El 29 de diciembre, la Cámara de Comercio de Estados Unidos apeló el fallo de un juez federal que ratificaba la decisión de la administración Trump de aumentar la tarifa de los visados H-1B para empleados en ocupaciones especializadas a 100,000 dólares.
La jueza de distrito estadounidense Beryl Howell, con sede en Washington, emitió un fallo el 23 de diciembre, negándose a bloquear el aumento de la tarifa. Howell también emitió un fallo sumario a favor de la administración Trump.
Antes del cambio de política, la tarifa oscilaba entre 2000 y 5000 dólares, dependiendo del tamaño de la empresa.
Entre los demandantes se encontraban la Cámara de Comercio —una federación empresarial con unos 300,000 miembros directos— y la Asociación de Universidades Americanas, que representa a 69 universidades de investigación con sede en Estados Unidos. Ambas demandaron para bloquear la política.
El presidente Donald Trump firmó la Proclamación 10973 el 19 de septiembre, que exige el pago de la tarifa de 100,000 dólares antes de que se procesen las solicitudes de los empleadores para nuevas visas H-1B.
"El reemplazo a gran escala de trabajadores estadounidenses mediante el abuso sistemático del programa ha socavado nuestra seguridad económica y nacional", afirmaba la proclamación.
"Algunos empleadores, utilizando prácticas ya ampliamente adoptadas por sectores enteros, han abusado de la ley H-1B y sus regulaciones para suprimir artificialmente los salarios, lo que derivó en un mercado laboral desventajoso para los ciudadanos estadounidenses, a la vez que dificultó la atracción y retención del subgrupo de trabajadores temporales más cualificados. El mayor impacto se observa en los campos críticos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)".
Los demandantes argumentaron que la proclamación excedía la autoridad de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado.
Argumentaron que el cambio de política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que rige dichos procedimientos de los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes.
El senador Pat McCarran (D-NV) afirmó que la ley era "una declaración de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos son controlados o regulados de una forma u otra por agencias del gobierno federal".
Los demandantes también argumentaron que el país se beneficia de los trabajadores con visa H-1B y que el programa fomenta la innovación de productos y aumenta la competitividad del sector manufacturero, señaló Howell en su opinión escrita.
Sin embargo, el juez determinó que la legalidad de la proclamación y su implementación se basan en "una interpretación directa de los estatutos del Congreso que otorgan al presidente amplia autoridad para regular la entrada a Estados Unidos tanto de inmigrantes como de no inmigrantes".
La proclamación se emitió de conformidad con las facultades que el Congreso otorgó al presidente, y las medidas adoptadas para implementarla no violan la Ley de Procedimiento Administrativo, declaró la juez.
La juez añadió que este fallo a favor del gobierno federal "no pretende desestimar ni subestimar las contribuciones pasadas y actuales de los trabajadores H-1B a la economía estadounidense que destacan los demandantes".
El impacto del programa en la economía o la seguridad nacional de Estados Unidos, "ya sea positivo o negativo, simplemente no se discute en este caso", afirmó.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo que "los asuntos de política económica y exterior generalmente se confían a las ramas políticas del gobierno y rara vez son objeto de intervención judicial", declaró Howell.
El recurso de apelación presentado por los demandantes el 29 de diciembre solicita a la corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que revise la decisión de Howell.
El breve documento no explica por qué los demandantes apelan la decisión del juez.
El programa H-1B permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren "la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados y una licenciatura o título superior en una especialidad específica directamente relacionada (o su equivalente) como mínimo para el ingreso a la ocupación en Estados Unidos", según la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (CIS).
Las ocupaciones especializadas cubiertas por el programa incluyen ingeniería, matemáticas, arquitectura, medicina y salud, educación, derecho y contabilidad.
El número de visas H-1B emitidas anualmente tiene un límite de 65,000, con 20,000 adicionales para quienes poseen títulos universitarios estadounidenses avanzados.
Mientras tanto, California y otros 19 estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, también están demandando a la administración Trump por el aumento en la tarifa de la visa H-1B.
La Fiscal General de California, Bonta, afirmó que la tarifa de 100,000 dólares para la visa "crea cargas financieras innecesarias e ilegales para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios vitales, lo que agrava la escasez de mano de obra en sectores clave".
"La administración Trump cree que puede aumentar los costos a su antojo, pero la ley dice lo contrario", declaró Bonta al presentar la demanda ante una corte federal el 12 de diciembre.
