El fiscal general de Nueva York, Jay Clayton, se abstuvo el de opinar sobre quién puede representar a las entidades estatales de Venezuela.
"Estados Unidos se abstiene respetuosamente de opinar sobre la controversia pendiente relativa a 'qué abogado está autorizado a representar a determinadas entidades estatales venezolanas'", declaró el fiscal Clayton en una carta con fecha del 11 de marzo.
La declaración de Clayton se produjo después de que este mismo presentara el 10 de marzo una declaración de interés con una carta anexa ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a nombre del encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, donde la administración Trump reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela.
Actualmente, y durante los últimos ańos, el gobierno de Venezuela ha enfrentado decenas de litigios judiciales en las cortes estadounidenses, incluyendo un gravamen sobre las acciones de PDVSA en PDV Holding (PDVH) impuesto por el Tribunal de Distrito de Delaware, el caso de los Bonos PDVSA 2020, demandas de inversionistas extranjeros afectados por las medidas durante el gobierno de Hugo Chávez y una relacionada con la compensación a las víctimas de un conflicto armado.
La explicación de Clayton implica que la representación jurídica existente, designada por la Asamblea Nacional que fue elegida por el pueblo venezolano en 2015, en su calidad de única rama legítima del gobierno de Venezuela reconocida por Estados Unidos en 2019, sigue vigente de facto.
Tras las elecciones presidenciales lideradas por Nicolás Maduro en mayo de 2018, que dejaron a Venezuela sin un ganador legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, prestó juramento como presidente interino del país. En respuesta, el 23 de enero de 2019, el presidente Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Desde entonces, la Asamblea Nacional de 2015 ha designado a abogados para que actúen en representación jurídica de Venezuela en los litigios legales en Estados Unidos.
Encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, en la sala de prensa del Departamento de Estado el 13 de marzo de 2019 en Washington, D.C. (Alex Wong/Getty Images)Clayton presentó la declaración de interés y la carta anexa de Michael Kozak ante la Corte el 10 de marzo, en respuesta a una solicitud de la magistrada Sarah Netburn, quien pidió al Departamento de Estado una aclaración sobre quién actuaría en representación legal de Venezuela en los litigios adelantados en Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
En la carta, Kozak declara que Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, con el único fin de facilitar una transición hacia la democracia en Venezuela a través de un proceso por etapas que asegure las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.
El 5 de marzo de 2026, Estados Unidos anunció la normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela y su presidente interina Rodríguez.
"Quiero señalar que, aunque estamos normalizando las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, seguimos examinando de cerca las transiciones con las autoridades provisionales y utilizaremos la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar en pro de un futuro mejor para el pueblo venezolano", dice la carta.
Aún no está claro si Rodríguez podría legitimar una representación legal de Venezuela en Estados Unidos. Podría hacerlo a través de una moción, pero antes debe contar con el aval de la administración Trump.
Este cambio podría tener implicaciones en varios casos judiciales, principalmente en el relacionado con el mayor activo extranjero de Venezuela, CITGO Petroleum Corp., (con sus tres refinerías en Lake Charles, Corpus Christi y Lemont) de propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., que tras un largo proceso judicial fue subastada para cubrir millones de dólares en reclamaciones.
Amber Energy, subsidiaria de Elliott Investment Management, ganó la subasta a finales de noviembre de 2025 y está en espera de la aprobación de la compra por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que se ha retrasado por una apelación de los abogados de la Asamblea Nacional de Venezuela.
El 10 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió las licencias generales 46A y 48 en las que autorizó a las empresas constituidas en Estados Unidos a comercializar petróleo venezolano, condicionando el pago a una cuenta establecida y supervisada por los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU.
Las autorizaciones no incluyen transacciones de personas con nacionalidades de Rusia, China, Irán y Cuba, o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por dichas personas o en una empresa conjunta con ellas.
"Garantizaremos que estos fondos se gasten de forma transparente y en beneficio del pueblo venezolano", declaró el Departamento de Estado en un comunicado del 13 de febrero.
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