La administración Trump anunció que pondrá fin a las directrices de la era Biden que obligaban a los hospitales a proporcionar abortos de emergencia a las mujeres en todo el país.
Publicadas en 2022, las directrices eran un esfuerzo por preservar el acceso al aborto en todo el país para las mujeres en casos extremos, tras la sentencia de la Corte Suprema que anuló la sentencia Roe contra Wade y devolvió la regulación del aborto a los estados.
La administración anterior argumentó que, en virtud de la Ley Federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA), los hospitales con salas de urgencias que recibían fondos de Medicare para proporcionar tratamiento y exámenes de estabilización a todos los pacientes debían proporcionar abortos de emergencia independientemente de las leyes estatales.
Entre los casos extremos mencionados en la directiva se incluían las emergencias médicas en las que era necesario abortar para evitar complicaciones graves, como hemorragias o la pérdida de órganos. Casi todas las salas de urgencias de Estados Unidos dependen de la financiación de Medicare, incluidas las de los estados con una prohibición casi total del aborto.
La administración Trump ya no aplicará esa política, y esa decisión ha suscitado reacciones tanto de las voces a favor del aborto como de las provida.
"La Administración Trump prefiere que las mujeres mueran en las salas de urgencias antes que recibir abortos que les salvan la vida", afirmó Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos, en un comunicado. "Al retirar las directrices, esta Administración está alimentando el miedo y la confusión que ya existen en los hospitales de todos los estados donde está prohibido el aborto. Los hospitales necesitan más orientación, no menos, para evitar que rechacen a las pacientes que se encuentran en crisis por un embarazo".
Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, dijo en un comunicado que las directrices anteriores solo habían causado confusión, ya que en los 50 estados ya es ley que las mujeres pueden "recibir atención por aborto espontáneo, embarazo ectópico y cualquier emergencia médica".
La campaña de reelección del expresidente Joe Biden y la campaña presidencial de la exvicepresidenta Kamala Harris se apoyaron en gran medida en plataformas proaborto, destacando casos de mujeres de estados como Texas y Luisiana que sufrieron complicaciones que pusieron en peligro su vida después de que se les denegaran procedimientos de emergencia para abortar o interrumpir el embarazo debido a las estrictas políticas antiaborto de esos estados.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid publicaron un comunicado en el que afirman que "seguirán aplicando la EMTALA, que protege a todas las personas que acuden a un servicio de urgencias de un hospital en busca de examen o tratamiento, incluso en casos de afecciones médicas de urgencia identificadas que pongan en grave peligro la salud de una mujer embarazada o de su hijo por nacer".
También "trabajarán para rectificar cualquier confusión jurídica e inestabilidad percibida creada por las acciones de la administración anterior".
Con información de The Associated Press.
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