El gobierno de Panamá confirmó que la dictadura cubana detuvo a un grupo de panameños en la isla, y pidió aplicar las garantías procesales a los detenidos.
La cancillería de Panamá confirmó a través de un comunicado del 2 de marzo que recibió información en su embajada en Cuba sobre la detención de un grupo de panameños en la Habana.
"Desde el primer momento, a través de nuestra representación diplomática, se han realizado gestiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para conocer la situación jurídica de nuestros connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme el derecho internacional y la legislación vigente", dice el comunicado.
De acuerdo a la información obtenida por la cancillería, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación por las autoridades cubanas y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.
"Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales. (...) Igualmente, solicitamos a la República de Cuba el respeto al debido proceso, el apego a los derechos humanos y derecho ciudadanos para nuestros ciudadanos", señala el comunicado.
Para ayudar a sus ciudadanos y proteger sus derechos, el gobierno panameño declaró que actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza, respetando al mismo tiempo la soberanía y le leyes de la República de Cuba.
El ministerio del Interior (Minint) de Cuba reportó el 2 de marzo la detención de 10 ciudadanos panameños, y los acusó de ingresar a la isla con la intención de crear propaganda con contenido de carácter subversivo, contrario al orden constitucional, que según el régimen están regulados en el artículo 124 del Código Penal.
El régimen cubano aseguró que, de acuerdo a las primeras declaraciones, los panameños iban a recibir entre mil y mil quinientos dólares para cada uno, una vez que cumplieran su objetivo y lograran salir de la isla.
"Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero. Continúan las investigaciones", dice el comunicado del ministerio del interior de Cuba del 2 de marzo.
El artículo 124 del Código Penal, señala que si se los considera culpables, los acusados podrían incurrir "en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte".
El régimen cubano ha mantenido una represión continua a la libertad de expresión y otras libertades civiles y políticas desde 1959, cuando el gobierno de Fidel Castro comenzó a implementar un sistema socialista-comunista.
El sistema político de la isla está controlado por el Partido Comunista de Cuba y no se permiten otros partidos políticos.
Un hombre es detenido durante una manifestación contra el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, el 12 de julio de 2021. (YAMIL LAGE/AFP vía Getty Images)El 11 de julio de 2021, estallaron protestas en diferentes lugares de la isla, donde miles de cubanos salieron a las calles espontáneamente exigiendo un cambio en las condiciones de vida, afectadas principalmente por las políticas de represión que desde años limitan la libertad de expresión y la libre reunión, y la escasez de alimentos, medicinas y recursos básicos de subsistencia, y la falta de energía eléctrica.
Ante las manifestaciones pacíficas, las autoridades cubanas detuvieron a cientos de personas, y durante semanas el gobierno no dio información de su paradero. Los meses siguientes muchos fueron criminalizados con juicios sin el debido proceso, y algunos fueron puestos en libertad progresivamente.
"La acusación de 'propaganda enemiga' y 'grupos contrarrevolucionarios' son conceptos políticos que no tienen una definición clara en el Código Penal y pueden ser utilizados para reprimir a cualquier persona que se oponga al gobierno", dice un comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos del 23 de septiembre.
A la fecha, el régimen cubano mantiene 1207 presos políticos, un récord histórico en la represión interna, según el grupo independiente Prisoners Defenders.
Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia.
Tras la operación militar que Estados Unidos lanzó en Venezuela el 3 de enero, donde capturó a Nicolás Maduro, la administración Trump cortó el suministro de petróleo hacia la isla, causando una escasez crítica de combustible.
El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional contra Cuba a la que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria” y anunció aranceles a cualquier país que siguiera enviando petróleo a Cuba.
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