La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó este domingo dialogar con el gobierno y anunció que mantendrá sus protestas para lograr la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, mientras que los sindicatos campesinos que bloquean carreteras con la misma demanda todavía no decidieron si aceptarán o no una negociación.
La COB se reunió esta jornada en La Paz para analizar su posible participación en un diálogo propiciado por una comisión de la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos.
Al terminar el encuentro, los máximos líderes se fueron en vehículos sin hacer declaraciones a los medios, pero un exdirigente de la COB, Jaime Solares, sostuvo que se llegó a la "conclusión de que la lucha continúa".
"No quieren diálogo, no quieren nada, el único pedido que tiene ahora el pueblo (...) es que el presidente se tiene que ir", sostuvo Solares.
Según el exdirigente, se instruirá a los manifestantes que se permita el paso de alimentos e insumos para los hospitales, pero insistió en que "la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente".
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Por su parte, la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari', que mantiene los bloqueos de carreteras en la zona andina desde el 6 de mayo, indicó a medios locales través de uno de sus dirigentes que están en un "profundo análisis" junto a sus "bases" sobre su posible participación en un diálogo.
El representante, que no se identificó, señaló que no asistieron a la reunión de la COB al considerar que hay "exdirigentes" que están politizando sus protestas y "están queriendo resurgir" a través de las mismas.
"Esto no es político, nuestra reivindicación no la tienen que politizar, nuestra reivindicación es por los hechos y actuares del actual gobierno, y "por un futuro mejor para Bolivia", agregó.
Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del gobierno y también le acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.
Los sindicatos condicionaron primero su asistencia al diálogo a la anulación de unas órdenes de captura contra sus principales dirigentes, acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir a raíz de los disturbios y saqueos derivados de las manifestaciones en La Paz. El viernes, un juzgado anuló esas órdenes de aprehensión.
Los sectores más radicales, como los seguidores de Morales, rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia el pasado noviembre.
La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.
Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
