El 17 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó un proyecto de ley que sancionaría a los responsables de la sustracción forzada de órganos patrocinada por el Estado en China.
La "Ley de Protección de Falun Gong y de las Víctimas de la Sustracción Forzada de Órganos" obligaría al Gobierno de EE. UU. a elaborar una lista de personas extranjeras que se considere que han participado a sabiendas y de forma directa en la sustracción forzada de órganos en China o la han facilitado.
A las personas incluidas en la lista se les impediría realizar transacciones con cualquier persona o entidad estadounidense, y se les congelarían sus bienes en EE. UU. Las sanciones también impedirían a estas personas entrar en Estados Unidos, invalidarían su visado actual y no podrían obtener beneficios de inmigración.
El proyecto de ley, presentado por primera vez en marzo por los senadores Ted Cruz (R-Texas) y Jeff Merkley (D-Ore.), obtuvo recientemente el apoyo del senador Adam Schiff (D-Calif.).
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Una versión del proyecto de ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en mayo de 2025.
"Espero que podamos aumentar realmente la concienciación mundial sobre esta terrible práctica", declaró Merkley a los periodistas tras la votación en comisión.
El 15 de junio, los legisladores modificaron la legislación, añadiendo un apartado en el que se detallaban las preocupaciones persistentes de organizaciones públicas y privadas, así como la continua falta de transparencia por parte de China.
En ella se citaba el informe sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado de 2023, en el que se destacaban los temores de los grupos religiosos —en particular, los practicantes de Falun Gong y la etnia uigur— de convertirse en víctimas. El mismo informe también hacía referencia a un informe del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que concluía que "existen pruebas abundantes de que China sigue llevando a cabo la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia".
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El régimen chino no ha proporcionado una "respuesta completa, creíble y verificable de forma independiente" sobre el asunto, y las autoridades estadounidenses aún no han emitido una evaluación formal sobre las denuncias, señalaba el proyecto de ley.
Pide al Gobierno de EE. UU. que investigue la cuestión, incluidos los incidentes relacionados con practicantes de Falun Gong, y que condene "las prácticas ilegales, coercitivas, no consentidas o no transparentes de obtención y trasplante de órganos".
La medida también ordena al Departamento de Estado que presente un informe sobre las políticas y prácticas de trasplante de órganos de China, en consulta con el secretario de Salud y Servicios Humanos, el director de los Institutos Nacionales de Salud y los responsables pertinentes de la comunidad de inteligencia.
El informe determinaría de manera formal si Beijing lleva a cabo o ha llevado a cabo en el pasado una sustracción forzada y sistemática de órganos, y ofrecería un resumen de las políticas de trasplante de órganos, incluyendo las relativas a los practicantes de Falun Gong y otros presos de conciencia o víctimas de estos abusos.
Otros detalles incluyen el número conocido o estimado de trasplantes de órganos por año, datos sobre donantes voluntarios, una evaluación del origen de los órganos y del tiempo de obtención, si el calendario parece realista, y una lista de las subvenciones estadounidenses concedidas durante la última década para apoyar la investigación sobre trasplantes de órganos en China.
Si los funcionarios estadounidenses determinan que efectivamente existe la sustracción forzada de órganos en China, también se pronunciarían sobre si dicha conducta constituye una atrocidad, según la versión de junio del proyecto de ley.
