El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el 9 de diciembre un proyecto de ley que limitará la aplicación de las leyes federales de inmigración en el estado, incluidos los juzgados y los hospitales.
"Con mi firma de hoy, estamos protegiendo a las personas y las instituciones que pertenecen a Illinois", dijo Pritzker en un comunicado. "Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clase no debería ser una tarea que te cambie la vida".
La ley HB 1312, que entró en vigor de inmediato, permite a las personas emprender acciones legales contra los agentes del orden que consideren que han violado sus derechos constitucionales durante operaciones civiles de inmigración en el estado.
La legislación también prohíbe los arrestos civiles en los juzgados y sus alrededores para cualquier persona que asista a determinados procedimientos judiciales estatales y ofrece a las personas afectadas una vía para reclamar daños y perjuicios por detención ilegal.
Según la oficina del gobernador, la nueva ley exige a los hospitales que restrinjan la divulgación de información sanitaria protegida y apliquen políticas que regulen las interacciones con los agentes del orden.
El proyecto de ley también prohíbe a las escuelas y guarderías revelar a terceros el estatus migratorio real o percibido de los estudiantes, empleados o cualquier persona relacionada con ellos, a menos que lo exija la ley.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) acogió con satisfacción la decisión del gobernador de firmar el proyecto de ley, calificándola como una "medida legislativa necesaria" para proteger los derechos constitucionales de las personas.
"El temor a ser secuestrado por agentes federales de inmigración al asistir a una audiencia en una corte estatal está perturbando la capacidad de las personas para interactuar con el sistema judicial en asuntos críticos, como solicitar una orden de protección en una situación de violencia doméstica o resolver una multa de tráfico", afirmó Cecilia Mendoza, directora adjunta de relaciones gubernamentales del NIJC, en un comunicado.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó que Pritzker violó la Constitución de Estados Unidos y su juramento al firmar el proyecto de ley.
El proyecto de ley surge en un momento en que la administración Trump amplió la aplicación de las leyes de inmigración en Illinois, lo que ha provocado protestas cerca de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, lo que llevó al presidente Donald Trump a desplegar cientos de soldados de la Guardia Nacional para proteger al personal y las instalaciones del ICE. Posteriormente, un juez federal dictó una orden judicial para bloquear temporalmente el despliegue.
Según un comunicado del DHS del 8 de diciembre, Illinois liberó este año a unos 1768 inmigrantes ilegales con antecedentes penales, a pesar de las solicitudes de detención federales. Los liberados habían sido condenados por diversos delitos, entre ellos homicidio, robo, delitos graves relacionados con drogas, delitos relacionados con armas y delitos sexuales.
Esto se produce tras la carta enviada en septiembre por el director del ICE, Todd Lyons, al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, en la que le pedía que respetara las órdenes de detención del ICE para los inmigrantes ilegales con antecedentes penales que se encuentran bajo custodia estatal.
Las órdenes de detención exigen que el estado notifique al ICE cuando un inmigrante ilegal con antecedentes penales va a ser puesto en libertad, para garantizar que la persona pueda ser trasladada de forma segura a la custodia federal.
En su comunicado del 8 de diciembre, el DHS afirmó que la oficina de Raoul no respondió.
Jill McLaughlin contribuyó a este artículo.
