El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, negó este jueves que su país pueda irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de la exprimera ministra Betssy Chávez, que permanece en ese lugar asilada por México, porque es respetuoso del derecho internacional.
El jefe del gabinete respondió que esa posibilidad es una "hipótesis negada", en entrevista con Canal N, y agregó que "Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano".
"Mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas", afirmó Álvarez.
No obstante, el primer ministro indicó que: "denunciaremos a México oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano", al ser consultado sobre la injerencia en temas internos que Lima atribuye a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Álvarez reiteró que Chávez, procesada en Perú por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), no podrá salir del país "si no es por un mandato expreso, avalado por la cancillería", en referencia al salvoconducto que necesita para abandonar Lima.
El gobierno del presidente interino José Jerí informó que sometería a consultas de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación de la Convención de Caracas, que regula el asilo político diplomático, antes de emitir el salvoconducto para Chávez.
En ese sentido, Álvarez dijo que ese tiempo de consultas depende de la OEA y de la voluntad de los países, pues "pueden pasar meses o quizás se resuelva en pocas semanas".
Confirmó que el canciller peruano, Hugo de Zela, va a exponer lo ocurrido ante la OEA y que "este no es el primer caso, ya hay una práctica continua, sistemática", de refugiar a personas que han sido acusadas formalmente y en un trámite regular de delitos establecidos en el Código Penal e infracciones a la Constitución.
Chávez fue detenida en junio de 2023 y, hasta septiembre de este año, estuvo encarcelada en prisión preventiva por su supuesta participación en el intento de golpe, caso por el que la Fiscalía pide una pena 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
La ex primera ministra salió en libertad al reconocer el Tribunal Constitucional que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional, y hace dos semanas recibió el asilo por parte del Gobierno de México, que la acogió en la residencia del embajador, donde permanece hasta ahora.
Desde que el gobierno de Sheinbaum otorgó el asilo a Chávez, el Ejecutivo peruano decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
