Mientras China se enfrenta a una prolongada desaceleración económica, el Partido Comunista Chino (PCCh) está dando cada vez más prioridad a la seguridad política y al control social frente al crecimiento económico, lo que supone un cambio significativo con respecto al modelo centrado en el desarrollo que definió gran parte del auge del país durante las últimas dos décadas.
Aunque Beijing sigue haciendo hincapié públicamente en los objetivos de crecimiento económico, las recientes medidas políticas, los cambios normativos y las prioridades del régimen sugieren que las consideraciones de seguridad nacional están prevaleciendo sobre la expansión del mercado, el desarrollo del sector privado y la participación internacional, según los analistas con los que ha hablado The Epoch Times.
Este cambio se hizo más evidente en los últimos meses, a medida que el régimen ampliaba las restricciones que afectan a las empresas tecnológicas, la inversión en el extranjero, la difusión de información, el ejército y las empresas privadas.
Las medidas reflejan lo que algunos analistas describen como una tendencia más amplia en la que la actividad económica se considera cada vez más desde la perspectiva de la seguridad nacional.
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“Centrados en capturar espías”
Desde que el líder chino Xi Jinping asumió el poder en 2012, las referencias a la “seguridad” han cobrado cada vez más protagonismo en todo el marco político de China. La seguridad nacional, la seguridad económica, la seguridad financiera, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad de la cadena de suministro, la seguridad de los datos y la estabilidad social se han ido incorporando gradualmente a un enfoque de gobernanza unificado.Los acontecimientos recientes sugieren que esta tendencia continúa.
Las nuevas interpretaciones judiciales que entraron en vigor el 1 de mayo han suscitado también la preocupación de que los empresarios privados, las empresas extranjeras y los ejecutivos empresariales se enfrenten a riesgos legales y normativos cada vez mayores.
Varios analistas residentes en China hablaron con The Epoch Times bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Un profesor jubilado de la provincia de Anhui declaró a la publicación que cree que las prioridades del régimen han cambiado de forma decisiva.
“Todos los indicadores económicos muestran que ya no se centran en el desarrollo de la economía”, afirmó. “En su lugar, se centran en la captura de espías y en hacer frente a lo que denominan factores desestabilizadores. En opinión del PCCh, la política prevalece sobre todo lo demás. En comparación con las prioridades políticas, el desarrollo económico ha pasado a un segundo plano".
Durante más de dos décadas, el modelo económico de China se basó en gran medida en la promoción inmobiliaria, el gasto en infraestructuras, el crecimiento de las exportaciones, la urbanización y la expansión del sector privado. El rápido crecimiento económico contribuyó a elevar el nivel de vida y sirvió como fuente clave de legitimidad política para el partido gobernante.
Sin embargo, según el profesor jubilado, la orientación política comenzó a cambiar hace años y se aceleró tras las enmiendas constitucionales aprobadas durante el XIX Congreso del PCCh, que eliminaron los límites al mandato del líder del PCCh y consolidaron la autoridad de Xi.
“El PCCh recurrió cada vez más a fusiones, adquisiciones y organizaciones del Partido dentro de las empresas privadas para ampliar su influencia sobre las empresas”, afirmó. “Tras los confinamientos por la pandemia, se intensificó la presión sobre las grandes empresas privadas.”
El profesor jubilado denunció que el régimen utilizó investigaciones fiscales y presiones normativas para aumentar la influencia del Estado sobre las empresas privadas de éxito.
El 1 de junio, el Consejo de Estado de China publicó nuevas normas que regulan la inversión en el extranjero, endureciendo los controles sobre la transferencia de capital, tecnología, datos y servicios al extranjero, según informó la agencia estatal china de noticias Xinhua a través del Ministerio de Comercio. Al día siguiente, la Administración del Ciberespacio de China introdujo nuevas normas que regulan la distribución de contenidos en línea entre plataformas, sometiendo a un escrutinio regulatorio nuevas formas de intercambio de información, según informó el medio estatal chino Diario del Pueblo.
Las nuevas normas del Consejo de Estado sobre inversiones en el extranjero, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio, ofrecen ejemplos claros del enfoque centrado en la seguridad de Beijing.
En virtud de estas normas, se prohíbe a los inversores chinos que realicen inversiones en el extranjero exportar o utilizar bienes, tecnologías, servicios y datos relacionados cuya exportación esté prohibida. Las tecnologías, los servicios y los datos restringidos no podrán transferirse al extranjero sin la aprobación del gobierno.
Las normas también prohíben la transferencia de tecnologías y datos controlados a través de canales como el empleo en el extranjero, la orientación técnica, las asignaciones de personal y los programas de formación llevados a cabo en el extranjero.
El PCCh presenta estas medidas como necesarias para proteger los intereses y la seguridad nacionales. Los críticos, sin embargo, sostienen que las normas podrían limitar aún más la actividad del sector privado y la cooperación empresarial internacional.
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“Preservar el régimen”
Un investigador independiente de la provincia de Shanxi declaró a The Epoch Times que cree que los gobiernos locales de China se centran cada vez más en mantener la estabilidad política.“Hablan de la gobernanza de base como si fuera en beneficio de la gente común, pero en realidad se trata de reforzar el control y preservar el régimen”, afirmó.
Según el investigador, a los funcionarios locales se les está encomendando la implementación de sistemas de gestión social cada vez más detallados, que incluyen programas de mantenimiento de la estabilidad, mecanismos de rendición de cuentas y redes de alerta temprana diseñadas para identificar posibles fuentes de malestar social.
“Las responsabilidades asignadas a los funcionarios de base son cada vez más específicas, y su desempeño se evalúa periódicamente”, señaló.
El académico argumentó que los dirigentes chinos consideran ahora la gestión económica como parte de un marco de seguridad más amplio.
“Cuando abordan cuestiones económicas, la primera pregunta ya no es si una política mejora la eficiencia económica”, afirmó. “La pregunta es si puede controlarse y si supone un riesgo para la estabilidad política.”
Advirtió de que ese enfoque podría agravar las tensiones entre el Estado y los empresarios privados en un momento en que la economía china sigue enfrentándose a una débil demanda de consumo, una prolongada recesión del sector inmobiliario y una creciente carga de deuda de los gobiernos locales.
Con información de Zhou Yu.
