El gobierno socialista español ha anunciado planes para conceder la regularización a alrededor de medio millón de inmigrantes ilegales.
La propuesta, presentada el 27 de enero, permitiría a unos 500,000 inmigrantes ilegales que ya viven y trabajan en España obtener la regularización a través de un proceso acelerado.
El proyecto de decreto ampliaría significativamente el acceso a los permisos de residencia y no requeriría la aprobación del Parlamento.
“Miles de migrantes en este país trabajan sin derechos y en condiciones de explotación. No tener papeles [estatus legal] es la forma que tiene el capitalismo, en estos tiempos, de continuar con la esclavitud en el siglo XXI. Por eso esta regularización es pura justicia social”, dijo Podemos, uno de los partidos de izquierda de España, el 26 de enero.
La ministra de Migración, Elma Saiz, declaró en una rueda de prensa que los inmigrantes ilegales que hayan vivido en España durante al menos cinco meses a finales de 2025 y que no tengan antecedentes penales podrán optar a los nuevos permisos.
"Una medida largamente trabajada, debatida y necesaria para responder a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en la convivencia y la economía", dijo en una publicación en X.
El plan también se aplicaría a los inmigrantes ilegales que solicitaron asilo antes de finales de año, pero cuyas solicitudes aún están pendientes.
España experimentó una inmigración a gran escala en los últimos años. En los últimos dos años, la población inmigrante de España ha aumentado considerablemente, con una inmigración externa neta que superó los 600,000 en 2024 solo, según el Instituto Nacional de Estadística de España.
Las estimaciones sugieren que a principios de 2023 había unos 686,000 inmigrantes ilegales en España, cifra que aumentará hasta los 840,000 en 2025, aunque las cifras exactas varían porque los inmigrantes ilegales no figuran en su totalidad en los registros oficiales.
Según el think tank español Funcas, España registró el segundo mayor número de solicitudes de asilo por primera vez en la Unión Europea en 2024, con unas 164,000 solicitudes, lo que representa el 18 % del total de casi un millón de solicitudes del bloque.
Alemania siguió siendo el principal destino, recibiendo aproximadamente una de cada cuatro solicitudes de asilo en toda la UE.
El grupo de solicitantes de asilo de España es diferente al de otros países de la UE.
Los estados del norte de Europa han recibido un gran número de solicitantes procedentes de Oriente Medio, mientras que España se ha convertido en un destino importante para los procedentes de América Latina.
Según datos de Funcas, los venezolanos representaron alrededor del 40 % de las primeras solicitudes de asilo en España, seguidos por los colombianos con un 24 %. Los peruanos representaron una proporción menor, alrededor del 6 %.
Decenas de miles de migrantes procedentes de África Occidental y África Subsahariana han llegado ilegalmente en los últimos años a España por vía marítima y terrestre, según ACAPS, una organización de análisis humanitario que realiza un seguimiento de las tendencias de desplazamiento e inmigración.
ACAPS afirmó que, entre enero y junio de 2024, las llegadas por mar a través de la ruta del Mediterráneo occidental ascendieron a casi 25 000, lo que supone un aumento del 96 % en comparación con el mismo periodo de 2023. La mayoría proceden de África Occidental y llegan a las Islas Canarias.
El plan del gobierno ha suscitado críticas por parte de la oposición.
Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox, afirmó que la propuesta actuaría como un "factor de atracción" para la inmigración ilegal.
En una publicación en X, Abascal afirmó que el primer ministro Pedro Sánchez estaba fomentando la inmigración ilegal y que el decreto "aceleraría" las llegadas ilegales. Abascal se opuso a la medida y pidió la repatriación y la deportación.
El líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, dijo que revocaría esas políticas si su Partido Popular ganara las próximas elecciones generales.
"En la España socialista, se premia la ilegalidad", dijo Feijóo, según cita el diario madrileño El País el 26 de enero.
La campaña a favor de la medida comenzó con una petición en 2024 que recibió más de 600,000 firmas, respaldada por varias organizaciones no gubernamentales y la Conferencia Episcopal Católica de España.
En una declaración reciente, los líderes católicos de España dijeron que la medida era “un acto de justicia social”.
La empresa privada de tramitación de visados y servicios de inmigración VisaHQ declaró que el gobierno español ha optado por un Real Decreto para evitar el riesgo de un bloqueo parlamentario después de que intentos similares se estancaran.
Afirmó que las asociaciones patronales han expresado en gran medida su apoyo al decreto, citando la escasez de mano de obra en la agricultura, la hostelería, la logística y el cuidado de personas mayores.
Con información de Reuters.
