El 5 de febrero, un juez federal impidió temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizar la información de los contribuyentes facilitada por el IRS con fines de control de la inmigración.
La juez federal de distrito Indira Talwani, de Massachusetts, prohibió al DHS y a una de sus agencias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cumplir los acuerdos interinstitucionales por los que el IRS comparte con el DHS y el ICE información de los contribuyentes, como sus direcciones.
La demanda, conocida como Community Economic Development Center of Southeastern Massachusetts v. Bessent, fue presentada por cuatro organizaciones comunitarias del estado de Massachusetts.
La medida cautelar preliminar seguirá vigente mientras se desarrolla el litigio en la corte.
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En su opinión escrita, la jueza determinó que los grupos comunitarios han demostrado que existe una "alta probabilidad de que el manejo, uso y almacenamiento de las direcciones de los contribuyentes por parte del ICE haya violado y continúe violando la Sección 6103 [del Código de Rentas Internas] y, por lo tanto, la [Ley de Procedimiento Administrativo]".
La ley es un estatuto federal promulgado en 1946 que regula los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes. El senador Pat McCarran (demócrata por Nevada) dijo en ese momento que la ley era "una carta de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos están controlados o regulados de una forma u otra por agencias del gobierno federal".
Talwani dijo que el Código de Rentas Internas, también conocido como código tributario, proporciona "fuertes protecciones de privacidad" para la información de los contribuyentes obtenida por el IRS y permite que la agencia fiscal divulgue dicha información "en relación con asuntos penales no tributarios solo cuando se vea obligada por importantes garantías procesales".
La sección 6103 del código tributario permite la divulgación a las agencias estatales responsables de la administración tributaria, a la Administración del Seguro Social para cumplir con sus responsabilidades en virtud de la Ley del Seguro Social, a los representantes de quienes se enfrentan a una auditoría o cuando lo ordene una corte.
Talwani dijo que el IRS y el ICE firmaron un memorando de entendimiento y un acuerdo de aplicación en abril de 2025 para llevar a cabo la directriz del presidente Donald Trump de que el DHS "tome medidas inmediatas para identificar, excluir o expulsar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos".
El 5 de junio, el ICE envió una solicitud de registros de 7.6 millones de personas al IRS, que este rechazó porque no cumplía los requisitos de divulgación del código tributario. El 24 de junio, el ICE envió una solicitud de registros de 7.3 millones de personas, que el IRS también rechazó por la misma razón, según el juez.
El 27 de junio, el ICE solicitó al IRS los registros de 1.2 millones de personas. Después de que el IRS descartara a los contribuyentes que no habían superado en más de 90 días el plazo de una orden de deportación definitiva, el IRS proporcionó los registros de unos 47,000 contribuyentes no ciudadanos, dijo Talwani.
El juez sugirió que el ICE había extraído datos de los archivos del IRS para encontrar personas a las que el ICE pudiera perseguir para aplicar la ley de inmigración.
En lugar de iniciar una investigación penal y luego determinar que se necesitaba información sobre los contribuyentes y solicitar esos datos al IRS, el ICE solicitó las direcciones de los contribuyentes "y luego intentó determinar cuáles de esos contribuyentes podrían haber infringido una ley penal", dijo.
Talwani también expresó su preocupación por la posibilidad de que se identificara erróneamente a algunas personas y que esta posibilidad, junto con la posición legal del DHS de que se puede registrar a los no ciudadanos sin una orden judicial, pudiera dar lugar a abusos.
Estas consideraciones llevaron a la corte a concluir que "el interés público no se ve favorecido por el uso que hace el ICE de la información confidencial de los contribuyentes proporcionada, a pesar de que el ICE no ha cumplido con los procedimientos exigidos por la ley para obtener dicha información", dijo.
Otros jueces federales han emitido fallos contradictorios sobre si el IRS puede compartir los datos de los contribuyentes con fines de control de la inmigración.
El 12 de mayo de 2025, el juez federal de distrito Dabney Friedrich, del Distrito de Columbia, se negó a prohibir al IRS compartir con el DHS los datos de los contribuyentes que se enfrentan a una investigación penal.
Friedrich consideró que el memorando de entendimiento entre el IRS y el DHS no violaba ningún requisito de intercambio de datos establecido en el Código de Rentas Internas.
Por el contrario, el 21 de noviembre de 2025, la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, con sede en Washington, prohibió temporalmente al IRS compartir datos de contribuyentes con el DHS y sus agencias, a menos que la divulgación de esa información estuviera permitida en virtud del artículo 6103. El caso se conoce como Center for Taxpayer Rights v. IRS.
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Kollar-Kotelly afirmó que los demandantes "han demostrado una probabilidad sustancial" de que el acuerdo interinstitucional que permite el intercambio de información sea "ilegal en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo".
El gobierno federal apeló la sentencia el 13 de enero de este año ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
El 21 de enero, Kollar-Kotelly aceptó una moción con el consentimiento de las partes para suspender el caso que tenía ante sí hasta que la corte de circuito dictara sentencia. Dejó la suspensión en vigor por el momento.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia, que representa a las agencias federales en los tribunales, para recabar sus comentarios sobre la sentencia de Talwani. No se recibió ninguna respuesta antes de la publicación.
