La Casa Blanca dijo que más de 330 inmigrantes ilegales fueron arrestados por participar en los disturbios de Los Ángeles durante los últimos días y que ahora serán deportados de Estados Unidos.
En una rueda de prensa celebrada el miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que 113 de ellos "tenían antecedentes penales".
También informó que, en total, 157 personas fueron arrestadas por delitos de agresión y obstrucción, entre las que se incluyen inmigrantes ilegales y ciudadanos estadounidenses.
El miércoles, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que dos personas habían sido detenidas por lanzar cócteles Molotov a los agentes durante los recientes "disturbios civiles" en el centro de Los Ángeles, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Leavitt acusaron a uno de ellos de intento de asesinato de un agente.
El comunicado del DOJ en el que se anunciaban los cargos solo decía que la persona acusada de intento de asesinato, identificada por el DHS como un inmigrante ilegal, se enfrenta a cargos de posesión de un artefacto destructivo no registrado. El comunicado no mencionaba el intento de asesinato.
Uno de los hombres acusados fue identificado como Emiliano Gardúño Gálvez, de 23 años, de nacionalidad mexicana, que supuestamente lanzó un cóctel Molotov contra un agente durante los disturbios del sábado, según informaron las autoridades. Gálvez había sido deportado anteriormente y tenía antecedentes penales, entre ellos condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y por hurto mayor, según el DHS.
Además de Galvez, Wrackkie Quiogue, de 29 años, fue detenido por presuntamente lanzar cócteles Molotov a los agentes durante los disturbios. La situación migratoria de Quiogue no está clara, y también fue acusado de posesión de un artefacto destructivo no registrado, según el Departamento de Justicia.
"Cuando las protestas cruzan la línea de la violencia, las sanciones son graves", dijo el fiscal federal Bill Essayli en un comunicado.
"La posesión de un cóctel Molotov u otro dispositivo destructivo se castiga con hasta 10 años de prisión federal".
Añadió que los "ataques violentos", incluidos los perpetrados contra agentes durante los disturbios civiles, pudieron "causar heridas graves o incluso mortales a policías, alguaciles o personas inocentes".
Los investigadores están revisando vídeos del FBI, imágenes de las cámaras de vigilancia y contenido publicado en las redes sociales, dijo Essayli en una rueda de prensa. Las autoridades esperan presentar cargos contra más personas en los próximos días y semanas.
El delito de posesión de un dispositivo destructivo no registrado se castiga con hasta 10 años de prisión, dijo Essayli.
En la rueda de prensa, Leavitt también sugirió que los agitadores de Los Ángeles están siendo financiados por una fuente desconocida y dijo que es “es una pregunta que todos en esta sala deberían estar haciendo”. El presidente Donald Trump ha hecho comentarios y planteado preguntas similares sobre la financiación de las protestas y los disturbios en los últimos días.
Los comentarios se producen después de que Trump autorizara el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles debido a los disturbios. El presidente dijo que el despliegue militar es necesario porque el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, retrasaron su respuesta.
Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaron el martes una demanda para intentar bloquear el despliegue militar de Trump, pero un juez falló en contra de California y se negó a emitir una orden de restricción temporal contra el gobierno federal. Newsom dijo que Trump está incurriendo en una extralimitación federal y que no le consultó sobre el despliegue de la Guardia Nacional.
El martes por la noche, la policía de Los Ángeles impuso un toque de queda en el centro de la ciudad y realizó arrestos momentos después de su entrada en vigor, mientras desplegaba agentes a caballo y utilizaba proyectiles para controlar a la multitud con el fin de dispersar a un grupo de cientos de manifestantes.
El miércoles, el DHS reveló los nombres de nueve personas detenidas por las autoridades de inmigración en Los Ángeles el lunes y el martes que tenían antecedentes penales, entre ellos uno por homicidio y robo, así como otros por tráfico de drogas y conducta lasciva con un menor.
Con información de The Associated Press.
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