El sistema judicial federal de Estados Unidos dictó algunas sentencias históricas para la gente en 2025, pero muchas cuestiones jurídicas siguen sin respuesta, ya que los jueces se ven desbordados por la avalancha de litigios que impugnan las políticas del presidente Donald Trump.
En su segundo mandato, Trump ha llevado a cabo una ambiciosa agenda en materia de gasto, diversidad, género, reducción de la plantilla federal e inmigración, entre otras cosas.
Esos cambios han planteado importantes cuestiones constitucionales que han dado lugar, o es probable que den lugar, a sentencias históricas.
A los pocos meses del inicio del segundo mandato de Trump, cientos de casos judiciales provocaron un aumento de los obstáculos a la acción ejecutiva y una oleada de decisiones judiciales de emergencia que han llevado a muchos a cuestionar la discrecionalidad de la Corte Suprema.
Hasta ahora, los magistrados han examinado más de 20 recurso de apelación de emergencia y han celebrado tres vistas orales sobre importantes impugnaciones a las políticas de Trump, entre ellas los aranceles, el despido de empleados y las medidas cautelares a nivel nacional.
Mientras tanto, las batallas judiciales que se han desatado han provocado tensas confrontaciones con los jueces federales y han reavivado el debate sobre hasta qué punto el tercer poder del Estado puede frenar al segundo.
Inmigración
Quizá la principal prioridad política de Trump, la inmigración, ha sido el punto focal de estas tensiones, poniendo a prueba no solo los parámetros establecidos por el Congreso, sino también la forma en que el poder judicial puede hacerlos cumplir.En junio, las restricciones de Trump a la ciudadanía por nacimiento llevaron a la Corte Suprema a debilitar la práctica tradicional, pero controvertida, de los jueces de emitir bloqueos generales —también conocidos como mandamientos judiciales a nivel nacional— sobre las políticas de los presidentes.
Esa decisión y otras relacionadas con Trump amplificaron las tensiones entre los jueces y con el presidente; cada parte acusaba a la otra de sobrepasar su autoridad y perturbar la separación de poderes de la nación.
En un intercambio particularmente tenso, la jueza Ketanji Brown Jackson acusó a la jueza Amy Coney Barrett y a los demás conservadores de socavar el estado de derecho.
En una respuesta mordaz, la mayoría dijo que Jackson estaba defendiendo una visión de las medidas cautelares que "contradice más de dos siglos de precedentes, por no hablar de la propia Constitución".
Barrett, que publicó un libro en septiembre, sostuvo que respetaba a Jackson.
También surgieron declaraciones acaloradas en los casos que impugnaban el intento de Trump de deportar a miembros de pandillas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Después de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueara esas deportaciones en marzo, Trump pidió la destitución de este y otros jueces.
Esto pareció provocar una inusual respuesta del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien advirtió contra la destitución por fallos judiciales.
Los meses siguientes fueron testigos de tensos intercambios entre los jueces federales y el Departamento de Justicia, que se enfrentó a una posible desobediencia por parte de Boasberg y la jueza federal de distrito Paula Xinis.
Xinis fue la jueza de Maryland que ordenó el regreso de un deportado, Kilmar Abrego García, a pesar de la afirmación de la administración de que estaba invadiendo su autoridad en materia de asuntos exteriores.
Mientras tanto, la administración ha presentado una denuncia formal contra Boasberg en el Circuito de Washington D. C., que también está revisando si se extralimitó en su autoridad al investigar un posible desacato.
Cuestiones sociales
En una audiencia celebrada en febrero, la jueza federal de distrito Ana Reyes presionó a la administración por su intento de prohibir el ingreso al ejército de soldados con disforia de género.Esto llevó al Departamento de Justicia a presentar una denuncia formal, que fue desestimada en septiembre.
A pesar de ello, los conflictos de Reyes con la administración parecen estar lejos de terminar.
Después de que ella bloqueara la prohibición de ingreso al ejército, la administración logró obtener un alivio temporal gracias a un fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D. C.
En nombre de la mayoría, el juez del Circuito de Estados Unidos Gregory Katsas indicó que el bloqueo de Reyes entraba en conflicto con al menos dos decisiones recientes de la Corte Suprema.
Entre las muchas victorias de Trump en la agenda de emergencia de la Corte Suprema se encontraba una suspensión temporal de la decisión de otro juez de bloquear su política sobre los soldados.
Aunque la corte ha estado elaborando su enfoque sobre las cuestiones de género, esa decisión y otra —en el caso Estados Unidos contra Skrmetti— citada por Katsas proporcionaron apoyo legal a la posición de los republicanos.
En junio, la Corte Suprema dio una victoria a los conservadores sociales al confirmar la prohibición de Tennessee de ciertas intervenciones médicas relacionadas con el género para menores.
Otras decisiones permitieron a los estados una mayor flexibilidad en la regulación de la pornografía y la retirada de fondos a Planned Parenthood.
El alto tribunal aún no ha dictado sentencias definitivas sobre las políticas de Trump relativas a la "atención sanitaria de reafirmación de género", la financiación de Planned Parenthood y los programas de diversidad, equidad e inclusión.
Sin embargo, sus decisiones sobre los asuntos urgentes han indicado que Trump tiene ventaja al menos en algunas de esas cuestiones.
Autoridad ejecutiva
Una de las principales formas en que Trump ha promovido los valores socialmente conservadores es mediante intentos de retirar la financiación a organizaciones que realizan determinadas actividades.Esos esfuerzos por retirar la financiación se extendieron a otras cuestiones, como las subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).
Mientras que los tribunales inferiores cuestionaron si Trump está invadiendo la potestad del Congreso en materia presupuestaria, la Corte Suprema ha indicado que muchas de las impugnaciones legales ni siquiera se presentaron en el tribunal adecuado.
La mayoría del tribunal permitió la orden de un tribunal inferior que exigía el desembolso de miles de millones en ayuda exterior.
Esto provocó una enérgica disidencia del juez Samuel Alito, quien, junto con el juez Clarence Thomas, emitió críticas a las decisiones de sus colegas de bloquear algunas de las deportaciones de Trump.
Se reveló una mayor tensión en las disidencias de los tres jueces liberales cuando el tribunal detuvo los bloqueos de algunas de las políticas de Trump.
La jueza Elena Kagan, por ejemplo, sugirió que la Corte Suprema estaba abusando de la lista de casos de emergencia al ignorar los precedentes en una fase más preliminar del litigio.
Uno de esos casos se refería a la decisión de Trump de despedir a Rebecca Slaughter, miembro de la Comisión Federal de Comercio, sin respetar los límites establecidos por el Congreso que había confirmado un precedente del Tribunal Supremo de hace 90 años.
El caso de Slaughter fue objeto de un debate oral en diciembre, cuando los jueces parecían dispuestos a revocar ese precedente histórico, conocido como Humphrey's Executor vs United States.
