Asunción, 11 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este miércoles desde Chile -donde asistió a la posesión presidencial de Jose Antonio Kast- y junto al Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés), que regula la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano.
La Presidencia de Paraguay indicó que la medida "establece el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa" entre EE.UU. y Paraguay, según un comunicado oficial.
El presidente Peña firmó el acuerdo un día después de que la Cámara de Diputados diera su sanción. El gobierno considera que el acuerdo constituye una "obligación estratégica" para enfrentar al crimen organizado mientras que la oposición se opone aduciendo inmunidad a las fuerzas extranjeras.
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, dijo a inicios de mes en una reunión con las comisiones parlamentarias de Exteriores y Asuntos Constitucionales que el acuerdo "no autoriza bases militares permanentes, no elimina responsabilidades y no vulnera la soberanía nacional".
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El documento refrendado el pasado 15 de diciembre en Washington, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados, generando el rechazo de la oposición,
"La soberanía no se pierde de golpe, se erosiona lentamente cada vez que un país acepta excepciones a su propia ley", dijo el martes el diputado opositor Raúl Benítez, al tiempo que reconoció la necesidad de la cooperación internacional "sobre la base del respeto mutuo".
El gobierno de Estados Unidos firmó en 2023 un acuerdo SOFA con el gobierno de Ecuador y con otros 50 países.
El acuerdo SOFA (Status of Forces Agreement o Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas) permite a un país anfitrión y a otro regular los derechos, privilegios y estado legal del personal militar y civil extranjero en el territorio anfitrión, incluyendo aspectos de seguridad, jurisdicción penal y operación conjunta, comúnmente con Estados Unidos.
Su objetivo es facilitar entrenamientos, ejercicios conjuntos, asistencia técnica y lucha contra el crimen organizado o narcotráfico.
