Organizaciones civiles mexicanas hicieron este martes un llamado al gobierno de México a garantizar un comercio justo y libre de explotación, además de reforzar los mecanismos laborales, en la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.
Las ONG, agrupadas en la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales, presentaron una serie de recomendaciones técnicas al gobierno para fortalecer la implementación del capítulo laboral del T-MEC.
Entre las propuestas, se plantea reformar el mecanismo de prohibición de importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso (Artículo 23.6 del tratado), para "garantizar mayor transparencia, acceso y participación de las personas trabajadoras y de la sociedad civil", según expusieron en un comunicado.
También proponen mejorar la operación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR), un procedimiento establecido en el T-MEC para asegurar los derechos laborales, principalmente la libertad sindical y la negociación colectiva.
Las recomendaciones incluyen crear una base de datos pública de quejas y resoluciones del MRR, establecer canales seguros para denunciar represalias, y ajustar los requisitos probatorios y publicar un registro de empresas sujetas a restricciones por trabajo forzoso.
En el documento de observaciones y propuestas al gobierno, también se advierten "dos nuevas áreas de oportunidad para integrar en el Capítulo 23" del T-MEC: la protección de trabajadores migrantes bajo el sistema de visas H-2 y la prevención de violencia y acoso en el trabajo, conforme al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En paralelo, la Coalición contra el Trabajo Forzoso en el Comercio (CAFLT) envió una carta a las secretarías de Trabajo y Economía para exhortar el fortalecimiento de "la coordinación interinstitucional y la cooperación trilateral para eliminar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro norteamericanas".
El 29 de octubre pasado, México modificó sus reglas sobre trabajo forzado, derivado de demanda de la organización Empower, que llevó a reabrir un caso sobre importaciones procedentes de China, sentando "precedente histórico para hacer más operativo el artículo 23.6 del T-MEC", recapitularon las ONG.
Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), subrayó que "el T-MEC no debe quedarse en el papel".
"Tiene que traducirse en herramientas efectivas para erradicar el trabajo forzoso y proteger los derechos de quienes sostienen las cadenas globales de producción", afirmó Torres.
La revisión del T-MEC está prevista para 2026 tras ser anunciada a inicios de 2025, en medio de una serie de aranceles mundiales impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Trump e implementado el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
