El Departamento de Justicia (DOJ) publicó el 30 de abril un informe de 500 páginas en el que se detallan los supuestos prejuicios anticristianos por parte de la administración Biden.
Según el informe del Grupo de Trabajo del DOJ para Erradicar los Prejuicios Anticristianos, los procesos judiciales, las políticas y las prácticas de la anterior administración constituyeron un sesgo en múltiples agencias, de acuerdo con las prioridades de la administración.
El grupo de trabajo está presidido por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
"Ningún estadounidense debería vivir con el temor de que el gobierno federal le castigue por su fe", afirmó Blanche. "Tal y como expone nuestro informe, las acciones de la Administración Biden devastaron las vidas de muchos estadounidenses cristianos".
Historias relacionadas
Alrededor de 200 páginas del informe están dedicadas a las acciones de más de 17 agencias federales que sacaron a la luz presuntos casos de discriminación religiosa. La investigación incluyó un análisis de debates internos y expedientes de casos, así como de decisiones de la fiscalía.
Se incluyeron detalles de un memorándum del FBI de 2023, posteriormente retirado, sobre los católicos "tradicionalistas radicales", que citaba al Southern Poverty Law Center.
La revisión también enumeraba las regulaciones de la era Biden sobre el aborto, la anticoncepción, el género y la sexualidad humana, entre otras cuestiones que enfrentaron al gobierno con los grupos religiosos.
El informe también toma nota de la interpretación que hizo la Administración Biden de la sentencia de la Corte Suprema de 2019 en el caso Bostock contra el condado de Clayton, que condujo a decisiones basadas en lo que el informe de la Administración Trump denominó "discriminación por motivos de sexo en escuelas y deportes financiados con fondos federales".
Según el informe del Departamento de Justicia, la administración anterior utilizó al FBI, al IRS, al Departamento de Educación, al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a otras agencias para vigilar, investigar y ejercer presión sobre diversos grupos cristianos a nivel federal.
El grupo de trabajo actual del Departamento de Justicia se formó de conformidad con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 6 de febrero de 2025, titulada "Erradicación del sesgo anticristiano".
El presidente ordenó a múltiples agencias que investigaran lo que él denominó un "patrón atroz de perseguir a cristianos pacíficos, mientras se ignoraban los delitos violentos y anticristianos".
Historias relacionadas
Respuesta contradictoria
Este es un "Departamento de Justicia muy diferente... al de la administración anterior", afirmó Neama Rahmani, exfiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers."La conclusión del informe, al menos desde el punto de vista de la aplicación de la ley, fue que... la ley federal se utilizó de manera desproporcionada para procesar a cristianos provida y de otras tendencias bajo la administración Biden", declaró a The Epoch Times.
Sin embargo, Rahmani, que trabajó en el Departamento de Justicia entre 2009 y 2012, señaló que, aunque las políticas cambian, no ha observado un "sesgo sistemático a favor o en contra" de ningún grupo religioso concreto.
"No veo necesariamente... [que] los activistas cristianos de este país estén recibiendo penas de prisión más largas por actos violentos, en comparación con, ya sabes, los musulmanes u otros grupos religiosos".
Según Andrea Picciotti-Bayer, directora del Conscience Project, el informe "denuncia el descarado ataque contra la libertad religiosa por parte de la anterior administración por lo que fue: un incumplimiento del deber constitucional y legal".
Picciotti-Bayer afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que la administración Biden hizo caso omiso de las "garantías fundamentales" de la Primera Enmienda y la legislación federal sobre derechos civiles, y trató "las objeciones religiosas sinceras como obstáculos que superar, procesando la oración pacífica, pisoteando los derechos de los padres y arrollando los derechos de conciencia".
La Alianza Interreligiosa, sin embargo, cuya misión es "desafiar el nacionalismo cristiano y el extremismo religioso", respondió al informe del Departamento de Justicia afirmando que su grupo se ha "opuesto sistemáticamente a la labor de este 'grupo de trabajo'". Acusó al Departamento de Justicia de intentar "socavar la libertad religiosa de los estadounidenses y los derechos de la Primera Enmienda".
Informe anterior
Este informe llega apenas unas semanas después de un informe de 800 páginas del departamento, en el que se detalla la "militarización" de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE), que señalaba supuestos problemas de fiscalización, actividades de vigilancia llevadas a cabo por grupos proaborto e incumplimientos de la ley federal.El Departamento de Justicia de Biden no aplicó la ley de manera equitativa, según el informe del 14 de abril.
El grupo de trabajo de la Administración Biden trató a los grupos provida de forma diferente a los grupos proaborto, poniendo de manifiesto una coordinación desproporcionada con estos últimos que, según el informe, indicaba parcialidad y extralimitación fiscal.
En su declaración, Picciotti-Bayer afirmó: "La libertad religiosa no es una cortesía que el gobierno concede, sino un control legal sobre lo que el gobierno puede hacer. Es reconfortante ver que hoy se reconoce eso".
