Texas demandó a funcionarios del condado de Harris por destinar más de 1.3 millones de dólares de fondos públicos a la defensa legal de inmigrantes indocumentados contra la deportación, según anunció el martes el fiscal general Ken Paxton.
La demanda, presentada el lunes en la corte de Distrito del Condado de Harris, alega que la ley estatal prohíbe a los gobiernos locales gastar fondos públicos en acciones civiles, como los procesos federales de deportación.
"Debemos detener a los radicales de izquierda que están robando a los texanos para impedir que la Administración Trump deporte a los indocumentados", declaró Paxton. "Más allá de ser flagrantemente inconstitucional, esto es perverso y malvado".
En la demanda, el estado argumenta que los inmigrantes sujetos a deportación "no tienen derecho constitucional ni legal a un abogado de oficio" y deben obtener representación legal sin costo alguno para el gobierno, según la ley estatal.
El condado de Harris, en el sureste de Texas, abarca la mayor parte de Houston y se encuentra a unos 56 kilómetros del Golfo de América.
En octubre, los comisionados aprobaron por 4 votos a 1 los fondos para el programa del Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes del condado, administrado por su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, con el fin de brindar apoyo legal a inmigrantes indocumentados. El fondo distribuye recursos a cinco organizaciones que ayudan a los inmigrantes a combatir la deportación.
La juez del condado, Lina Hidalgo, responsable del comité, solicitó la creación del fondo en 2020, argumentando que el sistema de inmigración era "profundamente deficiente y complejo". El condado aprobó 2 millones de dólares para el fondo ese mismo año e invirtió al menos 8 millones en servicios durante los últimos cinco años.
Los 1344,751 dólares adicionales se destinarán a organizaciones de asistencia legal para inmigrantes —BakerRipley, Galveston-Houston Immigrant Representation Project, Justice for All Immigrants, KIND, Inc. y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Service— para cubrir gastos hasta finales de 2026, según el informe del personal.
El comisionado Tom Ramsey fue el único que votó en contra de la aprobación de los fondos tras cuestionar la legalidad del punto del orden del día. Los comisionados no debatieron el asunto.
A pesar de su voto en contra, el estado presentó una demanda contra Ramsey y los otros tres comisionados, Hidalgo y el administrador del condado. El estado también demandó al director de la agencia de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de Harris.
Paxton afirmó que los grupos que recibían el dinero de los contribuyentes eran "grupos activistas a favor de las fronteras abiertas". En un comunicado, declaró que los gastos "no tienen ningún propósito público y, en cambio, constituyen subvenciones inconstitucionales de fondos públicos a entidades privadas para subsidiar la defensa legal de inmigrantes indocumentados que deberían ser deportados".
Inmigrantes ilegales cruzan a Estados Unidos desde México para ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, el 8 de mayo de 2023. (John Moore/Getty Images).La constitución de Texas prohíbe a entidades gubernamentales como el condado de Harris utilizar fondos públicos como obsequios o para beneficio privado de personas y grupos que no cumplen un propósito público legítimo, según la fiscal general.
Hidalgo no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la demanda.
