Las elecciones del Poder Judicial que se realizaron en México constituyen un retroceso en la impartición de la justicia en México, coincidieron varios jueces y magistrados.
“En todas las democracias, en todos los estados modernos, siempre hay un equilibrio de poderes. Siempre hay un sistema de contrapesos y cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo emite un acto autoritario, el Poder Judicial lo tiene que frenar”, dijo a The Epoch Times el Juez de distrito en Guanajuato, Ulises Fuentes Rodriguez.
Este equilibrio de poderes, propio de toda república democrática —con la separación en sus tres ramas, ejecutivo, legislativo y judicial—, ha quedado mermado tras la reforma al poder judicial y las primeras elecciones realizadas el pasado 1 de junio, según detallaron a The Epoch Times varios magistrados y jueces mexicanos con más de 20 años de experiencia.
Bajo la aplicación de la reforma judicial aprobada por el Congreso de México el año pasado, se pidió por primera vez a los ciudadanos mexicanos que votaran para elegir los 881 cargos a jueces y magistrados federales y funcionarios judiciales de 19 estados, que habían sido preseleccionados en febrero a través de un sorteo, algo inédito en el país.
La reforma judicial fue propuesta en febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente fue aprobada en el Congreso en septiembre —por una mayoría legislativa del partido político Morena, fundado por López Obrador—, unos días antes de terminar su periodo presidencial.
“En este último tramo, la verdad, la primera lectura que se hizo, es que era como un paquete de reformas constitucionales y legales, más de corte testimonial con fines electorales”, dijo a The Epoch Times la abogada Claudia Aguilar Barroso, especializada en derecho constitucional.
La reforma judicial planteada por el exmandatario cambió la forma de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial que se basaba en la experiencia profesional y evaluación de la experiencia, a uno basado en el voto popular.
Este cambio debilita la experiencia necesaria de los aspirantes a jueces y magistrados, y la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, coincidieron los jueces y magistrados mexicanos.
"Yo tuve que presentar el concurso en 4 ocasiones y logré aprobar a la quinta ocasión; en ese concurso participamos 1800 abogados de todo el país y solo aprobamos el examen en sus tres etapas 18 personas, que accedimos al cargo de juez federal", dijo el juez Ulises Fuentes, con 26 años de carrera judicial en Poder Judicial de la Federación.
Añadió que con el voto popular la mayoría de abogados que están llegando al poder judicial a través de estas elecciones no tienen la experiencia que se requiere para ejercer la carrera judicial.
"Ser juez requiere de conocimiento, de una carrera. No puede ser juez cualquiera, y mucho menos con un sistema jurídico tan complicado como el mexicano", dijo Gerardo De la Concha, escritor y asesor estratégico para dependencias de gobierno. "El sistema jurídico mexicano es escrito, no es derecho oral, Entonces, si no estudias mucho, no lo vas a poder aplicar adecuadamente".
Antes de la reforma constitucional, los jueces y magistrados debían ser licenciados en derecho con 5 a 10 años de experiencia, tener de 30 a 35 años y aprobar un examen de alto nivel de complejidad que se realizaba en tres etapas: un examen de conocimientos, un examen práctico de resolver un caso real y hacer una sentencia, y un examen oral frente a un jurado muy exigente.
Ahora con la reforma judicial, para ser juez, magistrado o ministro de la corte, se requiere tener promedio de 8 de calificación en la licenciatura en derecho (el máximo es 10), 5 cartas de recomendación de vecinos y una exposición de motivos.
“Ningún ministro de la corte que acaba de ganar las elecciones, tiene experiencia o carrera judicial y todos son simpatizantes de Morena”, agregó Fuentes.
Un ejemplo son los nueve integrantes de la Suprema Corte y los cinco integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina que ganaron las elecciones, quienes son cercanos a Morena o trabajaron para el expresidente López Obrador.
José Manuel de Alba, Magistrado de Circuito en Jalapa, capital del estado de Veracruz y que sirvió por 20 años, declaró que "los jueces no deben de ser elegidos”.
