Una jueza mexicana cerró este miércoles el caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca, sur de México —que dejó 14 personas fallecidas y casi un centenar de lesionadas—, y ordenó la liberación inmediata de dos de los tres trabajadores procesados.
La decisión tomada en audiencia fue resultado de acuerdos para reparar el daño a las víctimas, alcanzados entre los familiares y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Secretaría de Marina.
La resolución de la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, Diana Isabel Ivens Cruz, implicó el cierre del proceso en su contra, bajo el expediente judicial 7/2026.
Los trabajadores liberados, el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despacho Ricardo Mendoza Cerón, estaban presos desde enero en el penal de El Amate, luego de haber sido vinculados por homicidio culposo y lesiones culposas por el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025.
El maquinista, tercer implicado en la causa, seguía prófugo hasta la información disponible este miércoles.
El cierre del caso ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el 8 de abril que 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
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En ese informe final, la FGR atribuyó el accidente al exceso de velocidad y a la negligencia de la tripulación, y responsabilizó penalmente al maquinista, al conductor y al jefe de despacho.
También descartó fallas en la infraestructura ferroviaria, al asegurar que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la norma, y que no procedía acción penal contra la Secretaría de Marina por la construcción u operación de la obra.
El descarrilamiento ocurrió en una zona montañosa con curvas, cuando cubría la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos.
El siniestro dejó primero 13 muertos y 98 lesionados, pero la cifra de fallecidos subió a 14 el 1 de enero tras la muerte de una mujer de 73 años.
El caso golpeó a uno de los proyectos ferroviarios prioritarios del gobierno mexicano en el sur-sureste del país, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que busca ser una alternativa al canal de Panamá, al conectar el océano Pacifico con el Atlántico por la parte más estrecha del territorio mexicano.
