La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a cinco exjefes del Bloque Caribe de las antiguas FARC por crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas y afrocolombianas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en el norte de Colombia, entre 1996 y 2007.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP concluyó que la antigua guerrilla implementó un "patrón macrocriminal de control territorial" que afectó de manera sistemática a los pueblos kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa, así como a la población afrocolombiana.
Según la JEP, los hechos investigados no fueron aislados, sino parte de una estrategia para consolidar el dominio político, militar, social y cultural de las FARC sobre estos territorios étnicos.
La investigación identificó cinco modalidades de actuación: la cooptación de organizaciones indígenas y afrodescendientes; la eliminación o desplazamiento de personas consideradas enemigas o colaboradoras de otros grupos armados; el castigo a quienes no cumplían con las reglas de las FARC; el control sobre mujeres y niñas mediante violencias basadas en género, y la ocupación de territorios y lugares sagrados.
Entre los crímenes atribuidos figuran asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, saqueos y la destrucción de bienes culturales.
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Los imputados señalados como máximos responsables son Abelardo Caicedo Colorado, conocido como Solís Almeida; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Gilberto Giraldo, alias Aldemar Altamiranda; Héctor Hernández, alias Fabio Borges; y Marcos Martínez, alias Silfredo.
La JEP documentó 423 hechos victimizantes atribuidos al Bloque Caribe en 27 municipios, de ellos, 163 corresponden a asesinatos, 211 a desplazamientos forzados, 53 a desapariciones y 25 a casos de violencia sexual.
La investigación también estableció que al menos 1590 personas fueron desplazadas forzosamente, la mayoría integrantes de los pueblos wiwa, afrocolombiano y kankuamo.
La Sala destacó que los daños ocasionados trascendieron a las víctimas individuales y comprometieron la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades, al afectar sus sistemas de gobierno propio, sus prácticas ancestrales y su relación con territorios considerados sagrados.
Los cinco imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las denuncias: si reconocen su responsabilidad, continuarán en el proceso restaurativo de la JEP.
En el caso contrario, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, que podrá llevarlos ante el Tribunal para la Paz en el que enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión y perderán los beneficios que les otorga la JEP.
