El gobierno de Trump demandó a la ciudad de Los Ángeles el 30 de junio, alegando que las políticas de santuario de la ciudad impedían a los agentes de inmigración hacer su trabajo.
En la demanda, la fiscal general Pam Bondi invocó la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que las leyes y los tratados federales son la ley suprema del país.
"Las políticas de santuario fueron la causa principal de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles", escribió Bondi en un comunicado publicado el lunes en la plataforma de redes sociales X. "Jurisdicciones como Los Ángeles, que incumplen la ley federal al dar prioridad a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses, están socavando la aplicación de la ley en todos los niveles y esto terminará bajo la presidencia de [Donald] Trump".
Según la demanda, "el propósito expreso de la ley de ciudad santuario de Los Ángeles es impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cumplan con sus obligaciones legales según lo dispuesto por el Congreso".
El Departamento de Justicia alega que la ordenanza municipal y otras políticas aplicadas en Los Ángeles "discriminan intencionadamente al gobierno federal al tratar a las autoridades federales de inmigración de forma diferente a otros agentes del orden mediante restricciones de acceso tanto a la propiedad como a los detenidos individuales".
Las restricciones prohíben a los contratistas y subcontratistas revelar información sobre inmigrantes ilegales a los funcionarios federales, según la demanda.
La administración también acusa a la ciudad de "desfavorecer las leyes penales federales que la ciudad de Los Ángeles decidió no cumplir".
El Departamento de Justicia afirma que la cláusula de supremacía federal prohíbe a Los Ángeles discriminar al gobierno federal tratándolo de manera diferente y "seleccionando qué leyes federales va a cumplir".
"En consecuencia, la ley y las políticas impugnadas aquí son inválidas y deben ser prohibidas", reza la demanda.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó duramente las operaciones del ICE en la ciudad.
"Esta mañana hemos recibido informes de acciones federales de control de la inmigración en varios lugares de Los Ángeles", declaró Bass en un comunicado el 6 de junio. "Como alcaldesa de una ciudad orgullosa de sus inmigrantes, que contribuyen a nuestra ciudad de tantas maneras, estoy profundamente indignada por lo que ocurrió. Estas tácticas siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad".
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, habla en Pacific Palisades, un barrio de Los Ángeles, el 24 de enero de 2025. (Mandel Ngan/AFP a través de Getty Images)La oficina de la alcaldesa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda el lunes.
El 6 de junio estallaron protestas masivas en el centro de Los Ángeles que se prolongaron durante casi dos semanas y dieron lugar a disturbios y múltiples detenciones.
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