Opinión:
Un cartel en una cafetería local me llamó la atención. "El abuso", decía, no debe limitarse a la violencia física o sexual. Más bien, se extiende a otros ámbitos, como el tecnológico, el financiero y el espiritual.
Por supuesto, nadie duda de que los seres humanos tienen formas ingeniosas de comportarse mal en cualquier ámbito de la vida que se nos ocurra. Un cónyuge que controla las finanzas familiares con una rigidez poco generosa, un compañero de trabajo que utiliza la tecnología para excluir a otros de las decisiones y una pareja que trata las obligaciones compartidas con una negligencia habitual pueden estar comportándose mal. Se trata de fallos de juicio, de carácter o de consideración.
Esos comportamientos pueden frustrar, decepcionar o incluso minar la confianza. Pero no son, sin matices, formas de abuso, y calificarlos como tales supone difuminar las distinciones que exige la claridad moral. Cuando todo se denomina abuso, la palabra pierde su peso moral, y cuando eso ocurre, quienes sufren un abuso real no se ven mejor atendidos, sino que quedan silenciosamente ocultos.
El daño adopta múltiples formas, y un vocabulario moral exige que hagamos distinciones siempre que sea posible. Si los términos que utilizamos para identificar el daño se desvinculan de sus fundamentos, nuestra capacidad de juicio se debilita. El resultado no es una mayor sensibilidad hacia quienes sufren un verdadero abuso, sino un aplanamiento moral en el que todas las formas de incomodidad parecen igualmente urgentes.
Historias relacionadas
En ningún ámbito es más evidente esta inflación verbal que en la educación superior. La universidad moderna, que antes se entendía como un lugar donde los jóvenes se iniciaban en una exigente herencia intelectual, ha adoptado cada vez más un modelo terapéutico junto con su vocabulario correspondiente. Ya no se dice que los estudiantes se enfrentan al desafío de ideas desagradables; se dice que estas les causan daño. Lo que antes se discutía en el debate se vive ahora como "violencia", una profanación del bienestar emocional del estudiante. El lenguaje del agravio ha migrado al ámbito del desacuerdo intelectual corriente, y la universidad, que debería saberlo mejor, lo ha promovido en gran medida.
Las consecuencias para la educación superior son graves. Calificar las palabras de violencia no solo intensifica el rechazo, sino que anula una distinción esencial. La violencia, entendida en su sentido estricto, implica la violación coercitiva de una persona. Limita la libertad de la forma más inmediata y tangible.
El discurso, incluso cuando es duro, falso o erróneo, pertenece a un orden diferente. Puede herir, ofender y perturbar. Pero equipararlo con la violencia confunde categorías que una sociedad libre se ha esforzado durante mucho tiempo por mantener diferenciadas, y que la universidad, de entre todas las instituciones, debería defender.
La confusión surge de un loable deseo de tomarse en serio el sufrimiento, pero se endurece hasta convertirse en el hábito de ver todas las dificultades a través del mismo prisma moral. En una cultura que condena con razón el daño, las denuncias de perjuicio tienen autoridad moral, lo que invita a la atención y al respeto.
A medida que esta dinámica se comprende más ampliamente, el umbral de lo que se considera daño tiende a ser más bajo. Lo que antes era un desacuerdo se convierte en agresión; lo que antes era incomodidad se convierte en trauma; lo que antes era meramente ofensivo se replantea ahora como violencia.
Hay una cierta conveniencia estratégica en esto. No me gusta lo que la profesora X tiene que decir. Sus argumentos me inquietan, y sus conclusiones ofenden mis convicciones. Pero fíjense en el giro retórico que se produce aquí: al afirmar que sus palabras constituyen violencia, no necesito responder a sus afirmaciones. Solo tengo que denunciarla ante las autoridades.
En resumen, la alegación de daño cortocircuita el proceso mismo que la educación liberal pretende sostener: el debate paciente y riguroso de ideas en el que se supone que debe prevalecer el mejor argumento, y no la parte más agraviada. Calificar el desacuerdo de agravio no es profundizar en la seriedad moral, sino evadirla. Es sustituir el arduo trabajo de la refutación intelectual por la tarea mucho más sencilla de la acusación.
Historias relacionadas
El costo de tal inflación verbal es doble. En primer lugar, merma nuestra capacidad para responder de manera proporcionada ante los abusos reales. Si todos los daños se tratan como equivalentes, ninguno recibe la seriedad que merece. La víctima de violencia o abuso real ve cómo su sufrimiento se equipará retóricamente a agravios de mucha menor gravedad.
En segundo lugar, menoscaba al individuo. Interpretar cada dificultad como un daño es, paradójicamente, tratar al estudiante no como una persona capaz de crecimiento intelectual, sino como un paciente que requiere protección. La educación liberal siempre ha insistido en lo contrario. Leemos a autores desafiantes no porque respaldemos sus conclusiones, sino porque lidiar con una mente poderosa y antagónica es en sí misma una forma de formación intelectual.
En otras palabras, el encuentro con ideas difíciles o exigentes no es un obstáculo para la educación, sino la propia labor formativa de la educación misma. Por lo tanto, lo que se presenta como compasión es, en realidad, una falta de respeto, una declaración tácita de que no se puede confiar en que los estudiantes piensen por sí mismos.
Esto no es un argumento a favor de la indiferencia ante el sufrimiento. Es un argumento a favor de la claridad. Para preservar la fuerza moral de nuestro lenguaje, debemos estar dispuestos a establecer distinciones: a decir que algunas cosas son genuinamente dañinas, mientras que otras son meramente difíciles, incómodas, desagradables u ofensivas, sin ser perjudiciales. Tales distinciones no son actos de insensibilidad. Son las condiciones de la justicia. Una cultura que no pueda distinguir entre violencia y desacuerdo verá cómo se disipan sus energías morales y se vuelven inciertos sus juicios.
La tarea no consiste en reducir nuestra preocupación moral, sino en disciplinarla recuperando un lenguaje del daño que sea a la vez humano y exigente, uno que establezca las distinciones que nuestra vida moral e intelectual requiere. Solo entonces podremos responder al sufrimiento genuino con la gravedad que merece, al tiempo que preservamos el espacio para el encuentro intelectual del que depende una sociedad libre. Ese espacio no es algo secundario para la universidad; es su misión definitoria y su obligación más elevada.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
