Un ciudadano estadounidense naturalizado y exoficial de la Policía Nacional de Haití se declaró culpable de contrabando de al menos 140 armas de fuego hacia Haití.
Jean Robert Casimir, de 53 años, de Lauderhill, Florida, se declaró culpable el martes 4 de agosto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia de los cargos de conspiración, contrabando y violación de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones.
Según los expedientes de la corte, Casimir admitió haber participado en una amplia operación de tráfico de armas de fuego desde 2020.
Fue detenido el 16 de diciembre de 2024 en Lauderhill y acusado formalmente el 23 de enero de 2025. Su sentencia está programada para el 4 de diciembre.
Casimir declaró ante la corte que, desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2024, exportó ilegalmente armas de fuego desde Estados Unidos a Haití sin la licencia requerida por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.
Explicó a la corte que compró las armas para su empresa de seguridad, la cual contrata a oficiales de la Policía Nacional de Haití fuera de servicio para brindar seguridad armada a las personas que visitan la isla.
Según una declaración jurada de la orden de aprehensión, los investigadores de Seguridad Nacional vieron fotografías de armas de fuego utilizadas por pandillas haitianas en las que se veían claramente los números de serie. La declaración jurada indicaba que se rastreó el origen de las armas hasta compras legales que Casimir realizó en una tienda de armas de Florida en 2020.
Casimir negó haber vendido armas a miembros de pandillas. Dijo que las armas le fueron robadas a uno de sus empleados durante un asalto.
Para contrabandear las armas de fuego, Casimir y sus cómplices las desarmaron, las envolvieron en un material aislante de espuma y las sellaron dentro de compresores de aire industriales que habían cortado y vuelto a soldar. Enviaron los compresores de aire a Haití desde Miami.
Agentes de policía armados fuera de servicio se ponen a cubierto durante un intercambio de disparos con soldados del ejército mientras protestan por el salario y las condiciones laborales de la policía en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de febrero de 2020. (Dieu Nalio Chery/Foto AP)La investigación fue un esfuerzo conjunto de la Oficina Local del FBI en Miami, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C., y la HSI en Miami, con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
El caso está siendo procesado por fiscales federales del Distrito de Columbia y de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), con la colaboración de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Según un comunicado de prensa del DOJ, el caso forma parte de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) para eliminar a los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero.
"A través de una colaboración interinstitucional sin precedentes, el HSTF canaliza todo el poder de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos hacia la identificación, investigación y enjuiciamiento de toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones", señala el comunicado de prensa.
Según datos publicados por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se estima que hay entre 270,000 y 500,000 armas ilegales en circulación en Haití, a pesar de que el país no fabrica armas ni municiones.
Haití ha estado plagado de pandillas armadas y grupos de autodefensa durante más de una década.
La corrupción política y los desastres naturales han desestabilizado al país. Mientras el gobierno luchaba por hacer frente a las crisis, poderosas pandillas tomaron el control de diversas zonas, incluida la capital, Puerto Príncipe.
Solo en 2024, más de 5600 personas perdieron la vida debido a actividades relacionadas con las pandillas, según la ONU.
