Más de 1030 inmigrantes ilegales con antecedentes penales han sido detenidos en virtud de la Ley Laken Riley como parte de la Operación Honor del Ángel, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa el 22 de diciembre.
La Operación Honor del Ángel fue una operación nacional de ICE de 14 días de duración que ya ha concluido. La Ley Laken Riley fue firmada como ley por el presidente Donald Trump el 29 de enero, en honor a Laken Hope Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia, que fue asesinada por un inmigrante ilegal venezolano en febrero de 2024.
La ley exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que arreste a cualquier ciudadano extranjero acusado de delitos como robo, allanamiento de morada, agresión o aquellos que provoquen lesiones corporales graves o la muerte, incluso si el individuo ha obtenido la libertad bajo fianza de un tribunal estatal.
Según el ICE, entre los delincuentes detenidos como parte de la operación se encuentran un inmigrante ilegal peruano de 37 años con antecedentes penales por violación y agresión, un nicaragüense ilegal de 24 años que había sido detenido anteriormente por agredir a un agente, un inmigrante ilegal mexicano de 27 años condenado por explotar sexualmente a un menor y un inmigrante ilegal salvadoreño de 40 años que había sido arrestado anteriormente por agredir y golpear a una víctima embarazada.
"El presidente Trump nos ha facultado para arrestar y expulsar a los millones de extranjeros ilegales violentos que la administración anterior dejó sueltos en Estados Unidos", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.
"Ahora, estos delincuentes se enfrentarán a la justicia y serán expulsados de nuestro país. Nunca podremos traer de vuelta a Laken, pero podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para llevar a estos atroces delincuentes ante la justicia".
El director del ICE, Todd Lyons, dijo que, aunque la operación ha sido un "éxito rotundo", también sirve para recordar el impacto de la delincuencia y la violencia de los inmigrantes.
A pesar de la Ley Laken Riley, las jurisdicciones santuario se niegan a entregar a los inmigrantes ilegales delincuentes al ICE, según la agencia, que añade que esto obliga a los agentes a arriesgar sus vidas para atrapar a estas personas buscadas.
Las jurisdicciones santuario son lugares de Estados Unidos en los que los funcionarios locales o estatales se niegan a aplicar las leyes federales de inmigración o a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El 5 de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una lista de jurisdicciones de santuario en Estados Unidos. En ella figuraban 12 estados, el Distrito de Columbia, cuatro condados y 18 ciudades con políticas de santuario. La lista se actualiza a medida que las autoridades federales reciben más información.
Varias jurisdicciones han tomado medidas para reforzar sus políticas de santuario en medio de la campaña de represión migratoria de la administración Trump.
El 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Minneapolis, en Minnesota, aprobó por unanimidad una versión más estricta de su "ordenanza de santuario", vigente desde hace 22 años, que prohíbe a la policía local colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Las normas actualizadas aclaran que no se pueden utilizar recursos municipales, incluidos los datos, para ayudar a los agentes federales de inmigración. Todos los empleados municipales serán sometidos a una formación anual para garantizar el cumplimiento de la normativa de santuario.
El concejal Jason Chavez, coautor de la legislación y cuyos padres proceden de México, se pronunció en contra de las operaciones del ICE.
"Nuestros inmigrantes indocumentados en su conjunto están siendo arrestados, detenidos, deportados y no pueden volver a casa", dijo.
La Ley Bivens de Illinois, aprobada en octubre, autoriza a los residentes a interponer demandas civiles contra cualquier persona, incluidos los agentes federales, que aplique las leyes de inmigración en guarderías, escuelas, hospitales y tribunales.
A principios de este mes, el estado también aprobó la Ley de Acceso, Seguridad y Participación en los Tribunales, que impide a los agentes federales arrestar a personas dentro, de camino o al regresar de cualquier corte del estado.
El Departamento de Justicia demandó esta semana al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y al fiscal general, Kwame Raoul, por estas dos leyes.
El departamento argumentó que estas leyes son ilegales e intentan regular y amenazar a los agentes federales que ya se enfrentan a una "ola sin precedentes de acoso, doxxing e incluso violencia".
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado del 19 de diciembre que la agencia ha arrestado y deportado a "cientos de miles de extranjeros ilegales delincuentes en todo el país" bajo la administración Trump.
En Chicago y el Medio Oeste, la Operación Midway Blitz ha dado lugar al arresto de más de 4500 inmigrantes ilegales, mientras que en Minneapolis, más de 670 personas han sido arrestadas como parte de la Operación Metro Surge.
En Massachusetts, las operaciones Patriot 1.0 y 2.0 han dado lugar a la detención de más de 2860 inmigrantes ilegales, y más de 1240 personas han sido detenidas en el marco de la operación Black Rose en Portland, Oregón.
"El 70 % de las personas detenidas por el ICE son extranjeros ilegales delincuentes que han sido acusados o condenados por un delito en Estados Unidos", dijo el DHS.
