El 13 de noviembre, los miembros del Parlamento Europeo respaldaron un llamamiento para que la UE aborde el creciente número de casos de represión transnacional dentro de sus fronteras.
El informe, respaldado por 512 miembros del Parlamento (eurodiputados) y rechazado por 76, no es vinculante, pero tiene por objeto presionar al poder ejecutivo de la UE y a los Estados miembros para que hagan frente a los regímenes autoritarios que intentan extender su control político interno al extranjero.
El informe afirma que "la represión transnacional patrocinada por el Estado está adoptando formas cada vez más insidiosas", entre las que se incluyen daños físicos, vigilancia, presión legal, campañas de difamación, secuestros, repatriaciones forzosas, amenazas contra familiares e incluso "asesinatos ilegales".
Se descubrió que los regímenes autoritarios explotan los servicios consulares y el sistema de notificaciones rojas de Interpol para ejercer presión sobre sus objetivos. En el ámbito digital, los regímenes y sus representantes recurren cada vez más a tecnologías basadas en la inteligencia artificial, software espía, piratería informática y doxing para vigilar y perseguir a sus objetivos, según el informe.
Entre las víctimas de estas tácticas opresivas se encuentran periodistas, abogados y miembros de comunidades de la diáspora que sacan a la luz los abusos contra los derechos humanos cometidos por estos regímenes.
"Es hora de poner fin a esto", afirmó Chloé Ridel, eurodiputada francesa que redactó el informe, en una declaración. "Europa debe seguir siendo un refugio seguro para quienes luchan por la libertad y la democracia".
Es la primera vez que el Parlamento adopta una definición detallada de represión transnacional, allanando el camino para nuevas medidas destinadas a proteger a los residentes de regímenes opresivos, en particular de países como China.
Alrededor del 80 por ciento de los abusos transnacionales conocidos en la última década fueron perpetrados por solo 10 regímenes, según la resolución, que cita un estudio realizado por Freedom House, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington. El régimen comunista chino es identificado como el peor infractor, seguido por los gobiernos de Turquía, Tayikistán y Rusia.
En respuesta, los legisladores pidieron una estrategia sistemática para luchar contra la represión transnacional en toda la UE, incluida la introducción de cláusulas de derechos humanos en los acuerdos con países no pertenecientes a la UE, según el informe.
Los eurodiputados pidieron a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que aborden las formas digitales de represión transnacional, garantizando que el sector privado, en particular las empresas tecnológicas, rinda cuentas por permitir tales abusos. Presionaron para que se elaboraran informes de transparencia y se establecieran "mecanismos de reclamación eficaces" a los que pudieran acceder los defensores de los derechos humanos y otras personas en situación de riesgo, según el informe.
Otra propuesta clave, según Ridel, es aplicar una estricta supervisión del mercado en todo el bloque, prohibiendo la exportación de tecnología de espionaje a países con antecedentes de represión transnacional o abusos de los derechos humanos.
"Tenemos que decir a nuestras empresas europeas que, si producen tecnología de espionaje, no pueden exportarla ni venderla a quienes quieren hacernos daño. Es una cuestión de soberanía europea", dijo Ridel en una rueda de prensa el 12 de noviembre antes de la sesión plenaria.
El informe también aboga por la creación de mecanismos de seguimiento y denuncia para mejorar la documentación de los casos de represión transnacional en los Estados miembros, lo que facilitaría respuestas e investigaciones rápidas. Estas bases de datos deberían ser accesibles a las organizaciones no gubernamentales, lo que permitiría registrar adecuadamente sus contribuciones, según el informe.
Los legisladores también presionaron para que la UE exigiera responsabilidades a los regímenes y a las personas responsables de la represión transnacional mediante la imposición de sanciones específicas.
La adopción del informe se produjo en medio de la creciente preocupación por las tácticas represivas contra los disidentes que viven en Europa por parte de regímenes autoritarios, en particular del Partido Comunista Chino (PCCh).
Freedom House calificó la campaña de represión del PCCh en el extranjero como la más sofisticada y completa del mundo. Una serie de informes publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril reveló que los objetivos del PCCh abarcan todos los Estados miembros de la UE, desde Irlanda hasta Francia y Serbia, pero que la respuesta de la UE sigue siendo "ineficaz y carente de coordinación".
"La UE debe establecer líneas rojas claras, respaldadas por investigaciones penales, sanciones y consecuencias diplomáticas, para demostrar que los derechos fundamentales no son negociables", declaró Hannah Neumann, eurodiputada alemana, al ICIJ.
Un estudio realizado en junio por encargo de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo concluyó que la represión transnacional "afecta negativamente a todos los niveles de la sociedad, desde los derechos individuales hasta la seguridad nacional y las instituciones democráticas".
