El Departamento de Estado de EE. UU. impuso restricciones de visado a cinco figuras europeas, entre ellas un excomisario de la Unión Europea y varios activistas, acusándolos de orquestar esfuerzos para presionar a las plataformas tecnológicas estadounidenses para que censuren la libertad de expresión de los estadounidenses.
La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio el 23 de diciembre, provocó la rápida condena de la UE, Francia y Alemania, lo que tensó aún más las relaciones transatlánticas en materia de regulación digital y libertad de expresión.
El anuncio de las restricciones de viaje se produce en medio de la oposición de Estados Unidos a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, una ley histórica que, según los funcionarios europeos, tiene por objeto combatir el discurso de odio, la desinformación y la información errónea, pero que, según Washington y otros críticos, coarta la libertad de expresión e impone costes a las empresas tecnológicas estadounidenses.
Al comentar la prohibición de visados, Rubio dijo que las personas afectadas "han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo".
Rubio acusó a lo que describió como "activistas radicales y ONG instrumentalizadas" de promover campañas de censura extranjeras dirigidas a oradores y empresas estadounidenses, y añadió que sus actividades suponían "consecuencias potencialmente graves para la política exterior" de Estados Unidos.
La política exterior "America First" del presidente Donald Trump rechaza cualquier violación a la soberanía estadounidense, añadió Rubio, advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional podría proceder a la deportación de las personas afectadas si se encontraban en Estados Unidos.
"La extralimitación extraterritorial de los censores extranjeros que se dirigen contra la libertad de expresión estadounidense no es una excepción", afirmó Rubio. "El Departamento de Estado está dispuesto a ampliar la lista actual si otros actores extranjeros no cambian de rumbo".
Un excomisario de la UE entre los afectados
Aunque Rubio no nombró a las personas afectadas por las prohibiciones de viaje, la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública, Sarah Rogers, las identificó en publicaciones en las redes sociales. La figura más destacada es Thierry Breton, exministro de Finanzas francés que se desempeñó como comisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024 y fue uno de los principales artífices del reglamento digital del bloque.Rogers describió a Breton como el "cerebro" detrás de la DSA y lo acusó de amenazar a ejecutivos tecnológicos estadounidenses, entre ellos Elon Musk, por disputas sobre la moderación de contenidos relacionadas con la plataforma de redes sociales de Musk, X. Breton y Musk se han enfrentado públicamente en repetidas ocasiones por las normas tecnológicas de la UE, y Musk llegó a ridiculizar a Breton calificándolo como un "tirano de Europa".
Breton reaccionó a la prohibición de visados en una publicación en X, defendiendo la DSA y acusando a Washington de perpetuar una "cacería de brujas".
"¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy?", escribió Breton. "Como recordatorio: el 90 % del Parlamento Europeo —nuestro órgano elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad [a favor] de la DSA. A nuestros amigos estadounidenses: 'La censura no está donde ustedes creen'".
Activistas y ONGs afectadas por la prohibición de viajar
Las otras personas sujetas a la prohibición de visados son Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, con sede en Estados Unidos; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización sin ánimo de lucro alemana HateAid; y Clare Melford, cofundadora del Índice Global de Desinformación (GDI).Rogers acusó a Melford, entre otros, de calificar falsamente el discurso en Internet como odio o desinformación y de fomentar la inclusión en listas negras y la desmonetización de los medios de comunicación estadounidenses utilizando fondos públicos. Melford dijo anteriormente que el objetivo del GDI era socavar el modelo de negocio de lo que considera contenido online perjudicial, ayudando a los anunciantes a evitar financiar contenidos "polarizantes y divisivos".
Un portavoz del GDI calificó las prohibiciones de viaje de "inmorales, ilegales y antiamericanas" y de "ataque autoritario a la libertad de expresión y acto atroz de censura gubernamental".
El Ministerio de Justicia alemán dijo que apoya a los dos activistas alemanes y calificó como inaceptables las prohibiciones de visado contra ellos, añadiendo que HateAid apoyaba a las personas afectadas por el discurso de odio en Internet.
"Cualquiera que describa esto como censura está tergiversando nuestro sistema constitucional", afirmó en un comunicado. "Las normas por las que queremos regirnos en el espacio digital en Alemania y en Europa no se deciden en Washington".
La Comisión Europea condenó las restricciones de viaje y defendió la DSA, afirmando en un comunicado que había solicitado más información a Washington sobre las medidas e insistiendo en que la UE tiene el derecho soberano de regular la actividad económica.
"Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas de forma imparcial y sin discriminación", afirmó la Comisión.
"Si es necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía reguladora frente a medidas injustificadas".
El presidente francés, Emmanuel Macron, también se pronunció al respecto, afirmando en una publicación en X que las prohibiciones de viaje "equivalen a intimidación y coacción destinadas a socavar la soberanía digital europea".
