Congresistas bipartidistas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que pide al gobierno estadounidense establecer un panel de resolución de disputas que lleve a México a cumplir con las obligaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética.
El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington (Tx-19), junto a los representantes Carol Miller (R-Wv) y Henry Cuellar (D-TX), presentaron el proyecto de ley H.R.5926 para el Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano, que insta al gobierno de México a detener el trato preferencial a sus empresas energéticas estatales.
“En su histórico tratado comercial T-MEC, el presidente Trump logró compromisos sin precedentes para abrir los mercados energéticos mexicanos a la inversión estadounidense y garantizar un trato justo a los productores estadounidenses", dijo Arrington en un comunicado del 10 de noviembre.
"Lamentablemente, el presidente Biden no cumplió con esos compromisos, lo que permitió a México incumplir sus promesas y otorgar un trato preferencial a sus empresas estatales de petróleo y electricidad, excluyendo así la competencia estadounidense”, continuó
El proyecto del ley plantea que la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, establezca un panel de resolución de disputas con México.
En este panel se abordarían las políticas energéticas de México de los últimos años que priorizan a sus empresas estatales de energía, la Comisión Federal Electoral (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), sobre las empresas estadounidenses.
Además, el proyecto de ley pide iniciar una investigación en virtud de la Ley de Comercio de 1974 o exigir durante la primera revisión conjunta del T-MEC que México cumpla con las obligaciones energéticas del tratado.
Arrington agregó que el proyecto de ley busca garantizar la competencia leal para los productores de energía estadounidenses y defender las obligaciones establecidas en el T-MEC.
“Mi Ley para el Cumplimiento del Tratado de Energía con México brinda al presidente Trump el pleno respaldo del Congreso para exigirle cuentas a México, defender a los productores de energía estadounidenses y garantizar que nuestros tratados comerciales se cumplan con la firmeza y la determinación que el pueblo estadounidense merece”, dice según el comunicado.
El 17 de octubre de 2024, el Congreso de México aprobó una constitucional reforma energética que otorga privilegios a las empresas del Estado, Pemex y CFE, que garantizan su prioridad sobre las privadas en la generación y distribución de energía.
La reforma, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), revierte en parte la reforma energética del gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a la inversión privada y obligó a Pemex y a la CFE a competir en condiciones más equitativas con los particulares.
La aprobación de esa contrareforma encendió alertas ante la revisión del T-MEC prevista para el próximo mes de julio, y el rechazo a un trato especial para las empresas nacionales.
El T-MEC "es crucial para nuestra economía y debemos garantizar que se respeten todos los acuerdos alcanzados en su marco", dijo la congresista Miller. "El trato preferencial que México otorga a sus empresas energéticas estatales socava los compromisos adquiridos en el T-MEC y perjudica a los productores de energía estadounidenses”, agrega según el comunicado.
Miller añadió que de aprobase el proyecto de La Ley de Cumplimiento del Comercio de Energía con México, se "reafirmará nuestro compromiso con un acceso justo y abierto a los mercados energéticos, garantizando que la energía estadounidense pueda competir en igualdad de condiciones".
La propuesta de los representantes tiene el respaldo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de la Asociación de Petróleo de la Cuenca Pérmica (PBPA), el Consejo de la Fuerza Laboral y Tecnología Energética, el Instituto Americano del Petróleo y de la Asociación de Energía Limpia de EE. UU., indica el comunicado.
El proyecto fue referido al Comité de Ways and Means de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que deberá estudiarlo, podrá realizar audiencias y hacer enmiendas, para luego someterse a votación en la Cámara y el Senado, para su aprobación por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
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