Tras la aprobación en la Cámara de Representantes de EE. UU. de un proyecto de ley que beneficiaría a Vulcan Materials –empresa minera estadounidense que se encuentra en litigio con el gobierno de México por unos predios en el estado de Quintana Roo–, la presidente Claudia Sheinbaum declaró que de ser aprobada en el Congreso estadounidense, no surtirá efecto en México.
“No tendría ningún impacto porque no hubo una expropiación. Esta ley (...) [se aprobó] en la Cámara de Representantes y va al Senado. No tiene impacto porque no hubo una expropiación. Ahí claramente se dice en caso de expropiaciones”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa de hoy.
Sheinbaum reiteró que en el caso de la empresa Vulcan Materials y su filial CALICA –dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo–, no hubo expropiación, sino la emisión de un decreto de Área Natural Protegida.
La mandataria detalló que la declaración de área protegida se dio desde la perspectiva de medio ambiente, ya que hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó para la explotación de esta mina.
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Explicó que existe una controversia y un arbitraje que puso la empresa en torno a esta declaratoria de área natural y desde entonces el gobierno de México ha mantenido conversaciones con la empresa estadounidense para tratar de alcanzar un acuerdo.
Indicó que el objetivo del acuerdo sería frenar la explotación en el Área Natural Protegida ubicada dentro del predio de Vulcan Miterials. Agregó que aunque existen otras minas que podrían aprovecharse, estas tendrían que ser evaluadas primero por la SEMARNAT para determinar su viabilidad, o bien, encontrar “algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo”
“Seguimos en pláticas con la empresa Vulcan, buscando si es factible. Si no, pues siempre están los mecanismos jurídicos buscando que se pueda llegar a un acuerdo que no impacte gravemente el daño al medio ambiente. Digo gravemente porqué siempre hay impactos ambientales, pero que no tengan este impacto que tiene en esta zona”, expresó la presidenta.
Actualizó que la empresa mantiene la concesión del puerto en la zona, no obstante no está en operaciones.
La mandataria no reveló más detalles sobre las negociaciones y aseguró que su gobierno busca que los acuerdos que se alcancen sean benéficos para Quintana Roo, para el medio ambiente, para el país y “también que ellos vean que es factible para ellos".
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El pasado 27 de marzo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero (conocida como Defending American Property Abroad Act o H.R. 7084).
Una mirada al conflicto
A finales de 2018, la compañía norteamericana bajo el nombre de Legacy Vulcan notificó el inicio de un arbitraje contra el Estado mexicano amparándose en el Capítulo XI del TLCAN, el tratado comercial entre México, EE. UU. y Canadá que en 2020 fuera reemplazado por el T-MEC.La controversia se origina por el presunto incumplimiento de los acuerdos firmados en 2014 y 2015 entre Vulcan Materials y autoridades municipales y federales de México. El conflicto central radica en las afectaciones a la concesión portuaria, el proyecto de extracción y el régimen fiscal de la empresa, derivado de restricciones ambientales y cobros administrativos que la empresa estadounidense considera ilegales.
Tras una audiencia y en espera de una decisión del proceso de arbitraje por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington, en mayo de 2022 la empresa estadounidense denunció la presencia “inesperada” de funcionarios del gobierno mexicano en sus predios con órdenes de clausura que denomino como “arbitrarias” para cesar de inmediato las operaciones de extracción de piedra caliza.
La compañía aseguró que la acción por parte del gobierno federal era ilegal debido a que cuenta con los permisos necesarios para operar y que agotaría todos los recursos por la vía legal para proteger sus derechos y reanudar sus operaciones.
Detalló que Vulcan Minerals ha extraído piedra caliza de manera legal en México durante 30 años en terrenos de su propiedad y que siempre ha cumplido con la ley mexicana, incluyendo las leyes y permisos que regulan sus operaciones.
Por su parte la SEMARNAT informó sobre la clausura, asegurando que durante una visita de inspección de la PROFEPA advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, y que con base en la legislación ambiental se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras en el sitio.
En 2023, la compañía denunció que Cementos Mexicanos (CEMEX), con la ayuda de policías y militares armados, ingresó por la fuerza a las instalaciones portuarias de Vulcan cerca de Playa del Carmen para utilizar el puerto, a pesar de que su contrato de arrendamiento había expirado.
Según un reporte de The Associated Press, el muelle sería utilizado para recibir cemento, piedra triturada y otros materiales para concluir el proyecto conocido del Tren Maya y que Vulcan afirmó que los policías supervisaron el descargue de cemento en el muelle.
El 23 de septiembre de 2024, el gobierno del entonces presidente López Obrador denominó al Área Natural Protegida de CALICA. López Obrador defendió la acción argumentando que se trataba de defender al territorio mexicano de la destrucción.
Explicó que se intentó llegar a un acuerdo con la empresa estadounidense con una oferta de compra, que fue rechazada.
“No hay expropiación, es una declaratoria de área natural protegida porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales”, declaro el mandatario.
El entonces presidente mostró asombro al relatar por qué una empresa estadounidense utilizaba una de “las zonas más bellas de México y del mundo, el mar Caribe” como banco de material para la construcción de carreteras en Estados Unidos.
“Venir aquí y valerse de la corrupción que imperaba, porque todo eso que ahora es área natural protegida resulta que era nacional, había hasta un fideicomiso del Gobierno Federal Xel-Há, y se apoderaron los corruptos en los gobiernos de Salinas, Zedillo, etc.”, expresó López Obrador.
Tanto Vulcan Materials como funcionarios estadounidenses reprobaron las acciones del gobierno de López Obrador.
El 21 de marzo el congresista republicano Barry Moore, representante de Alabama, denunció ante el Senado estadounidense lo que calificó como un "abuso de confianza profundamente preocupante" por parte del gobierno de México.
Moore afirmó que las acciones tomadas en contra de Vulcan Materials Company representan un "acto hostil" por parte del gobierno mexicano, señalando que esta medida constituye una ruptura grave en la relación con uno de los socios comerciales más estratégicos de los Estados Unidos".
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