Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, renunciaron el martes en medio de las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde hace cinco semanas campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.
La oficina de comunicación de Educación informó escuetamente que García renunció, mientras que una fuente de la cartera de Defensa confirmó a EFE sobre la dimisión de Salinas, sin dar mayores detalles sobre las causas en ninguno de los dos casos.
García participó, junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en dos reuniones promovidas por una comisión de mediadores del Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos a las que, no obstante, no acudieron los sectores en conflicto.
En el caso de Salinas, medios locales que informaron sobre su renuncia aseguraron que en su lugar asumirá el actual zar antidrogas, Ernesto Justiniano, aunque esto todavía no fue confirmado oficialmente.
La ciudades de La Paz, El Alto y Oruro son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras y las protestas de sindicatos de campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente Paz.
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Los cortes de rutas se extendieron en las últimas semanas a ocho de las nueve regiones de Bolivia y están ocasionando desabastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal.
Los conflictos dejaron hasta el momento nueve fallecidos, incluidas seis personas que no pudieron recibir asistencia médica oportuna como consecuencia de los bloqueos de carreteras.
Los empresarios calculan que los daños económicos sufridos por los cortes en las carreteras causan pérdidas que superan los 1900 millones de dólares, agravando la crisis que vive el país desde 2023.
El gobierno trató de abrir en dos ocasiones "corredores humanitarios" para el paso de alimentos e insumos a las ciudades bloqueadas, pero estas operaciones, en las que intervinieron policías y militares, derivaron en enfrentamientos con los manifestantes y disturbios. Desde entonces, no hubo más intentos por desbloquear las carreteras.
Una de las alternativas planteadas para resolver el conflicto fue la aplicación de un estado de excepción "sectorializado", aunque el gobierno insistió en que es su "última opción".
Los movilizados ratificaron esta jornada que no dialogarán y reiteraron su exigencia de que renuncie Paz.
Ante la falta de soluciones, algunos políticos plantearon la posibilidad de adelantar un referéndum revocatorio para decidir la permanencia de Paz, parlamentarios y del vicepresidente Edmand Lara, quien rechazó la propuesta al considerarla "anticonstitucional".
