Los legisladores estadounidenses están sopesando restricciones de visados, sanciones y medidas comerciales contra funcionarios europeos acusados de presionar a las empresas tecnológicas para que censuren las expresiones online protegidas por la Primera Enmienda.
Según los comentarios del representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, las autoridades estadounidenses están examinando "todas las vías posibles" para contrarrestar lo que los republicanos describen como una campaña europea sostenida para influir en la libertad de expresión en Internet a nivel mundial.
"Todas las vías posibles"
En una pregunta de seguimiento dirigida también a funcionarios británicos, Jordan afirmó que si alguien quería visitar Estados Unidos y el Departamento de Estado determinaba que esa persona había participado en la censura a la libertad de expresión estadounidense, se le podría denegar el visado.Historias relacionadas
"Estamos estudiando todas las vías posibles, las negociaciones, en lo que respecta a las conversaciones comerciales, los visados [...] estamos estudiando todo eso", afirmó.
Los comentarios se produjeron tras la publicación de un informe del 3 de febrero del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el que se alegaba que la Comisión Europea (CE) ha impulsado la censura global en Internet a través de foros reguladores a puerta cerrada y los llamados códigos voluntarios que presionaban a las principales plataformas tecnológicas para que endurecieran las normas de moderación de contenidos.
La UE rechazó las acusaciones.
El comité acusó a la CE de llevar a cabo una campaña de una década para configurar las normas de expresión globales de manera que infringieran las protecciones constitucionales de los estadounidenses, argumentando que los mecanismos de cumplimiento "voluntarios" funcionaban como herramientas coercitivas respaldadas por la amenaza de multas o la exclusión del mercado.
Según el informe, la presión sobre las plataformas se intensificó después de que la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE se promulgara en octubre de 2022.
La CE supuestamente advirtió a las empresas que tendrían que cambiar sus normas de moderación de contenidos aplicables a nivel mundial para cumplir con la DSA o se enfrentarían a multas de hasta el 6 % de sus ingresos globales y a posibles prohibiciones en el mercado europeo.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes afirmó en un comunicado que, en más de 100 reuniones a puerta cerrada celebradas desde al menos 2020, la CE, el brazo ejecutivo de la UE, "presionó repetidamente a las plataformas para que cambiaran sus normas de moderación de contenidos aplicables a nivel mundial con el fin de censurar de forma más agresiva los contenidos e infringir directamente la libertad de expresión online de los estadounidenses en Estados Unidos".
Un correo electrónico interno de Google al que hace referencia el comité afirma que el personal de Google discutió internamente que "realmente no tenemos otra opción" en cuanto a la participación en una reunión del subgrupo del Código contra la Desinformación.
Entre los temas censurados en nombre de la "lucha contra el discurso de odio y la desinformación" se encontraban la pandemia de COVID-19, la migración masiva y las cuestiones transgénero, según el comité.
Contramedidas a nivel estatal
Jordan también confirmó a Shellenberger que estudiaría la Ley GRANITE. La Ley GRANITE es una propuesta legislativa para proteger a las personas y plataformas con sede en Estados Unidos de la censura extranjera y la regulación extraterritorial de contenidos.El abogado Preston Byrne declaró por correo electrónico a The Epoch Times que su iniciativa legislativa a nivel estatal podría servir de modelo para una respuesta estadounidense más amplia.
"La Ley GRANITE de Wyoming, si se promulga, entraría en vigor el 1 de julio", afirmó.
"Esperamos que, si se promulga, las grandes empresas de Internet estadounidenses que son objeto de la censura extranjera comiencen a trasladar inmediatamente sus servidores a los centros de datos de Wyoming para prepararse para su entrada en vigor, de modo que puedan beneficiarse de la protección".
Byrne afirmó que la ley GRANITE impone una "sanción incluso por amenazar a un ciudadano estadounidense: Si envían cualquier comunicación en la que intenten aplicar una ley de censura a una persona estadounidense, los estadounidenses pueden responder a esa comunicación con una demanda".
Los sistemas de tipo DSA "están diseñados como mecanismos de intimidación", afirmó Byrne, y añadió que GRANITE es una de las posibles soluciones que "entendemos que está siendo considerada por el Congreso de Estados Unidos".
"GRANITE rompe esos sistemas y obliga a los censores a volver a la mesa de diseño: Si quieren llevar a cabo la censura en un mundo post-GRANITE sin arriesgarse a una titánica demanda estadounidense, tendrán que hacerlo ellos mismos, sirviendo órdenes directamente a sus propios ISP".
"Si quieren la censura, tendrán que ir hasta el final y aceptar las consecuencias políticas de hacerlo, o abandonar el proyecto".
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la CE para recabar sus comentarios.
Una portavoz de la CE declaró previamente a The Epoch Times por correo electrónico que las acusaciones "son pura tontería" y "completamente infundadas".
"Fíjese en los índices públicos online sobre libertad de expresión. Todos los países que encabezan esa lista proceden de una parte del mundo: Europa", afirmó.
