Las universidades estadounidenses colaboran ampliamente con laboratorios chinos en la investigación de IA, lo que también ha facilitado la transferencia de tecnología estadounidense sensible, la vigilancia masiva de civiles chinos y las violaciones de derechos humanos en China, incluyendo lo que el gobierno estadounidense califica como genocidio de uigures en Xinjiang, según un estudio publicado por la firma de análisis Strategy Risks en colaboración con la Fundación de Derechos Humanos.
El informe, publicado el 8 de diciembre, se centra en estudios de caso de dos laboratorios chinos financiados por el Estado, que desde 2020 han sido coautores de casi 3000 artículos con investigadores extranjeros, incluyendo aquellos de universidades estadounidenses de élite que reciben subvenciones del gobierno.
El informe menciona universidades líderes, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Oxford y el University College de Londres (UCL), y señala que existen más de 20 más, con financiación de instituciones públicas y corporaciones como Amazon. Las organizaciones no respondieron a las consultas de The Epoch Times al momento de la publicación.
"Este informe muestra que las universidades occidentales y los financiadores públicos están estrechamente vinculados a los laboratorios de IA prioritarios para el Estado chino mediante una colaboración abierta, pero poco supervisada", afirma el informe.
"El conocimiento se transmite fluidamente a través de las fronteras, incluso cuando las instituciones receptoras son inseparables de un estado autoritario".
Laboratorios respaldados por el PCCh
Los dos laboratorios en cuestión son el Laboratorio de Zhejiang y el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial de Shanghái (SAIRI), dos instituciones con abundantes recursos y supervisadas por el Partido, integradas en el sistema de vigilancia estatal del régimen.El Laboratorio de Zhejiang fue fundado en 2017 por el gobierno provincial de Zhejiang, la Universidad estatal de Zhejiang y Alibaba. Recibió 1250 millones de dólares en financiación del gobierno provincial entre 2021 y 2023, según el informe. También se asocia con varias instituciones respaldadas por el Estado, como la CETC, que fue sancionada por Estados Unidos por construir la Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP), la columna vertebral del sistema de crédito social del régimen chino.
SAIRI fue fundado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, una entidad estatal china, en 2018 y, desde 2020, está dirigido por Lu Jun, científico sénior de la sancionada Corporación del Grupo de Tecnología Electrónica de China (CETC). SAIRI investiga la visión artificial, el rastreo, la imagen aplicada y otras tecnologías que pueden utilizarse para monitorear grupos. Entre sus colaboradores se encuentran Huawei y el Tercer Instituto de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de China, responsable de la vigilancia técnica y la informática forense, según el informe.
En 2023, contribuyó al desarrollo del primer sistema de entrenamiento de tiro asistido por IA, y en 2024 firmó contratos con dos empresas —iFlytek y SenseTime— que desarrollan plataformas de reconocimiento facial y vigilancia policial inteligente. Ambas empresas fueron sancionadas por contribuir al genocidio de los uigures perpetrado por el Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang.
Universidades occidentales y fondos públicos
Según el informe, ambos laboratorios publicaron 11,000 artículos entre 2020 y agosto de 2025, incluidos unos 3000 con coautores extranjeros."El Laboratorio de Zhejiang y SAIRI forman parte de un sistema más amplio de laboratorios estatales de IA, fuertemente financiados, políticamente dirigidos y vinculados a organismos de defensa y seguridad", afirma el informe. "Su escala y alcance internacional demuestran que las colaboraciones problemáticas no son casos aislados, sino características sistémicas de la arquitectura de investigación en IA de China".
Un artículo de 2022, coescrito con investigadores del MIT y financiado por el programa de subvenciones DARPA del Pentágono, estudió el desplazamiento de fase óptico avanzado, que, según el informe, se utiliza en sistemas de imagen y detección utilizados en reconocimiento militar, vigilancia satelital y monitoreo biométrico.
Un artículo de 2024, coescrito con investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. y la Oficina de Investigación Naval, estudió el seguimiento de múltiples objetos, que, según los analistas, es un "factor clave de la vigilancia automatizada". La universidad no había respondido a una consulta de The Epoch Times al momento de la publicación.
Un artículo de 2021, coescrito con investigadores de la Universidad de Harvard, estudia la óptica avanzada y la visión artificial.
"Las colaboraciones del Laboratorio de Zhejiang con estas universidades demuestran cómo la experiencia técnica occidental se integra en las líneas de investigación que se alinean con las prioridades de seguridad y vigilancia de China", afirma el informe, destacando los estrechos vínculos del laboratorio con una organización fundacional que contribuyó al genocidio de los uigures. "El riesgo surge de la integración estructural con actores de defensa del Estado acusados de violaciones de derechos humanos, no del marco científico de los propios proyectos".
En 2021, SAIRI colaboró con varias instituciones occidentales en QDTrack, que analiza y rastrea personas u objetos a través de videos, lo cual, según el informe, es una función esencial de la tecnología de vigilancia masiva. En 2023, se asoció con varias universidades estadounidenses para desarrollar AlphaTracker, una herramienta para el análisis del comportamiento animal que también cuenta con funciones de reconocimiento de identidad y rastreo de objetos.
Estas instituciones occidentales suelen recibir subvenciones gubernamentales, como se indica públicamente en los documentos. Los propios laboratorios chinos no figuran como beneficiarios de subvenciones, pero se benefician a través de asociaciones con las instituciones occidentales, señala el informe, eludiendo los procedimientos de diligencia debida.
"La imagen que surge es una en la que los recursos públicos occidentales están repetidamente implicados en colaboraciones de investigación con laboratorios integrados en el aparato de seguridad de China", se lee en el informe.
El informe se centra en las instituciones chinas con vínculos explícitos con el régimen o el ejército chino, pero los investigadores advierten que incluso las instituciones que no cuentan con el respaldo abierto del régimen chino tienen obligaciones de compartir inteligencia con él en virtud de varias leyes de seguridad nacional chinas.
Brecha ética
Los analistas descubrieron que solo una minoría de los centros de ética de la IA han condenado las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen chino: el Instituto Ada Lovelace, con sede en el Reino Unido, en junio de 2022, Stanford HAI en agosto de 2023 y el Instituto AI Now en 2019."Los institutos occidentales de ética de la IA han evitado en gran medida confrontar el uso de la IA por parte de China para la represión", afirma el informe. "Este silencio no refleja ignorancia, sino una brecha en la gobernanza y la responsabilidad".
Los autores del informe advierten que el silencio continuo puede contribuir a "normalizar" las colaboraciones con instituciones respaldadas por el Estado chino y la complicidad en la contribución al estado de vigilancia del régimen. Exhortan a los institutos de ética —organizaciones fundadas para "cuestionar los riesgos de las tecnologías avanzadas"— a emitir directrices sobre los riesgos para los derechos humanos que conlleva la colaboración con laboratorios chinos. Los autores del informe instaron a replantear la diligencia debida para incluir los derechos humanos, exigir transparencia en las colaboraciones de investigación, salvaguardas para trabajar con instituciones vinculadas a la vigilancia, liderazgo ético en este campo, y a los gobiernos a revisar sus políticas para cerrar la brecha de seguridad nacional observada en estas colaboraciones.
"A menos que los gobiernos, las universidades y los organismos de ética adopten estas medidas, las colaboraciones con los laboratorios estatales chinos prioritarios continuarán bajo las normas actuales", señala el informe.
