California lanzó el miércoles un portal en internet que permitirá al público subir videos, fotografías y otra información sobre presuntas actividades ilegales de agentes federales durante la aplicación de las leyes de inmigración.
Según una publicación en redes sociales de la oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, la plataforma está diseñada para “ayudar a los ciudadanos a compartir información” con el fin de que el Departamento de Justicia del estado pueda “crear un registro de posibles conductas ilegales por parte de agentes federales e informar sobre las posibles acciones legales que el estado podría emprender para proteger los derechos de los californianos”.
Una declaración de la oficina de Newsom dice que los agentes federales tienen amplia autoridad para hacer cumplir las leyes federales, incluidas las leyes federales de inmigración, pero deben hacerlo de forma legal.
"No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras alguien, incluidos los agentes federales, abuse de su autoridad en California", dijo Newsom. "Este nuevo portal ofrece a los californianos una forma fácil y segura de expresarse, compartir lo que ven y ayudarnos a exigir responsabilidades. Nadie está por encima de la ley".
Entre los ejemplos de actividades potencialmente ilegales por parte de los agentes federales se incluyen el uso excesivo de la fuerza, registros o detenciones ilegales, detenciones injustificadas, interferencia en el voto u otras violaciones de los derechos civiles, según indica el sitio web del portal.
El personal federal de inmigración ha participado activamente en redadas generalizadas en lugares como Los Ángeles y otras grandes ciudades.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que la conducta de su personal cumple con los mandatos legales de expulsar a quienes se encuentran ilegalmente en el país.
Otros estados gobernados por demócratas han tomado medidas similares a las de California.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, instó en septiembre a los ciudadanos a grabar imágenes de las actividades federales de inmigración y publicarlas en Internet. También creó la Comisión de Responsabilidad de Illinois para recopilar pruebas y testimonios públicos sobre la conducta de los agentes federales durante la aplicación de las leyes de inmigración.
El DHS dijo que la operación de Chicago, iniciada el 8 de septiembre, tenía como objetivo expulsar a personas con antecedentes penales graves y órdenes de deportación de larga duración.
"Esta operación se centrará en los peores delincuentes extranjeros ilegales de Chicago", dijo en ese momento la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, alegando que Chicago se había convertido en un "imán para los delincuentes" debido a las políticas de ciudad santuario.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió en octubre a los residentes que enviaran videos, fotos y otra documentación sobre las acciones federales de inmigración para que su departamento las investigara.
Los ciudadanos utilizan habitualmente sus teléfonos inteligentes para grabar los movimientos de las fuerzas federales de inmigración y documentar sus operaciones, lo que ha llevado a la administración Trump a afirmar que estas acciones han aumentado las agresiones a los agentes federales. En octubre, tanto Apple como Alphabet retiraron de sus tiendas de aplicaciones las aplicaciones diseñadas para vigilar a los agentes de inmigración.
El portal de California se pone en marcha en medio de una batalla política entre las autoridades estatales y federales sobre la aplicación de la ley de inmigración. Las políticas de santuario del estado, recogidas en el proyecto de ley 54 del Senado, impiden que las fuerzas del orden locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), prohibiendo las investigaciones sobre el estatus migratorio o el cumplimiento de las órdenes de detención federales para los traslados, para gran disgusto de los funcionarios federales.
Una demanda presentada en 2025 por grupos de derechos civiles como la Fundación ACLU del Sur de California alega que las operaciones del ICE en Los Ángeles infringieron los derechos de la Cuarta y Quinta Enmienda de miles de personas. Esta demanda se presentó poco después de que el gobierno federal demandara a Los Ángeles por sus leyes de ciudad santuario.
El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad en noviembre de 2024 una ordenanza que impide que los activos y el personal de la ciudad colaboren con las acciones federales de inmigración.
En San Diego, la Junta de Supervisores del Condado aprobó en diciembre de 2024 una política que prohíbe que los recursos del condado apoyen al ICE
Con información de Reuters
