La jueza federal que supervisa el caso de Kilmar Abrego García, un inmigrante deportado a su país de origen a pesar de una orden judicial, ha suspendido su orden en la que exigía detalles sobre los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para facilitar su regreso al país.
La jueza federal Paula Xinis suspendió el 23 de abril su orden durante una semana. No detalló los motivos de la suspensión, pero escribió que se había dictado "con el acuerdo de las partes".
Los abogados de Abrego García, un inmigrante de El Salvador, y el gobierno no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Xinis ordenó anteriormente al gobierno que facilitara el regreso de Abrego García a Estados Unidos. Cuando el gobierno se negó a proporcionar detalles, ordenó a los funcionarios que presentaran informes diarios a la corte sobre sus esfuerzos.
La jueza también había concedido la solicitud del demandante de que se acelerara el descubrimiento de documentos sobre el asunto, incluidos los términos del acuerdo alcanzado por Estados Unidos con el Gobierno salvadoreño para acoger a los inmigrantes deportados de Estados Unidos.
Xinis dijo el martes que el Gobierno de Estados Unidos debía atender las solicitudes de presentación de pruebas pendientes, al considerar que la Administración Trump había mostrado una "negativa deliberada y de mala fe a cumplir con sus obligaciones de presentación de pruebas".
"Durante semanas, los demandados han buscado refugio tras afirmaciones vagas y sin fundamento sobre el privilegio, utilizándolas como escudo para obstruir la presentación de pruebas y eludir el cumplimiento de las órdenes de este tribunal", escribió en una orden.
A continuación, el Gobierno presentó una moción para suspender esa resolución. Se presentó bajo sello, lo que significa que no está disponible para el público.
Los abogados de Abrego García presentaron una respuesta sellada a la moción.
Xinis hizo referencia a ambos documentos sellados al dictar la suspensión.
Garcia, que entró ilegalmente en Estados Unidos en 2011, fue detenido en 2019. Un juez de inmigración concluyó que las pruebas demostraban que era miembro de la banda MS-13. Otro juez de inmigración ordenó la deportación de García, pero también emitió una orden de suspensión de la expulsión, lo que impidió al Gobierno de Estados Unidos deportarlo a su país de origen.
Garcia siguió viviendo en Estados Unidos hasta que fue detenido por agentes de inmigración el 12 de marzo. Pronto fue deportado a El Salvador.
Las autoridades estadounidenses han afirmado que la deportación fue un error porque la orden de suspensión no figuraba en la lista de pasajeros del vuelo. Más recientemente, han declarado que la deportación se permitió porque el presidente Donald Trump designó a la MS-13 como grupo terrorista. Los abogados de Abrego García afirman que no debería haber sido deportado a El Salvador y que debería ser devuelto a Estados Unidos para reunirse con su esposa, ciudadana estadounidense, y sus hijos.
En su último informe de situación disponible públicamente, con fecha del 21 de abril, las autoridades estadounidenses afirmaron que el Gobierno salvadoreño les había comunicado ese mismo día que Abrego Garcia se encontraba recluido en el centro penitenciario Centro Industrial de Santa Ana y que se encontraba "en buenas condiciones y en excelente estado de salud".
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