Una juez federal bloqueó el uso de una base de datos migratoria por parte del gobierno de Trump para depurar padrones electorales estatales, argumentando que violaba el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.
La juez Sparkle Sooknanan, de la corte de Distrito del Distrito de Columbia, dictaminó el 22 de junio que el uso por parte del gobierno de una base de datos reestructurada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violaba varias leyes de privacidad al revelar los números de Seguro Social, el estatus migratorio y otros datos confidenciales de los estadounidenses.
"En definitiva, el gobierno federal ha pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto", escribió Sooknanan en su decisión de 75 páginas. "Esta corte no puede permanecer impasible mientras esto sucede".
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El presidente Donald Trump firmó el 25 de marzo de 2025 una orden presidencial titulada "Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses", en la que instruía a las agencias federales a desarrollar una base de datos centralizada para la verificación masiva de la ciudadanía en los registros electorales estatales.
Sooknanan escribió en su decisión que las agencias estaban "apresurándose" para cumplir con la directiva de Trump y violaron a sabiendas los derechos de los estadounidenses al crear la base de datos de manera "desorganizada".
Afirmó que la administración Trump sabía que los datos que se estaban introduciendo en el sistema eran inexactos y poco fiables.
"Los estados se han asociado con el gobierno federal para acceder a la base de datos y están eliminando activamente a ciudadanos estadounidenses de los padrones electorales", escribió Sooknanan.
Como parte de la directiva de Trump, la administración instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Administración del Seguro Social (SSA) y a otras agencias federales a reestructurar una base de datos existente del DHS utilizada para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio, denominada Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés).
La reforma del sistema implicó la inclusión de registros de ciudadanos estadounidenses por nacimiento, el acceso a los registros de la Administración del Seguro Social (SSA) y la autorización de búsquedas masivas de registros por parte de los usuarios de SAVE, según declaró Sooknanan.
Tras la orden de Trump, se presentaron varias demandas, entre ellas las de la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, que fueron demandantes en el caso que resolvió Sooknanan.
Según escribió Sooknanan, los miembros de estos grupos fueron identificados erróneamente como no ciudadanos por el sistema SAVE renovado, lo que provocó la cancelación de su registro electoral.
La juez coincidió con los demandantes en que la base de datos era ilegal en varios aspectos.
En primer lugar, el sistema violaba la Ley de Seguridad Social, que prohíbe la divulgación de los números de la Seguridad Social y otros registros de la Administración del Seguro Social (SSA), declaró Sooknanan. Los demandantes alegaron que la administración Trump violó esta ley al compartir información privada de la SSA con otras agencias y estados.
Sooknanan también dictaminó que el sistema violaba la Ley de Privacidad, que regula cómo las agencias federales mantienen y comparten información sobre los ciudadanos. Los demandantes alegaron que el gobierno federal violó esta ley al compartir información entre agencias sin su consentimiento.
Además, el juez afirmó que el sistema SAVE modificado violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, un marco normativo que rige la forma en que las agencias federales proponen y adoptan reglamentos o políticas.
"Por lo tanto, la corte anula y deja sin efecto el sistema SAVE modificado de 2025", escribió Sooknanan, porque era "contrario a la ley, arbitrario y caprichoso, excedía la autoridad legal y no respetaba el procedimiento exigido por la ley".
La administración Trump citó otras leyes federales como fundamento para la modificación del sistema SAVE, argumentando en contra de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante.
La Ley de Reforma y Control de Inmigración se promulgó en 1986. La administración Trump señaló una disposición de la legislación que establecía que el DHS debía implementar un sistema de verificación del estatus migratorio a disposición de los estados, pero el juez dictaminó que esta sección solo debía utilizarse para las solicitudes de beneficios de personas no ciudadanas.
En 1996, se promulgó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Se trata de una ley integral sobre la aplicación de la ley de inmigración que establece que el DHS debe responder a las consultas de agencias federales, estatales o locales sobre la verificación de la ciudadanía de las personas, que es lo que la administración Trump argumentó que hace el sistema SAVE.
Sin embargo, Sooknanan escribió que el gobierno federal "nunca ha necesitado datos de la SSA" para las verificaciones de ciudadanía.
"Ninguna de las disposiciones que citan los demandados respalda la reforma de SAVE", declaró Sooknanan.
Esta decisión es el último acontecimiento en una serie de acciones legales que se oponen a las iniciativas de Trump para la verificación de la ciudadanía y la integridad electoral, las cuales incluyen permitir que las autoridades estatales y locales utilicen bases de datos federales para verificar el estatus migratorio de las personas inscritas en el padrón electoral.
Además de la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, varios estados han presentado demandas para bloquear la obligación de entregar los padrones electorales al gobierno federal.
El Departamento de Justicia presentó demandas contra los estados que se niegan a entregar los registros.
Mientras tanto, una coalición de doce fiscales generales presentó peticiones ante las cortes de Massachusetts y Washington para defender las medidas de la administración Trump.
La Casa Blanca remitió a The Epoch Times al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que emitiera comentarios.
Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Administración del Seguro Social (SSA) respondieron a la solicitud de comentarios al momento de la publicación.