“Los jueces no somos representantes del pueblo. El Ejecutivo y el Legislativo sí son los representantes precisamente de la población. Ellos hacen las leyes. Ellos las ejecutan y nosotros estamos para el cuidado de las mismas", dijo a The Epoch Times.
Además, añadió que "se está destruyendo el Estado de derecho en México", un principio de gobernanza por el que las personas, instituciones públicas y privadas y el gobierno mexicano, están sometidas a leyes que se promulgan y se hacen cumplir por igual aplicándose con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Beatriz Moguel Ancheyta, magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Xochitepec, Morelos, dijo a The Epoch Times que la elección popular de ministros, jueces y magistrados del poder judicial va a redundar en menor independencia, en menor calidad y en mayor posibilidad de que los jueces estén sometidos al poder político.
“Esto es importante porque la intención de reformar no era tanto causar una reforma a los procedimientos jurídicos, sino la intención de reformar era quitar a los titulares federales jurisdiccionales y poner a otro”, resaltó.
Moguel indicó que la carrera judicial era una garantía de independencia, y esta falta de independencia redunda nuevamente en contra del pueblo, “porque el pueblo necesita un poder judicial independiente que lo defienda de los otros dos poderes”, declaró.
El magistrado federal Leonardo González Martínez, con 21 años en el Poder Judicial Federal, también expresó su preocupación por la pérdida de experiencia a través del sistema de carrera judicial, que se estableció en México desde los años noventa.
“Durante treinta años México cultivó funcionarios que fueran ascendiendo poco a poco y tuvieran esto que se llamó la carrera judicial, como el ascenso poco a poco de todos los puestos hasta llegar a magistrado o juez. Esta carrera judicial se terminó con la reforma judicial”, declaró el magistrado.
También señaló que antes de la reforma judicial y antes de la elección, México tenía los estándares de impartición de justicia más altos de cualquier país de Latinoamérica y al nivel de cualquier corte internacional o europea, y la reforma judicial lo alteró.
“Ya no es por carrera judicial, ya no es por mérito. Ahora los candidatos tienen que entrar en un comité de evaluación, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que ya no va a ser autónomo, va a pertenecer al Estado”, detalló.
La reforma judicial sustituyó también al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial, por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Estará integrado por cinco miembros y puede recibir denuncias de cualquier persona o autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
El TJD también tendrá la facultad de imponer sanciones —incluidas suspensiones, multas, destituciones e inhabilitaciones—, y presentar cargos penales o solicitar el enjuiciamiento de jueces.
González dijo que ante las nuevas condiciones que impuso la reforma, el Tribunal de Disciplina Judicial se podrá convertir fácilmente “en un órgano inquisitorio que va a poder despedir, cesar a jueces incómodos para el gobierno”.
Este órgano es "donde tendría que haberse puesto hincapié de una reforma para hacerlo más fuerte, más eficiente, más efectivo en su control del trabajo de los jueces", coincidió De la Concha. "Pero no tenían intención de reformar. Tenían intención de desaparecer otro poder del Estado que podía hacerles contrapeso".
Tras la reforma y las elecciones se dio una "destrucción del poder judicial", dijo, "y lo que cae es una república como forma establecida de gobierno y también de gobernabilidad".
Una demanda en proceso
El juez Fuentes dijo que el 22 de mayo un grupo de más de 400 jueces y magistrados mexicanos presentaron una demanda contra el gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusándolo de desprofesionalizar la función de impartir justicia en el país. A través de esta demanda buscan, dijo, revertir la reforma e invalidar las elecciones.A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron preocupaciones sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial, en un informe preliminar de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicado el 6 de junio.
Tras las elecciones, el órgano regulador, el Instituto Nacional Electoral (INE), anunció los resultados de las elecciones del Poder Judicial con una participación ciudadana del 12.57 % y el 13.32 %, lo que la OEA también señaló como algo preocupante por su baja participación.
La Relatoría Especial de la ONU además advirtió en el mismo informe que la elección popular podría politizar el Poder Judicial, subordinando decisiones técnicas a intereses electorales.
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