El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó el 1 de junio una lista publicada anteriormente de las llamadas jurisdicciones santuario en Estados Unidos, que fueron acusadas de incumplir la ley federal de inmigración.
La medida se produce tras las críticas de un grupo nacional de sheriffs que, en su mayoría, apoya la política del gobierno de mano dura contra la delincuencia.
En un comunicado, el presidente de la Asociación Nacional de Sheriffs, el sheriff Kieran Donahue, dijo: «Esta lista se creó sin ninguna aportación, criterios de cumplimiento ni un mecanismo para objetar la designación. Los sheriffs de todo el país no tienen forma de saber qué deben hacer o no para evitar esta etiqueta arbitraria».
El 29 de mayo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, actuando bajo las órdenes del presidente Donald Trump, publicó una lista que incluía jurisdicciones de 35 estados, entre ellas gobiernos municipales, de condado y estatales, que, según Noem, «ponían en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden con el fin de proteger a extranjeros ilegales violentos y delincuentes».
Tras las críticas, la página en la que se había publicado la lista fue retirada.
Según Donahue, el DHS y otros funcionarios no habían proporcionado suficientes detalles sobre la metodología y los criterios utilizados para determinar qué jurisdicciones reunían los requisitos para ser consideradas santuarios.
La publicación de la lista «no solo ha violado los principios fundamentales de confianza, cooperación y asociación con otras fuerzas del orden, sino que también podría tensar la relación entre los sheriffs y la administración de la Casa Blanca», afirma el comunicado.
Durante las reuniones entre el grupo y los funcionarios de la administración, «ningún cargo político de la administración pudo explicar quién recopiló, revisó y verificó la lista antes de su publicación», afirmó Donahue.
La lista se elaboró en respuesta a una orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de abril en la que se solicitaba al DHS que elaborara «una lista de estados y jurisdicciones locales que obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración». Las jurisdicciones identificadas como santuarios podrían perder la financiación federal.
En algunos casos, se marcaron como santuarios estados enteros, entre ellos California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington, así como el Distrito de Columbia.
Algunas de las jurisdicciones etiquetadas como santuarios se encuentran en estados tradicionalmente republicanos.
Entre ellas se encuentran Anchorage, Alaska; Atlanta y los condados circundantes; Boise, Idaho; el condado de Monroe, Indiana; el condado de Douglas y Lawrence, Kansas; Louisville, Kentucky, y cuatro condados del estado; Nueva Orleans; diez condados de Nebraska; cinco condados de Carolina del Norte; siete condados de Dakota del Norte; y Nashville y un condado de Tennessee.
Otros estados identificados como aquellos que tienen al menos un condado o ciudad en violación de la ley federal incluyen Hawái, Maine, Míchigan, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.
La orden ejecutiva anterior de Trump pedía a los jefes de departamento y otros funcionarios pertinentes que «identificaran los fondos federales apropiados para las jurisdicciones santuario, incluidas las subvenciones y los contratos, para su suspensión o terminación, según corresponda».
También instaba al fiscal general y al secretario del DHS a «emprender todas las acciones legales y medidas coercitivas necesarias para poner fin a estas infracciones y lograr que dichas jurisdicciones cumplan con las leyes de Estados Unidos».
La presión para privar a estas jurisdicciones de los fondos federales está en consonancia con el objetivo que desde hace tiempo persigue el Partido Republicano de reforzar la seguridad fronteriza y hacer cumplir la ley de inmigración.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
