El viernes la administración Trump pidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos que permita al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceder a los datos del Seguro Social, luego de que las cortes bloquearan a este grupo de trabajo dirigido por Elon Musk el acceso a esos registros por razones de privacidad.
La petición llega después de que una juez en Maryland restringiera el acceso del equipo en virtud de las leyes federales de privacidad. Esta semana, una corte de apelación se negó a levantar inmediatamente el bloqueo del acceso a DOGE, lo que provocó la apelación de emergencia de la administración.
En una apelación en nombre del Gobierno, el fiscal general D. John Sauer escribió a la Corte Suprema de EE. UU.: “Esta solicitud de emergencia presenta un tema ya conocido: una corte de distrito emitió una medida cautelar amplia sin autoridad legal para hacerlo, de maneras que infligen un perjuicio irreparable y continuo a prioridades federales urgentes y obstaculizan las funciones del Poder Ejecutivo”.
“Varias agencias, entre ellas la SSA, los Departamentos del Tesoro y de Educación y la Oficina de Gestión de Personal (OPM), han creado equipos de personal de las agencias respaldados por DOGE para apoyar este esfuerzo gubernamental crítico para sus agencias", escribió Sauer. “Estos equipos necesitan acceder a los datos en la agencia que les corresponde y someter los registros del gobierno a un escrutinio muy necesario”.
Si la orden de la corte inferior "no se modifica, esta medida cautelar solo provocará nuevas injerencias judiciales en la toma de decisiones internas de las agencias", añadió.
A finales de marzo, la juez federal de distrito Ellen Hollander, de Maryland, emitió una orden de 137 páginas que impedía a DOGE acceder a los registros de la Administración de la Seguridad Social (SSA), alegando que DOGE "se dedica esencialmente a una expedición de pesca en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basándose en poco más que sospechas".
DOGE, añadió, parece haber iniciado "una búsqueda de la proverbial aguja en un pajar, sin ningún conocimiento concreto de que la aguja se encuentre realmente en el pajar".
Esos esfuerzos incluyeron “acceso sin restricciones a los datos personales y privados de millones de estadounidenses, incluyendo, entre otros, números de Seguro Social, historiales médicos, registros de salud mental, registros de hospitalización, números de licencia de conducir, información de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, información fiscal, historial de ingresos, historial laboral, actas de nacimiento y matrimonio, y direcciones de domicilio y trabajo”, continuó Hollander.
La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados representados por la organización Democracy Forward.
La apelación es la más reciente de una serie de solicitudes de emergencia ante la Corte Suprema de EE. UU., mientras la administración Trump enfrenta unas doscientas demandas que impugnan varios aspectos de la agenda del presidente Donald Trump.
Musk y DOGE se han concentrado en el Seguro Social como un supuesto foco de fraude, diciendo que reducir el despilfarro en el programa es una forma importante de asegurar su solvencia y recortar el gasto público.
DOGE, creado por Trump mediante una orden ejecutiva en enero, dijo que descubrió que millones de personas supuestamente mayores de 120 años —algunas de ellas con más de 220 años y una de 360— figuraban como beneficiarias de las prestaciones de la Seguridad Social. Eso provocó una declaración de Lee Dudek, director interino de la Administración del Seguro Social (SSA), en febrero, en la que reconoció los hallazgos y dijo que esas personas no necesariamente recibían beneficios.
Abogados de la administración Trump dijeron en una audiencia ante Hollander que DOGE tiene un equipo de diez miembros en la Administración del Seguro Social, siete de los cuales obtuvieron acceso de solo lectura a los sistemas de la agencia que contienen información de identificación personal. Los abogados también dijeron que los funcionarios han recibido capacitación en privacidad, mientras que ocho aprobaron verificaciones de antecedentes a principios de este mes.
Con información de The Associated Press.
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