WASHINGTON—El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 11 de diciembre a tres familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y a seis empresas, junto con los buques petroleros que operan.
Tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, fueron agregados a la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
"Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
Dos de los hombres sancionados, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, son conocidos narcotraficantes. Ambos fueron arrestados en Haití en 2015 y condenados en 2016 por transportar cientos de kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.
El presidente Joe Biden concedió el indulto a los dos hombres en 2022, y funcionarios estadounidenses afirmaron que desde entonces habían regresado a Venezuela y habían reanudado el tráfico de drogas.
"Estas sanciones deshacen el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, permitiendo su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense", dijo Bessent.
Carlos Erik Malpica Flores, extesorero de Venezuela y vicepresidente de Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, fue sancionado por segunda vez. Anteriormente fue objeto de sanciones durante la primera administración Trump. Biden también eliminó su nombre de la lista de sanciones en 2022.
Otros miembros de la familia que ya enfrentan sanciones incluyen al hijo de Maduro y los tres hijos de su esposa de su matrimonio anterior.
Un empresario panameño, Ramón Carretero Napolitano, también fue sancionado en la reciente orden por su papel en presuntamente ayudar al gobierno venezolano a evitar sanciones petroleras.
Se bloquearon seis empresas navieras y sus respectivos buques petroleros luego de que funcionarios estadounidenses consideraran ilegales sus actividades, ya que "utilizaban prácticas engañosas de navegación y seguían proporcionando recursos financieros que alimentan el corrupto régimen narcoterrorista de Maduro".
Según la orden, los operadores intentaban ocultar su ubicación y evitar ser detectados mientras cargaban combustible en puertos venezolanos.
La medida se produce después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero el 10 de diciembre y siguiera a una serie de ataques militares contra embarcaciones presuntamente involucrados en operaciones de tráfico de drogas.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen, a sus cómplices y a las empresas que lo sostienen por sus continuos crímenes", dijo Bessent.
Un funcionario indicó a los periodistas que la Casa Blanca está enfocada en detener las ventas ilegales de petróleo que financian la violencia y ponen en peligro a los estadounidenses.
"La administración Trump está implementando las políticas de sanciones del presidente y de Estados Unidos", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa el 11 de diciembre. "Y no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo los buques sancionados surcan los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes corruptos e ilegítimos en todo el mundo".
Los investigadores están entrevistando a miembros de la tripulación y buscando evidencia en el barco incautado, según el secretario de prensa.
"El buque está siendo actualmente sometido a un proceso de decomiso", dijo Leavitt, señalando que Estados Unidos tiene la intención de confiscar el petróleo.
"Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal seguirá".
Se bloquea la transferencia de toda propiedad en Estados Unidos o controlada por individuos o empresas estadounidenses de aquellos afectados por las sanciones, y todos los activos deben informarse a la oficina de control de activos extranjeros del Tesoro.
Las restricciones tienen como objetivo corregir actividades ilegítimas, según los funcionarios.
"El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento", se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro.
