La ONG mexicana Actívate rechazó este lunes las reformas en curso en el Congreso del estado norteño de Chihuahua, que impulsan el matrimonio igualitario, y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Las reformas que se discuten en el Congreso de Chihuahua buscan concordar el Código Civil local con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, desde 2015, declaró inconstitucional la exclusión de estos derechos para las parejas homosexuales.
En un comunicado, la plataforma señaló que dichas reformas son un "ataque a la familia" y llamó a los legisladores a votar en contra de las modificaciones que "abren la puerta no solo al matrimonio igualitario, sino también a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo".
"Ante la aprobación en comisiones de dos iniciativas para legalizar el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo en Chihuahua, la plataforma digital Activate.org.mx junto con sociedad civil organizada, presentó una campaña de firmas ciudadanas en contra de este ataque a la institución de la familia y que vulneran los derechos de niñas y niños", señala la nota.
Dichas reformas tienen como objetivo reconocer el llamado matrimonio igualitario y reconocer la adopción entre parejas del mismo sexo con el principio de no discriminación, en el Código Civil de Chihuahua, siguiendo la línea de la jurisprudencia del Supremo.
Hasta ahora, el Congreso de Chihuahua no fijó una fecha para la discusión en el pleno de dichas iniciativas, que en días pasados avanzaron en comisiones legislativas.
Chihuahua es uno de los pocos estados del país, —junto con Guanajuato y Aguascalientes—, que siguen sin compaginar el así llamado matrimonio igualitario y la adopción en familias homoparentales con el marco jurídico constitucional.
Aunque desde 2015 el Ejecutivo de Chihuahua permite los matrimonios igualitarios con base en resoluciones judiciales, el Congreso estatal aún no reformó la ley para reconocerlos explícitamente.
En 2015, la Suprema Corte estableció que es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio y de otros derechos familiares, al considerar que dicha restricción vulnera el principio de igualdad y no discriminación previsto en la Constitución.
