que las unidades deben cumplir ciertos requisitos para recibir financiación. La ley federal exige que las unidades investiguen y persigan el fraude, investiguen el abuso y el abandono de pacientes en centros financiados por Medicaid y recuperen los pagos en exceso.

Las unidades deben operar en todo el estado, contratar a investigadores, auditores y abogados, y mantenerse separadas de la agencia estatal que administra Medicaid. La ley exige que las unidades posean autoridad para procesar o que coordinen formalmente con los fiscales.

Bell dijo a los fiscales generales que "su incumplimiento de sus funciones como responsables de las MFCU ha puesto en peligro todos los fondos de Medicaid de su estado".

La oficina de la fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, declaró a The Epoch Times que la administración acusó erróneamente al estado.

"Que la nueva HHS-[Oficina del Inspector General] enviara una carta de este tipo a las 53 MFCU del país, en la que se afirma que “su incumplimiento de sus funciones como director de la MFCU ha puesto en peligro todos los fondos de Medicaid de su estado", es inconcebible y está completamente desconectado del historial de rendimiento de la MFCU de Míchigan y de la ingente labor de presentación de informes que realiza nuestra oficina en cumplimiento de la supervisión del gobierno federal», declaró Danny Wimmer, secretario de prensa de Nessel, a The Epoch Times.

"Aunque algunos estados han sido señalados por el gobierno federal durante el último año por supuestos problemas de rendimiento, Míchigan nunca ha estado entre ellos.

El gobierno federal cubre la mayor parte de los costos de las MFCU de cada estado.

Por ejemplo, la unidad de la fiscalía general de Míchigan recibió una subvención federal de 5.5 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que cubre el 75 % de su financiación. El estado se hace cargo del 25 % restante, es decir, 1.8 millones de dólares.

En 2024, el costo total de todas estas unidades estatales fue de 396 millones de dólares, de los cuales 297 millones fueron sufragados por el gobierno federal.

Los casos suelen iniciarse a partir de remisiones de otras organizaciones, de terceros o de miembros del personal de la MFCU que detectan posibles fraudes mediante el análisis de datos.

El personal de la MFCU revisa las remisiones para determinar la posibilidad de un proceso penal y una acción civil. Además del fraude, también se investigan los casos de abuso y negligencia.

En 2025, aproximadamente 1 de cada 5 casos investigados por las MFCU en todo el país se referían a abuso y negligencia. Se llevaron a cabo 3019 investigaciones en todo el país sobre abuso y negligencia, en comparación con las 12,902 investigaciones sobre fraude.

Por ejemplo, la MFCU de Pensilvania investigó este año un caso relacionado con una mujer de 50 años que fue condenada por no renovar la medicación de un residente, lo que provocó una convulsión mortal en 2021.

Aproximadamente 4 de cada 10 condenas por fraude entre 2015 y 2024 involucraron a asistentes de cuidado personal, profesionales no médicos que prestan asistencia en la vida diaria a personas con discapacidades o enfermedades crónicas.

Wimmer afirmó que la unidad de Míchigan "envía cuestionarios exhaustivos y elabora informes y rendiciones de cuentas detallados sobre diversos aspectos de sus operaciones, como las labores de investigación y las operaciones fiscales".

Añadió que el HHS "lleva a cabo auditorías in situ muy exhaustivas de una semana de duración cada 5-7 años en las MFCU estatales, incluida la nuestra, para lo cual envía un equipo de aproximadamente 10 inspectores a auditar la unidad de control del fraude".

Ed Haislmaier, experto en política sanitaria de The Heritage Foundation, señaló que, aunque los proveedores con licencia estaban implicados en casos de fraude, el fraude a "escala industrial" parecía producirse con mayor frecuencia en áreas no especializadas de la asistencia sanitaria en las que no se requiere licencia profesional.

Esos sectores solían incluir a proveedores que podían recibir la aprobación para obtener financiación gubernamental sin someterse a comprobaciones de antecedentes.

Durante su rueda de prensa, señaló que Indiana tenía muchos más procesos judiciales que Nueva York.

Vance afirmó que era "absurdo" pensar que los habitantes de Indiana fueran simplemente más propensos a cometer fraude en Medicaid que los de Nueva York.

"Lo que está ocurriendo es que los dirigentes de Nueva York simplemente no se están tomando en serio el problema del fraude", dijo Vance. "No están utilizando estas unidades de control antifraude para investigar y procesar realmente los casos de fraude".

La oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no respondió a un correo electrónico en el que se le pedían comentarios.

Los datos del HHS revelaron que Indiana tuvo 951 investigaciones en el año fiscal 2025, con 42 acusaciones y 32 condenas.

California, uno de los principales objetivos de la administración Trump, tuvo 1052 investigaciones, con 83 acusaciones y 43 condenas.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, criticó a Vance en las redes sociales.

La oficina de Newsom afirmó que los servicios de asistencia a domicilio han crecido porque California mantiene a las personas mayores y a las personas con discapacidad fuera de las residencias de ancianos, que son más caras: el costo de una residencia era de 137,000 dólares al año, frente a los 30,000 dólares al año de los servicios de asistencia a domicilio.

Newsom afirmó que este enfoque ahorraba dinero a los contribuyentes.

La unidad de investigación de Medicaid de Hawái llevó a cabo un total de 484 investigaciones en el año fiscal 2025, pero no se produjo ni una sola acusación ni condena, según datos federales.

Los datos estatales de Hawái mostraron que, entre 2021 y 2025, el estado llevó a cabo un total de 2779 investigaciones por fraude y abuso que dieron lugar a solo cinco condenas. Todas ellas se denunciaron en 2021. Eso significaría que Hawái ha llevado a cabo 2.104 investigaciones por fraude y abuso entre 2022 y 2025 sin una sola condena.

La fiscal general de Hawái, Anne López, rechazó la caracterización de Vance de que su estado no se toma en serio el fraude.

"Nuestra Unidad de Control del Fraude en Medicaid ha conseguido o ayudado a conseguir más de 14 millones de dólares en sentencias, acuerdos y recuperaciones desde 2021, ha presentado recientemente cargos penales y está colaborando activamente con socios federales y estatales para reforzar las investigaciones y los procesos judiciales", afirmó López en un comunicado de prensa.

"Acogemos con satisfacción la rendición de cuentas, pero no permitiremos que se tergiverse el trabajo de esta unidad como si no hiciera nada".