Autoridades mexicanas arrestaron en Mazatlán, Sinaloa, a dos ciudadanos estadounidenses requeridos por la justicia de Estados Unidos con cargos vinculados al narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Los detenidos fueron identificados como Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”, informó el 20 de enero el gabinete de seguridad en un comunicado. La detención ocurrió como resultado de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.
De acuerdo con las autoridades, ambos detenidos eran buscados por autoridades del estado de Montana por su presunta participación en una conspiración "para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional".
Las autoridades señalaron que el arresto derivó de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, lo que, dice el Gabinete de Seguridad, refuerza la cooperación internacional y contribuye a la seguridad de ambos países.
El anuncio se dio horas después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara sobre el traslado a Estados Unidos de 37 personas detenidas, consideradas por el gobierno mexicano como una amenaza significativa para la seguridad por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales y varios cárteles del narcotráfico con sede en el país.
García Harfuch precisó que dichos traslados se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo esquemas de cooperación bilateral. En un mensaje difundido el 20 de enero, informó que el procedimiento se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional.
Según el funcionario, el traslado respondió a solicitudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluyó el compromiso de no aplicar la pena de muerte a las personas entregadas. Los reos fueron enviados a distintas ciudades estadounidenses, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Con esta operación, el gobierno federal contabiliza 92 personas consideradas criminales de alto impacto trasladadas a Estados Unidos durante la actual administración. Se trata de la tercera entrega de gran escala desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia en octubre de 2024, tras dos procesos similares realizados en 2025, en un contexto de presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha cuestionado los esfuerzos de México en el combate a los cárteles del narcotráfico.
"Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, entre los que se incluyen terroristas del Cártel de Sinaloa, CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en suelo estadounidense", afirmó la fiscal general Pamela Bondi, según un comunicado publicado este 21 de enero por el Departamento de Justicia.
"Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y haremos justicia de forma rápida y exhaustiva a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que llevan años atacando al pueblo estadounidense", agregó.
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