California, Massachusetts y otros 18 estados presentaron una demanda el viernes contra la tarifa de 100,000 dólares que el presidente Donald Trump impuso a las nuevas peticiones de visas H-1B.
"La tarifa ilegal de $100,000 para la visa H-1B del presidente Trump crea cargas financieras innecesarias e ilegales para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios vitales, lo que exacerba la escasez de mano de obra en sectores clave", dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
La demanda alegó que la tarifa es inconstitucional porque la administración excedió la autoridad para establecer tarifas otorgada por el Congreso y no pasó por un proceso de notificación y comentarios.
Trump instituyó la tarifa de 100,000 dólares el 19 de septiembre, diciendo que la orden y su programa de Tarjeta Dorada de inmigración "reducirían enormemente nuestros impuestos y, con suerte, traerían a algunas personas excelentes a nuestro país".
Una bandera estadounidense y un formulario de solicitud de visa H-1B en esta ilustración tomada el 22 de septiembre de 2025. (Dado Ruvic/Ilustración/Reuters)Los extranjeros que trabajan en ocupaciones especializadas, como tecnología, ciencia y medicina, pueden solicitar visas de trabajo temporales, con una duración de hasta seis años. Para ser aceptados en el programa, los trabajadores deben estar patrocinados por un empleador.
Trump dijo en su proclamación del 19 de septiembre que la medida está diseñada para frenar el "abuso sistemático" del sistema de visas para trabajadores altamente calificados y proteger a los trabajadores estadounidenses, especialmente en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
El presidente afirmó que muchas empresas se aprovecharon de las normas vigentes al despedir a sus trabajadores estadounidenses y reemplazarlos con trabajadores con visas H-1B más económicas. Al anunciar los cambios el 19 de septiembre, Trump declaró a la prensa en el Despacho Oval que su objetivo era animar a las empresas a contratar a ciudadanos estadounidenses.
Según la Casa Blanca, los titulares actuales de visas H-1B y sus renovaciones están exentos del pago de la tarifa.
El Congreso limita el número de visas de trabajo disponibles cada año para la mayoría de los empleadores privados, con el límite nacional actual establecido en 65,000 y una exención para 20,000 personas con un título de maestría o superior.
Bonta y los demás estados involucrados en la demanda del viernes argumentaron que el Congreso toma decisiones sobre el funcionamiento del programa. Los estados que se oponen a la nueva tarifa también expresaron su preocupación por la mayor probabilidad de que algunos empleadores, selectivamente desfavorecidos por la administración Trump, sean sometidos a dicha tarifa.
Bonta dijo que la tarifa de visa es "devastadora para todos los estados, incluida California, y amenaza la calidad de la educación, la atención médica y otros servicios básicos disponibles para nuestros residentes".
Los demandantes también están preocupados de que el programa de visas empeore la escasez nacional de docentes, ya que los educadores son la tercera ocupación más grande entre los titulares de visas de trabajo.
Los otros estados que se han sumado a la acción legal son Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, habla en el escenario durante el desayuno previo a los premios Oscar 2023 de EMILYs List en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de marzo de 2023. (Araya Doheny/Getty Images para la lista de EMILY)La demanda del viernes es la 49.a acción legal presentada por Bonta contra la administración Trump este año.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y la legislatura estatal, dominada por una supermayoría demócrata, reservaron 25 millones de dólares de fondos públicos el año pasado para financiar el litigio contra Trump. Bonta gastó 5 millones de dólares de esa cantidad este año en contratar abogados específicamente para gestionar la carga de trabajo adicional, según informó su oficina de prensa a The Epoch Times el 1 de diciembre.
La oficina también recibirá otros $14.2 millones en este ciclo presupuestario fiscal, que se extiende hasta el 30 de junio de 2026, para contratar más abogados para demandas adicionales contra la administración.
"Agradecemos a [Newsom] y a la Legislatura por ver la importancia de este trabajo y garantizar que nuestra oficina tenga los recursos que necesitamos para afrontar las luchas que tenemos por delante", dijo la oficina de prensa de Bonta.
Con información de Tom Ozimek.
