El miércoles, un juez federal bloqueó una iniciativa política de la administración Trump para reconsiderar la situación legal de los aproximadamente 5600 refugiados legales que viven en Minnesota.
En una orden judicial, el juez federal de distrito John Tunheim, con sede en Minneapolis, concedió temporalmente una solicitud de demanda colectiva para bloquear la iniciativa política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denominada "Operación de reverificación e integridad de los refugiados tras su admisión" u "Operación PARRIS".
Dicha operación fue anunciada por el DHS a principios de este mes, y el DHS la caracterizó como "una iniciativa de gran alcance que reexamina miles de casos de refugiados mediante nuevas verificaciones de antecedentes".
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Según la ley, un refugiado admitido legalmente debe someterse a un proceso adicional para obtener la condición de residente permanente legal en los Estados Unidos. La operación del DHS, según la orden judicial, se refiere a aquellos refugiados que aún no se convirtieron en residentes permanentes legales.
En una demanda, cinco personas anónimas, junto con el grupo activista The Advocates for Human Rights, alegaron que, como parte de la operación, el DHS había "implementado una práctica de arresto y detención, sin notificación ni orden judicial, de personas previamente seleccionadas y admitidas en Estados Unidos como refugiados".
Nombran como demandados a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria del DHS Kristi Noem, junto con otras personas del DHS.
En su fallo inicial, Tunheim expresó sus dudas sobre la legalidad de la política de la administración. Escribió que los refugiados son sometidos a un exhaustivo proceso de selección por parte de múltiples organismos gubernamentales para entrar en Estados Unidos, y citó las restricciones legales para arrestar o deportar a los refugiados que aún no obtuvieron la residencia permanente legal.
La orden de restricción temporal concede dos mociones solicitadas por los demandantes.
La primera prohíbe al gobierno "arrestar o detener a cualquier miembro de la clase putativa [refugiados sin residencia permanente legal] en Minnesota por el hecho de ser refugiados que aún no obtuvo la residencia permanente legal".
También ordena "el regreso inmediato y la liberación de los miembros de una subclase putativa formada por aquellos refugiados que se encuentran actualmente detenidos en virtud de la política".
Tunheim dijo que la orden de restricción temporal permanecería en vigor hasta que pudiera pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca para Política, Stephen Miller, escribió en una publicación en X en respuesta a la sentencia: "El sabotaje judicial de la democracia es interminable".
En la orden judicial, Tunheim escribió: "Este caso supone un cambio radical en el trato que los demandados dan a las personas que fueron admitidas en Estados Unidos como "refugiados", sustituyendo la política anterior de la agencia por detenciones y arrestos abruptos, a menudo sin orden judicial ni notificación".
Tunheim citó los estatutos legales relacionados con el asunto en cuestión y escribió: "El Congreso impuso restricciones a la autoridad del gobierno para iniciar procedimientos de expulsión" después de que una persona haya obtenido el estatus de refugiado o de residente permanente legal.
Concretamente, la ley impide que se apliquen los criterios de "inadmisibilidad" a quienes ya fueron admitidos, a menos que no fueran elegibles en el momento de la admisión. En su lugar, el DHS debe utilizar los criterios de "deportabilidad" establecidos por la ley, que establecen delitos específicos y otros criterios que hacen que una persona sea susceptible de ser deportada.
"La orientación tradicional de la agencia ICE fue que el hecho de no obtener la condición de [residente permanente legal], por sí solo, no es motivo de expulsión ni constituye una "base adecuada para detenerlos", escribió Tunheim.
La orden de Tunheim es temporal y podría reducirse en su alcance o modificarse más adelante. Si el tribunal falla en contra de la administración, esta podría apelar la sentencia en una corte superior.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
Con información de Reuters.
