El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) examinará todos los programas de asistencia gubernamental para certificar la exactitud de los beneficiarios, según una publicación del 1 de diciembre en X.
"Siguiendo las instrucciones de @POTUS, revisaremos TODOS LOS PROGRAMAS DEL USDA para garantizar que solo los ciudadanos legales reciban los beneficios", dijo la secretaria del USDA, Brooke Rollins.
“A principios de este año, el USDA advirtió a los estados que los inmigrantes ilegales y ciertos no ciudadanos NO PUEDEN recibir prestaciones del SNAP".
“En este momento, estamos exigiendo a los estados que entreguen los datos de los beneficiarios para luchar contra el despilfarro, el fraude y el abuso. Aunque 22 estados demócratas se han negado a proporcionar los datos, estamos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para obligarlos a cumplir. ¿QUÉ están ocultando? ¿A QUIÉN están ocultando? ¡Gracias, presidente Trump, por poner a los estadounidenses primero!”.
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el 19 de febrero en la que ordenaba al USDA mejorar sus sistemas de verificación de elegibilidad para garantizar que "las prestaciones financiadas por los contribuyentes excluyan a cualquier extranjero no elegible que haya entrado ilegalmente en Estados Unidos o que se encuentre en situación irregular en el país".
Posteriormente, en abril, el USDA ordenó a los estados que tomaran medidas para impedir que los inmigrantes ilegales recibieran prestaciones del SNAP.
Se pidió a los estados que verificaran la identidad de los solicitantes, recopilaran los números de la Seguridad Social para compararlos con una base de datos federal y comprobaran si las personas eran residentes legales en Estados Unidos utilizando la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional.
En julio, Trump promulgó la Gran y Hermosa Ley, que restringía aún más la elegibilidad de los inmigrantes para el SNAP.
El 31 de octubre, el USDA envió un memorándum orientativo a todas las agencias estatales del SNAP en el que aclaraba que ciertos grupos de inmigrantes, como los refugiados, las personas en libertad condicional, las personas a las que se ha concedido asilo y las personas cuya deportación ha sido suspendida, no tienen derecho a las prestaciones del SNAP.
En entrevistas realizadas el mes pasado, Rollins reveló que una auditoría del USDA había revelado que se estaban proporcionando fondos del SNAP a casi 186,000 personas fallecidas y que alrededor de medio millón de beneficiarios del SNAP estaban recibiendo doble prestaciones.
El 26 de noviembre, una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra el USDA por bloquear las prestaciones del SNAP a determinados grupos de inmigrantes.
La oficina del fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, criticó al gobierno federal por su intento de restringir el SNAP a los inmigrantes. Washington es uno de los estados que participan en la demanda.
"Las prestaciones del SNAP garantizan que los habitantes de Washington, incluidos los ancianos, los niños y las personas con discapacidad, tengan suficiente para comer todos los días", dijo Brown.
“Ahora, sin previo aviso ni base legal, el USDA está tratando de arrebatar estas prestaciones a los titulares de tarjetas de residencia de nuestras comunidades. Lucharemos contra esta medida ilegal y protegeremos el SNAP para los habitantes de Washington”.
Según su declaración, las leyes federales dejan claro que los solicitantes de asilo, los refugiados, las personas cuya deportación ha sido suspendida, los beneficiarios de libertad condicional humanitaria y otros migrantes legales vulnerables tienen derecho al SNAP una vez que obtienen la tarjeta de residencia y cumplen los requisitos del programa.
"Disfunción social en Estados Unidos"
La publicación de Rollins del 1 de diciembre en X fue en respuesta a una publicación de Trump del 28 de noviembre en la que el presidente criticaba el desembolso de prestaciones federales a los inmigrantes.“La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (Censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, proceden de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o cárteles de la droga. Ellos y sus hijos reciben el apoyo de los pagos masivos de los ciudadanos estadounidenses patriotas", escribió Trump.
“Un migrante que gana 30,000 dólares con una tarjeta de residencia obtendrá aproximadamente 50,000 dólares en prestaciones anuales para su familia. La población migrante real es mucho mayor. Esta carga de refugiados es la principal causa de la disfunción social en Estados Unidos".
“A pesar de que hemos progresado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos avances y las condiciones de vida de muchos”.
El presidente dijo que suspendería de forma permanente la inmigración procedente de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se "recupere por completo" y pondría fin a todas las subvenciones y prestaciones federales para los no ciudadanos.
En una publicación similar del 29 de noviembre en X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración estaba trabajando para eliminar las prestaciones federales a los inmigrantes ilegales y preservar estas prestaciones para los ciudadanos estadounidenses.
El Tesoro tiene la intención de publicar una propuesta de normativa en la que se aclare que la parte reembolsada de determinadas prestaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas ya no estará disponible para los inmigrantes ilegales y otros inmigrantes no cualificados.
Estas prestaciones fiscales incluyen el crédito fiscal adicional por hijos, el crédito fiscal por ingresos del trabajo y el crédito fiscal por oportunidad estadounidense, dijo Bessent.
