El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) está actualizando sus políticas relacionadas con la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA) tras las preocupaciones sobre el "fraude generalizado" cometido por los inmigrantes que solicitan el programa, según informó la agencia en un comunicado el 22 de diciembre.
Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales que deseen traer a sus familiares a Estados Unidos mediante el proceso de inmigración familiar deben presentar solicitudes para patrocinar a sus familiares. Sin embargo, esto crea una situación en la que el solicitante podría abusar de los familiares inmigrantes amenazándolos con retener la solicitud.
La VAWA, aprobada en 1994, tenía como objetivo resolver este problema. La VAWA permite a los inmigrantes que han sido víctimas de abusos por parte de sus familiares ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales solicitar de forma independiente la clasificación de inmigrante sin que el agresor lo sepa.
Sin embargo, ha habido "nuevas tendencias alarmantes" en relación con las solicitudes de VAWA, según la USCIS.
Por lo general, el número de solicitudes independientes recibidas por la agencia cada año solía crecer a un ritmo similar al de otros beneficios de inmigración. Pero ha habido un "aumento sin precedentes" en las solicitudes de VAWA desde 2020, según la agencia.
"Entre los años fiscales 2020 y 2024, el número total de solicitudes independientes del formulario I-360 VAWA aumentó aproximadamente un 360 % y los solicitantes independientes varones aumentaron un 259 %", dijo el USCIS.
“También observamos un aumento del 2239 % en el número de padres que presentaron autopeticiones de VAWA entre los años fiscales 2020 y 2024. Tradicionalmente, estas personas no solían solicitar la VAWA. Cuando los extranjeros no cualificados hacen un uso indebido del programa VAWA, se producen importantes retrasos en la tramitación, lo que perjudica a los sobrevivientes con reclamaciones legítimas”.
Según las normas actualizadas relativas a las parejas casadas, ahora se exige al solicitante que demuestre que contrajo matrimonio de buena fe con el presunto agresor, aportando pruebas primarias de la relación matrimonial.
La política aclara que el solicitante debe residir con el presunto agresor para que la relación se considere válida en virtud de la VAWA.
"Esto supone un cambio con respecto a la política anterior del USCIS, que permitía que el solicitante hubiera residido con el agresor en el pasado", según la alerta de política del 22 de diciembre de la agencia.
El USCIS dijo que cree que esta interpretación garantiza "la preservación de la integridad del programa y la protección continua de las víctimas que cumplen los requisitos". Las normas añaden una aclaración sobre lo que constituye un matrimonio de buena fe y una separación.
La agencia también proporcionó contexto sobre cómo considera el "buen carácter moral" y la "agresión y crueldad extrema" a la hora de adjudicar las autopeticiones de la VAWA.
Según la alerta, “el USCIS debe tener en cuenta la motivación y el impacto del presunto daño, y no solo la cuestión de si se produjo o no una conducta dañina”.
El USCIS dijo en su comunicado que los nuevos requisitos para las solicitudes individuales de la VAWA garantizan que la agencia esté mejor equipada para “proteger la integridad del programa, combatir el fraude y gestionar el programa VAWA tal y como lo prevé el Congreso”.
Protección contra el abuso
Todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio o de ciudadanía, tienen garantizadas protecciones básicas, incluida la protección contra la violencia doméstica.Las víctimas tienen derecho a obtener una orden de protección para ellas y sus hijos, solicitar la separación legal o el divorcio sin el consentimiento de su cónyuge, solicitar la custodia de los hijos y la manutención económica, y compartir determinados bienes conyugales.
Además, "si su agresor lo acusa de un delito, usted tiene derechos básicos, independientemente de su estatus migratorio o de ciudadanía, entre los que se incluyen: el derecho a hablar con un abogado; el derecho a no responder a preguntas sin la presencia de un abogado; el derecho a hablar en su defensa", afirmó el USCIS.
En enero, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres por parte de Extranjeros Ilegales, que establece que los inmigrantes condenados o que admitan haber cometido actos de violencia doméstica o delitos sexuales serán considerados inadmisibles en los Estados Unidos, según un comunicado de prensa del 16 de enero de la oficina de la representante Nancy Mace (R-S.C.).
Sin embargo, la Comisión de Mujeres Refugiadas se opuso al proyecto de ley en un comunicado del 17 de enero, advirtiendo que el proyecto de ley perjudicaría a las mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, ya que existía la posibilidad de que fueran detenidas y procesadas a pesar de ser víctimas.
"Las sobrevivientes de violencia doméstica son vulnerables a ser detenidas y procesadas como agresoras, ya sea por acusaciones falsas de sus agresores o cuando actúan en defensa propia", dijo el grupo.
“También pueden enfrentarse a un proceso judicial por ‘no proteger’ a sus hijos de presenciar el abuso que sufren, lo que en la práctica supone castigar a las víctimas por ser maltratadas”.
Aunque el proyecto de ley se envió al Senado en enero y se remitió a la Comisión de Justicia, desde entonces ha permanecido en el limbo.
