La administración Trump remitió esta semana a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al Departamento de Justicia (DOJ) para posibles cargos penales relacionados con un presunto fraude hipotecario.
Una denuncia penal enviada el 14 de abril por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (Federal Housing Finance Agency), William Pulte, alega que James, una demócrata que presentó una demanda civil contra los negocios del presidente Donald Trump, falsificó registros comerciales en cartas respaldadas federalmente para obtener mejores hipotecas para viviendas.
“Según informes de los medios, la Sra. Letitia James falsificó en múltiples ocasiones documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir asistencia y préstamos respaldados por el gobierno, así como condiciones crediticias más favorables”, se lee en la carta de Pulte dirigida a la fiscal general Pam Bondi y al fiscal general adjunto Todd Blanche.
“Esto incluye, potencialmente: 1) la falsificación del estatus de residencia para una vivienda ubicada en Norfolk, Virginia, con el fin de asegurar una tasa hipotecaria más baja, y 2) la tergiversación de descripciones de propiedades para cumplir con los estrictos requisitos de préstamos y asistencia respaldados por el gobierno”.
Pulte alega que James afirmó residir en Virginia para comprar una casa en Norfolk mientras ejercía como fiscal general del estado de Nueva York, cargo que requiere que resida en ese estado para mantenerse en funciones. Supuestamente, James cofirmó una hipoteca con su sobrina, Shamice Thompson-Hairston, para adquirir en conjunto una vivienda en Norfolk. Los términos de la hipoteca exigían que ambas usaran la casa como residencia principal a partir del 30 de octubre de 2023 y durante al menos un año.
En otro caso, Pulte acusó a James de no haber representado con precisión la descripción de una propiedad que posee en Brooklyn, con el fin de cumplir los requisitos para obtener un préstamo federal.
“La Sra. James, en ambas propiedades mencionadas anteriormente, parece haber falsificado registros con el fin de cumplir ciertos requisitos de préstamo y obtener condiciones crediticias favorables”, señaló Pulte en la carta.
La carta de Pulte también acusó a James y a su padre de haber firmado documentos hipotecarios en 1983, afirmando que “eran marido y mujer para obtener una hipoteca”, y añadió que nuevamente fue registrada como “marido y mujer” en documentos fechados en mayo de 2000.
“Aunque esto ocurrió hace mucho tiempo, plantea serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones de la Sra. James en solicitudes hipotecarias”, se lee en la carta.
The Epoch Times contactó a la oficina de la fiscal general de Nueva York el jueves para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes del cierre de edición.
En respuesta a la carta, un portavoz de su oficina dijo a medios de comunicación esta semana que la denuncia penal era un intento de intimidarla.
James actualmente “está enfocada cada día en proteger a los neoyorquinos, especialmente mientras esta administración utiliza al gobierno federal como arma contra el Estado de derecho y la Constitución”, dijo el portavoz. “No se dejará intimidar por matones, sin importar quiénes sean”.
En respuesta a las acusaciones de Pulte, Pam Bondi dijo a Fox News el miércoles que su oficina ahora está revisando la carta.
“Lo más que sé del caso, lo acabo de aprender de usted. Lo vi en las noticias de última hora esta mañana. Este caso nos fue enviado por Bill Pulte”, dijo. “Nadie en mi oficina lo ha leído todavía. Por supuesto, lo revisaremos. Usted acaba de decirme más de lo que yo sabía hasta ahora”.
James ha sido criticada por Trump en numerosas ocasiones desde que presentó una demanda contra su organización, la Trump Organization, por supuestamente inflar el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones de préstamo. Un juez determinó el año pasado que la empresa cometió fraude y ordenó el pago de una multa por $454 millones, una decisión que actualmente está siendo apelada.
En septiembre de 2024, jueces de la corte de apelaciones de Nueva York indicaron durante una audiencia sobre el caso que podrían limitar la decisión del juez. Cuestionaron si la oficina de James aplicó correctamente la ley, y uno de los jueces comentó que “tiene que haber algún límite sobre lo que la fiscal general puede hacer al interferir en estas transacciones privadas donde las personas no alegan haber sufrido daño”.
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