El Departamento del Tesoro anunció la ejecución de una operación a gran escala dirigida a más de 100 empresas de servicios monetarios que operan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, como parte de la campaña de la administración Trump para frenar el lavado de dinero de los cárteles a través del sistema financiero estadounidense.
La operación, anunciada el 22 de diciembre por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, se enfocará en examinar las empresas de servicios monetarios (MSB) que operan a lo largo de la frontera suroeste para detectar posibles incumplimientos de las normas destinadas a detectar el lavado de dinero y desarticular las finanzas ilícitas.
La operación forma parte de los esfuerzos continuos de la administración Trump para combatir los cárteles y otras redes criminales transnacionales cuyas acciones perjudican a las comunidades estadounidenses y amenazan la seguridad nacional.
"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está utilizando todas las herramientas a su alcance para detener a los cárteles terroristas, los narcotraficantes y los traficantes de personas", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
"Esta operación de gran envergadura ayudará a erradicar el posible lavado de dinero vinculado con los cárteles en el sistema financiero estadounidense".
Las empresas de servicios monetarios incluyen proveedores financieros no bancarios, como casas de cambio, empresas de cambio de cheques y transmisores de dinero.
Los funcionarios del Departamento del Tesoro dicen que dichas empresas enfrentan una mayor exposición a las finanzas ilícitas en las regiones fronterizas, donde los narcotraficantes y las redes de contrabando tratan de mover sus ganancias en pequeñas transacciones estructuradas diseñadas para evitar ser detectadas.
La nueva operación, basada en datos y que fue descrita por la FinCEN como "la primera de su tipo", fue posible gracias a los esfuerzos de modernización del Departamento del Tesoro, incluido el uso de tecnología avanzada para transformar la información financiera fragmentada en pistas de investigación para combatir los delitos financieros de manera más eficaz.
La agencia declaró que la operación se basa en el análisis de más de un millón de informes de transacciones monetarias y aproximadamente 87,000 informes de actividades sospechosas presentados por instituciones financieras.
La agencia está identificando posibles incumplimientos de la Ley de Secreto Bancario que podrían justificar sanciones civiles, medidas cautelares, cartas de advertencia o remisiones penales, mediante el uso de un procesamiento de datos de alto rendimiento, declaró.
Según la agencia, la operación ya ha emitido seis notificaciones de investigación, enviado decenas de remisiones de examen al IRS y más de 50 cartas de divulgación sobre el cumplimiento normativo.
Esta iniciativa marca una intensificación en la aplicación específica de las normas destinadas a combatir los delitos financieros, y la FinCEN dice que análisis avanzados pueden generar "pistas confiables a nivel de decisión a gran escala" para que los reguladores y las autoridades policiales puedan actuar.
La administración Trump ha vinculado cada vez más la aplicación de la ley financiera con la seguridad nacional, tras la decisión del presidente Donald Trump a principios de este año de designar a varios carteles de la droga con sede en México como organizaciones terroristas extranjeras.
La designación amplió la autoridad del gobierno para congelar activos y aplicar sanciones relacionadas con la financiación de los carteles.
La aplicación de la ley se presenta tras las controvertidas normas de información fronteriza
La última campaña de aplicación de la ley se basa en una serie de órdenes de focalización geográfica (GTO) emitidas a principios de este año que redujeron los umbrales de las notificaciones de las transacciones en efectivo para las empresas de servicios monetarios en determinadas zonas fronterizas.En marzo, la FinCEN impuso una orden temporal que exigía a las empresas de servicios monetarios de 30 códigos postales de California y Texas que notificaran las transacciones en efectivo de tan solo 200 dólares, frente al umbral de 10,000 dólares establecido desde hace tiempo en la Ley de Secreto Bancario.
Esta medida desencadenó demandas por parte de empresas de la zona fronteriza, que argumentaron que el requisito era arbitrario, oneroso y perjudicial para el comercio legítimo.
En junio, un juez federal de Texas concedió una orden de restricción temporal que eximió a dos empresas de la zona de El Paso de la aplicación de la norma, aduciendo el diseño geográfico de la misma y la desproporcionada carga que suponía su cumplimiento.
"El expediente administrativo refleja que el gobierno [estadounidense] no tuvo en cuenta ni ofreció una conclusión sin fundamento sobre al menos dos aspectos importantes del problema: (1) existen medidas sencillas que los miembros del cártel pueden adoptar para que la GTO fronteriza resulte completamente ineficaz, y (2) las empresas inocentes pueden verse profundamente perjudicadas si se encuentran en el lado 'equivocado' de una calle de El Paso", escribió el juez federal de distrito Leon Schydlower en una sentencia del 24 de junio en la que concedía una medida cautelar, que solo se aplicaba a los demandantes y no detenía la política en todo el país.
Posteriormente, la administración Trump permitió que expirara la orden del umbral de 200 dólares y la sustituyó por una GTO modificada que elevaba el umbral de notificación a 1000 dólares, ampliando la cobertura a partes de Arizona y prolongando los plazos de presentación para aliviar las presiones de cumplimiento. Esa orden revisada se mantendrá en vigor hasta marzo de 2026.
"La FinCEN ahora está emitiendo una nueva GTO para combatir las transacciones ilícitas, al tiempo que mitiga la carga sobre las empresas legítimas", dijo la agencia el 8 de septiembre, y añadió que la GTO reeditada "seguirá garantizando que las fuerzas del orden puedan negar el acceso al sistema financiero estadounidense a las personas y entidades asociadas a estos grupos".
Algunos defensores de las libertades civiles y grupos de libre mercado han visto con malos ojos lo que describen como una ampliación de la vigilancia financiera sin orden judicial establecida por las nuevas normas.
"Esto convierte un sistema de vigilancia financiera que ya es enorme, intrusivo y oneroso en un sistema aún más grande", declaró Rob Johnson, abogado senior del Institute for Justice, en una entrevista anterior con The Epoch Times.
Nicholas Anthony, analista político del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato, dijo en una nota que el umbral de 10,000 dólares para los informes de transacciones monetarias debió haberse reformado hace mucho tiempo. Sin embargo, argumentó que debería aumentarse, y no reducirse, para tener en cuenta la inflación.
"Sin embargo, en lugar de eso, estamos asistiendo a un aumento drástico de la vigilancia financiera, lo que agrava aún más el problema", escribió Anthony.
"Ya sea la mafia o el cártel, el crimen organizado no es fácil de combatir".
"Sin embargo, este desafío no significa que se les deba disminuír los derechos a los estadounidenses en aras de la justicia".
El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud anterior de comentarios sobre las críticas al GTO y su reducción del umbral de notificación. Sin embargo, en respuesta a una de las demandas, los abogados del gobierno estadounidense argumentaron que las reclamaciones sobre la carga que representa el cumplimiento de las normas para las empresas eran "exageradas" y que las normas están justificadas porque las empresas de servicios monetarios de la frontera suroeste son "especialmente vulnerables" a los abusos de lavado de dinero relacionados con los cárteles.
Con información de Kevin Stocklin.
